La ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, cumpli\u00f3 con la amenaza y present\u00f3 una denuncia contra la\u00a0jueza Karina Andrade<\/b>\u00a0por los delitos\u00a0prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento, por su actuaci\u00f3n en la liberaci\u00f3n de los 114 detenidos por las fuerzas federales y la Polic\u00eda de la Ciudad durante la marcha de los jubilados del mi\u00e9rcoles pasado. La demada, en la que el Gobierno sostiene que la jueza tom\u00f3 una decisi\u00f3n “pol\u00edtica”, fue sorteada y qued\u00f3 en manos de la jueza federal Mar\u00eda Servini, quien tambi\u00e9n tiene bajo su \u00f3rbita\u00a0denuncias contra Bullrich\u00a0por privaciones ilegales de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad contra los manifestantes.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n fue hecha por\u00a0Fernando Soto –abogado de\u00a0Luis Chocobar\u00a0y director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios-<\/b>– y apunta contra el desempe\u00f1o de Andrade acus\u00e1ndola por ordenar la liberaci\u00f3n de 114 detenidos sin haber esperado los tiempos que el C\u00f3digo Procesal Penal de la Ciudad estipula bajo la figura de “flagrancia”, que deja en manos de la fiscal\u00eda la acusaci\u00f3n y tiempos para la presentaci\u00f3n de pruebas antes de la liberaci\u00f3n de los detenidos.<\/p>\n
Bullrich hab\u00eda anticipado la denuncia contra Andrade y se hab\u00edan dejado correr versiones sobre una supuesta afiliaci\u00f3n de la magistrada a La C\u00e1mpora –algo que no figura en la denuncia presentada hoy–, por lo que la jueza ya se hab\u00eda defendido p\u00fablicamente negando tener afilaci\u00f3n pol\u00edtica y subrayando que\u00a0su decisi\u00f3n ponder\u00f3 el derecho a la protesta por sobre las actuaciones bajo la figura de flagrancia, que habilitaban sostener las detenciones a pesar de la falta de pruebas para sostener las acusaciones contra los detenidos.\u00a0<\/b><\/p>\n
La presentaci\u00f3n del Ministerio se\u00f1ala que Andrade aceler\u00f3 los tiempos procesales informando las actuaciones a trav\u00e9s de un grupo de Whatsapp\u00a0<\/b>y no esper\u00f3 que la fiscal\u00eda sumara pruebas, sin mencionar otra fuente probatoria que las filmaciones y declaraciones de las propias fuerzas federales. La denuncia sostiene su propia interpretaci\u00f3n sobre los hechos al indicar que la decisi\u00f3n de la jueza estuvo “basada en pura ideolog\u00eda”.<\/p>\nContra el derecho a la protesta<\/h2>\n
La demanda menciona como “argumentaci\u00f3n filos\u00f3fica” la ponderaci\u00f3n de Andrade sobre el derecho a la protesta<\/b>, e indica que de esa manera legitim\u00f3 el “actuar delictivo de los imputados”. Para insistir en la supuesta intencionalidad “pol\u00edtica” de la decisi\u00f3n de la jueza, la presentaci\u00f3n de Bullrich repite su versi\u00f3n de los hechos respecto de que la marcha de jubilados fue “organizada por diversas agrupaciones” con consignas que “avizoraban el ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de ‘barras bravas'”.<\/p>\n
En el escrito, la cartera de Seguridad argumenta que “los hechos ocurridos en la Plaza de los dos Congresos el 12 de marzo de 2025, ampliamente cubiertos por todos los medios de comunicaci\u00f3n, invitan a cualquier letrado a considerar que no puede descartarse una organizaci\u00f3n tendiente a provocar los graves des\u00f3rdenes para poner en crisis el orden constitucional”.\u00a0<\/b><\/p>\n
Por lo que cuestiona que\u00a0“no pueden a priori enmarcarse en un regular y leg\u00edtimo derecho a manifestar”.\u00a0<\/b>“Tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes p\u00fablicos no son formas legitimas de ‘reclamar’ y, por el contrario, son constitutivas de delito”, apunta.<\/p>\n
El texto insiste en que hubo personas munidas con “instrumentos contundentes” y “armas blancas”\u00a0<\/b>y que ten\u00edan el objetivo de “generar ‘represi\u00f3n'”,\u00a0 que fueron ejecutados por grupos de “Barras Brava”, que buscaban “impedir a las Fuerzas de Seguridad el libre ejercicio de sus facultades legales”. Con esa intenci\u00f3n, la demanda aporta los nombres y antecendentes penales de 14 de los 114 detenidos, pero sin relacionarlos con “barras bravas”, aunque s\u00ed para exigir la Ley de “Reiterencia”.<\/p>\n
Otro punto de la acusaci\u00f3n, sobre el que la jueza Andrade mencion\u00f3 p\u00fablicamente pero no ajust\u00f3 en su fallo, califica de “absoluta y totalmente falso” que no exist\u00eda lugares para la detenci\u00f3n.\u00a0“Exist\u00edan lugares disponibles en la Alcaid\u00eda de ‘Madariaga’ de la Polic\u00eda Federal Argentina y tambi\u00e9n en alcaid\u00edas del Servicio Penitenciario Federal”<\/b>, sostiene la demanda del Ministerio de Seguridad.<\/p>\n
A pesar de las acusaciones hechas por Bullrich que apuntan a la decisi\u00f3n de la jueza, que desautoriz\u00f3 el operativo de seguridad, Andrade en su resoluci\u00f3n –citada en la demanda del Ministerio– no dio por cerrada la investigaci\u00f3n sino que ponder\u00f3 el derecho a la protesta y desestim\u00f3 la detenci\u00f3n por flagrancia, al tiempo que advirti\u00f3 que el derecho a protestar y manifestar “se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.\u00a0\u00a0La decisi\u00f3n de avanzar en la investigaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n de Andrade quedar\u00e1 ahora en manos de Servini.\u00a0<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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