Durante los debates p\u00fablicos por la Ley \u00d3mnibus se mencion\u00f3 muchas veces la\u00a0cuota de pantalla<\/b>\u00a0como una herramienta virtuosa que le permit\u00eda al\u00a0Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)<\/b>\u00a0garantizar un espacio de exhibici\u00f3n para el estreno de pel\u00edculas nacionales en salas comerciales del pa\u00eds<\/b>. Esta medida era implementada a trav\u00e9s de la Ley 17.741 (t.o. 2001 y sus modificatorias): para cumplir con la denominada cuota de pantalla se deb\u00eda proyectar\u00a0una pel\u00edcula nacional por sala, en todas sus funciones y al menos una semana por cada trimestre del a\u00f1o<\/b>. Si esa pel\u00edcula superaba la\u00a0media de continuidad<\/b>\u00a0(la cantidad de espectadores fijada por la norma para ese per\u00edodo de tiempo), entonces deb\u00eda continuar en cartel en esa sala durante una semana m\u00e1s como m\u00ednimo. El\u00a0decreto 662\/2024 publicado ayer en el Bolet\u00edn Oficial<\/b>\u00a0y firmado por el presidente de la Naci\u00f3n Javier Milei, la canciller Diana Mondino y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello termina con una medida muy valorada en el sector.<\/p>\n
En el segundo art\u00edculo del decreto se establece que “el INCAA ser\u00e1 la Autoridad de Aplicaci\u00f3n de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematogr\u00e1fica Nacional N\u00ba 17.741, quedando facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementaci\u00f3n de la Reglamentaci\u00f3n que se aprueba por el presente decreto” y en el anexo se detalla de qu\u00e9 manera se reglamentar\u00e1 esa norma: el cap\u00edtulo III titulado “Cuota de pantalla” establece a trav\u00e9s del art\u00edculo\u00a09\u00ba que “el Presidente del INCAA fijar\u00e1 la cuota de pantalla de pel\u00edculas nacionales de largometraje y cortometraje que deber\u00e1n cumplir las salas<\/b>\u00a0y dem\u00e1s lugares de exhibici\u00f3n del pa\u00eds, pudiendo segmentar la cuota sobre la base de las caracter\u00edsticas de las salas alcanzadas”.<\/p>\n
Esos p\u00e1rrafos entran en\u00a0contradicci\u00f3n\u00a0<\/b>con los considerandos del mismo decreto que pretende “dotar de eficiencia el funcionamiento del citado Organismo y la optimizaci\u00f3n de sus procesos administrativos, as\u00ed como la racionalizaci\u00f3n de sus recursos<\/b>, para el mejor ordenamiento y cumplimiento de sus fines”. En uno de esos \u00edtems se sostiene que “la fijaci\u00f3n de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas, estructura empresarial y de ubicaci\u00f3n de las salas de exhibici\u00f3n”. Sin embargo, en el siguiente p\u00e1rrafo se aclara que “el INCAA, por ser la Autoridad de Aplicaci\u00f3n de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematogr\u00e1fica Nacional, es el organismo que se encuentra capacitado para determinar las cuotas de pantalla y su segmentaci\u00f3n”. En este punto, entonces, cabe preguntarse:\u00a0\u00bfhabr\u00e1 intervenci\u00f3n por parte del Estado o no?<\/b>\u00a0\u00bfEl mercado se autoregula o el Estado vendr\u00e1 a ayudarlo?\u00a0\u00bfQu\u00e9 tipo de coherencia puede existir en una pol\u00edtica cinematogr\u00e1fica que se contradice en el texto de una misma norma jur\u00eddica?<\/b><\/p>\n En el decreto firmado por Milei se consignan tambi\u00e9n varias observaciones sobre el sector que dejan claro cu\u00e1l es el lugar que tiene para el actual gobierno. Por un lado, se se\u00f1ala que en el 2000 el INCAA contaba con una planta de aproximadamente 90 trabajadorxs, mientras que al momento de asumir la presente administraci\u00f3n ese n\u00famero ascend\u00eda a m\u00e1s de 900 bajo diferentes formas de contrataci\u00f3n. Esa aclaraci\u00f3n\u00a0\u2013hecha en un rengl\u00f3n, casi como al pasar\u2013 es uno de los principales ejes de discusi\u00f3n al interior de las dependencias estatales, un debate que suelen traer los sindicatos: la\u00a0precarizaci\u00f3n laboral con contratos tercerizados y una legi\u00f3n de monotributistas en el Estado<\/b>. Pero nada se dice sobre c\u00f3mo solucionar estas cuestiones.<\/p>\n Por otra parte, tambi\u00e9n se insiste con algo que suelen remarcar los funcionarios del gobierno libertario en relaci\u00f3n a cualquier esfera estatal, sobre todo cuando se trata del campo cultural. El decreto advierte que “el aumento desproporcionado de la planta llev\u00f3 a que, en el ejercicio anterior, el 42% de los ingresos se destinaran a sueldos, lo que perjudica directamente el objeto principal del INCAA, es decir, el fomento de la actividad cinematogr\u00e1fica”. Sin embargo,\u00a0tampoco se echa luz sobre qu\u00e9 forma adoptar\u00e1 el fomento de la actividad durante la gesti\u00f3n del actual presidente del Instituto,\u00a0Carlos Pirovano<\/b>.