partir de una denuncia del\u00a0Ministerio de Seguridad<\/b>\u00a0encabezado por\u00a0Patricia Bullrich<\/b>, la justicia federal realiz\u00f3 una decena de\u00a0allanamientos a comedores de movimientos sociales\u00a0y casas de sus referentes<\/b>. Los operativos se realizaron a integrantes del\u00a0Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie<\/b>, en el marco de una causa judicial iniciada por la marcha del 20 de diciembre, es decir cuando se hizo la primera protesta contra el\u00a0gobierno de Milei.\u00a0En una conferencia de prensa, los movimientos denunciaron que los operativos fueron “exageradamente violentos”, incluso en presencia de ni\u00f1os, que algunos se hicieron en la madrugada y que la polic\u00eda se llev\u00f3 cosas que no deb\u00eda, “hasta 25 mil pesos que una compa\u00f1era ten\u00eda para vivir<\/b>“.<\/p>\n
Como en el expediente hay secreto de sumario, la informaci\u00f3n disponible es la que difundi\u00f3 la oficina de Bullrich y las respuestas que en respuesta dieron las abogadas de las organizaciones sociales -que plantean que la causa es medi\u00e1tica, pero carece de sustancia. Sin embargo, se filtraron a los medios una serie de mensajes de WhatsApp de mujeres que ped\u00edan alimentos a encargadas de locales de las organizaciones, y a las que esos alimentos les habr\u00edan sido negados por no asistir a marchas.\u00a0El tema de fondo es si se trat\u00f3 de casos de abusos personales o si se trata de una pr\u00e1ctica utilizada por alguna de las organizaciones cuestionadas.<\/b><\/p>\n El ministerio de Seguridad sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.<\/p>\n Asegur\u00f3 tambi\u00e9n que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los que amenazaron con “darles de baja” el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron “vendidos”. La imputaci\u00f3n incluye cargos por delitos graves, como el de extorsi\u00f3n.<\/p>\n Siempre de acuerdo a lo difundido por Bullrich, las denuncias se hicieron a trav\u00e9s de la L\u00ednea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad.<\/b>\u00a0A trav\u00e9s de esos llamados se lleg\u00f3 a reunir 924 casos de personas que habr\u00edan sido coaccionadas.<\/p>\n En respuesta a lo se\u00f1alado por la ministra de Seguridad, la abogada Rayo Alan\u00eds, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el ministerio hace una campa\u00f1a medi\u00e1tica.\u00a0“Los casos no son novecientos, sino doce, y no est\u00e1n probados”,\u00a0<\/b>asegur\u00f3 la abogada.<\/p>\n Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada por el conjunto de las organizaciones sociales frente al Congreso de la Naci\u00f3n, referentes de todos los movimientos hicieron frente com\u00fan y se\u00f1alaron que la investigaci\u00f3n judicial no tiene sustancia. “Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campa\u00f1a de difamaci\u00f3n para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada”<\/b>, anticiparon.<\/p>\n El expediente est\u00e1 a cargo del juez federal Sebasti\u00e1n Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27\u00a0allanamientos en los que no se realizaron detenciones<\/b>.<\/p>\n La causa cobr\u00f3 impulso en un momento en el que el gobierno de Milei est\u00e1 actuando a fondo para desarmar a las organizaciones sociales:<\/b>\u00a0desde diciembre, no env\u00eda alimentos a sus comedores comunitarios -ayer, un pedido de amparo impulsado por el CELS y la UTEP tuvo un avance, al ser aceptado como un amparo colectivo. Cuando las organizaciones realizan protestas de reclamo los reprime –en abril, la polic\u00eda dispar\u00f3 a la cara de un manifestante, que perdi\u00f3 la visi\u00f3n en un ojo–.<\/p>\n Como parte del mismo proceso, el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello reemplaz\u00f3 el Potenciar Trabajo por programas de tipo asistencial –los emprendimientos productivos que ven\u00edan desarrollando las organizaciones quedaron en la lona– y desfinanci\u00f3 el programa de urbanizaci\u00f3n de barrios populares que generaba trabajo entre los vecinos.