<\/p>\n El decreto se\u00f1ala que “a lo largo de los a\u00f1os se le delegaron al Instituto tareas que ninguna relaci\u00f3n tienen con sus misiones y funciones” \u2013aunque no se aclara cu\u00e1les\u2013 y que tanto el aumento de esas “tareas no relacionadas” como el “incremento exponencial de la planta de empleados” llev\u00f3 a que en 2023 se requirieran “aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por, aproximadamente, $1.900.000.000 para afrontar gastos operativos, incluyendo la realizaci\u00f3n del\u00a0Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur<\/b>“, dos pol\u00edticas que est\u00e1n en riesgo bajo la actual gesti\u00f3n (Ventana Sur, de hecho, ya se mud\u00f3 a Uruguay para la edici\u00f3n 2024).<\/p>\n Tambi\u00e9n\u00a0se habla de una deuda con proveedores por la suma de $700.000.000 y un d\u00e9ficit de\u00a0ejecuci\u00f3n del ejercicio 2023 de\u00a0$2.600.000.000<\/b>. Los n\u00fameros abundan pero, una vez m\u00e1s, nada se dice sobre la\u00a0contrataci\u00f3n de un estudio de abogados externo al Instituto, un acto que desde la Junta Interna de ATE INCAA calificaron como “irregular, fraudulento y millonario<\/b>“: el INCAA cuenta con su propia Gerencia de Asuntos Legales, pero el 15 de mayo el abogado\u00a0Jorge Gustavo Neme\u00a0present\u00f3 a Pirovano sus “servicios profesionales para el asesoramiento y actuaci\u00f3n legal, tanto judicial como extrajudicial” por\u00a0honorarios de $9.000.000 como m\u00ednimo<\/b>. Entre las tareas solicitadas se inclu\u00edan la desvinculaci\u00f3n de empleados contratados, estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de un programa de retiros voluntarios, pase a disponibilidad, asesoramiento laboral cotidiano y asesoramiento en actuaciones judiciales y extrajudiciales iniciadas contra el INCAA. La\u00a0pol\u00edtica de despidos y desmantelamiento<\/b>\u00a0tambi\u00e9n tiene un costo elevado y eso no fue comunicado con tanta transparencia a la sociedad.<\/p>\n El decreto<\/b>\u00a0incluye muchas cifras pero, a la hora de establecer qu\u00e9 car\u00e1cter tendr\u00e1 su pol\u00edtica de fomento,\u00a0hace agua y resulta bastante ambiguo<\/b>. Se dice que el sistema de subsidios del INCAA es “obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros pa\u00edses” y, por ello, debe ser “modificado, modernizado y dotado de eficiencia”. Tambi\u00e9n determina que debe priorizarse el fomento a la industria teniendo en cuenta\u00a0“la calidad y posibilidades de exhibici\u00f3n, audiencia y recuperaci\u00f3n de los fondos otorgados, por sobre preferencias ideol\u00f3gicas”<\/b>\u00a0(quiz\u00e1s uno de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos) y, en esa l\u00ednea, establece que la promoci\u00f3n del cine nacional se debe encarar promoviendo\u00a0“producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el p\u00fablico general, y no imponiendo obligaciones de exhibici\u00f3n por parte de las salas”<\/b>. Esas l\u00edneas son algo as\u00ed como el\u00a0certificado de defunci\u00f3n del esp\u00edritu que ten\u00eda la cuota de pantalla<\/b>\u00a0a la hora de establecer alg\u00fan equilibrio entre los tanques nacionales e internacionales (con todos los espacios de exhibici\u00f3n a su disposici\u00f3n) y las producciones locales a las que muchas veces les cuesta encontrar su p\u00fablico en salas.<\/p>\n Finalmente, el decreto tambi\u00e9n prev\u00e9 una\u00a0“profunda reestructuraci\u00f3n a nivel operativo, de estructuras y de personal<\/b>, que requerir\u00e1 un proceso de un a\u00f1o hasta lograr limitar el gasto que no sea de fomento del cine” y sostiene que “es necesario implementar un sistema que garantice que seis representantes de las organizaciones del quehacer cinematogr\u00e1fico que integran el Consejo Asesor del mencionado Instituto representen fielmente a quienes tienen intervenci\u00f3n activa en la referida tem\u00e1tica”. Por lo tanto, es posible que vengan m\u00e1s modificaciones con el mismo criterio:\u00a0darle v\u00eda libre al mercado y a las grandes producciones, y limitar cada vez m\u00e1s el espacio para pel\u00edculas medianas y peque\u00f1as\u00a0<\/b>donde muchas veces se encuentran las voces m\u00e1s distintivas, un sello de autor, tramas que est\u00e1n por fuera de los relatos m\u00e1s estandarizados, historias valiosas que fortalecen la soberan\u00eda audiovisual del pa\u00eds y consolidan nuestra identidad cultural.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante los debates p\u00fablicos por la Ley \u00d3mnibus se mencion\u00f3 muchas veces la\u00a0cuota de pantalla\u00a0como una herramienta virtuosa que le permit\u00eda al\u00a0Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)\u00a0garantizar un espacio de exhibici\u00f3n para el estreno de pel\u00edculas nacionales en salas comerciales del pa\u00eds. Esta medida era implementada a trav\u00e9s de la Ley 17.741 (t.o. 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