\u00a0Estos cambios fueron de la mano de una ofensiva discursiva, que busca instalar la idea de que los movimientos son mafias, manejadas por dirigentes que “hacen dinero con los pobres”<\/b>.<\/p>\n En este sentido, el comunicado de la ministra de Seguridad difundido ayer dice, por ejemplo: \u201cSe desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos il\u00edcitos provenientes de las extorsiones a trav\u00e9s de \u2018cooperativas\u2019, desconoci\u00e9ndose el destino final de ese dinero” . Es decir, que cuestiona la existencia misma de las cooperativas de trabajo.<\/p>\n A pesar del secreto de sumario, los medios publicaron una serie de chats que son parte de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n “Patry, quer\u00eda saber si me toca la mercader\u00eda. Estoy castigada\u201d, se lee en el WhatsApp de una vecina, que habr\u00eda sido sancionada internamente por no ir a una marcha.<\/p>\n La mencionada Patry es autora de un mensaje en el que advierte a un listado de personas que “no van a retirar la mercader\u00eda de Naci\u00f3n porque tienen cero movilizaciones”.<\/p>\n Para la fiscal\u00eda federal, casos como este no fueron una conducta aislada, sino parte de un mecanismo convalidado por referentes de importancia. Por ejemplo, en el caso del Polo Obrero,\u00a0el fiscal imput\u00f3 no s\u00f3lo a mujeres que trabajan en los comedores, sino tambi\u00e9n a dirigentes nacionales -es decir, a referentes que no tienen el manejo diario de lo que pasa en un local-<\/b>.<\/p>\n Carlos Fern\u00e1ndez, del FOL, fue uno de los allanados en su casa de Escobar.\u00a0\u201cVinieron a las cinco de la ma\u00f1ana, rompieron la puerta. En el caso de mi familia, nos tiraron al suelo y nos enca\u00f1onaron. Entraron de noche, cuando mis hijos estaban durmiendo\u201d, cont\u00f3.<\/b><\/p>\n Agreg\u00f3 que fue un operativo \u201cdesmedido, con autos no identificados y con agentes de inteligencia\u201d. Para el referente, los allanamientos tuvieron el objetivo de\u00a0\u201camedrentar a quienes son parte de las organizaciones sociales\u201d.<\/b><\/p>\n A su vez, el titular del Polo Obrero,\u00a0Eduardo Belliboni,<\/b>\u00a0cont\u00f3 que uno de los lugares allanados fue el local central de su organizaci\u00f3n en la Capital Federal, y que los polic\u00edas al ingresar “desconectaron las c\u00e1maras de seguridad” del lugar para no dejar registro de lo que hac\u00edan.<\/p>\n El dirigente del Polo fue consultado en la rueda de prensa sobre si existe extorsi\u00f3n sobre las personas que, yendo a los comedores de su organizaci\u00f3n, no asisten a una marcha. Belliboni lo rechaz\u00f3. Agreg\u00f3 que los movimientos no tienen el poder de decidir la baja de un plan social y que reciben alimentos “a granel” y no dinero.<\/p>\n En nombre de la UTEP habl\u00f3 Alejandro Gramajo. “No tenemos duda de que nuestros compa\u00f1eros son honestos y sacrificados y que cada d\u00eda tratan de construir un pa\u00eds m\u00e1s justo”, declar\u00f3. Como los otros dirigentes, Gramajo inscribi\u00f3 los allanamientos en una operaci\u00f3n medi\u00e1tica que con el tiempo se mostrar\u00e1 insustancial.\u00a0“Esto se inscribe en una pol\u00edtica del gobierno para atacar a todos aquellos que hagan visible que no vino a terminar con la casta, sino a empobrecer al 80 por ciento de la poblaci\u00f3n”.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" partir de una denuncia del\u00a0Ministerio de Seguridad\u00a0encabezado por\u00a0Patricia Bullrich, la justicia federal realiz\u00f3 una decena de\u00a0allanamientos a comedores de movimientos sociales\u00a0y casas de sus referentes. 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