“Cada d\u00eda sin ley es una terapia menos”<\/b>, se lee en la cartulina que Santiago levanta desde la Plaza del Congreso, bien cerca del cord\u00f3n de gendarmes y prefectos. Santiago es psic\u00f3logo, est\u00e1 cursando el doctorado en discapacidad y es uno de los fundadores del centro de d\u00eda PASIL, con sede en Quilmes, al que dirige junto a un grupo de 20 colegas suyos. A su alrededor hay centenares de profesionales que como \u00e9l no llegan a fin de mes. “Ser\u00e1 que somos todos cad\u00e1veres”, ironiza sobre\u00a0la frase que solt\u00f3 el Presidente desde la Fundaci\u00f3n Faro la noche del lunes,\u00a0luego de vetar la ley de Emergencia en Discapacidad.<\/b>\u00a0No pas\u00f3 m\u00e1s de un d\u00eda desde el decreto y,\u00a0como muchas veces este a\u00f1o, las familias del colectivo y las instituciones de apoyo volvieron a salir a la calle. Los carteles, las consignas y los reclamos son los mismos desde diciembre pasado:\u00a0el valor de las prestaciones en salud, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n ya lleva congelado ocho meses y contando.<\/b>\u00a0Una maestra integradora, por ejemplo, est\u00e1 cobrando 300 mil pesos mensuales por 4 horas de trabajo diario, explica Santiago.\u00a0La ley\u00a0que hab\u00eda sancionado el Congreso,\u00a0con ampl\u00edsimo consenso en ambas c\u00e1maras, revert\u00eda en parte esa situaci\u00f3n, con aumentos de emergencia y actualizaciones de haberes de acuerdo a la inflaci\u00f3n.<\/p>\n
“El veto es la traducci\u00f3n, en un decreto, de la falta de escucha de todo el Gobierno hacia nuestros reclamos”<\/b>, dice Santiago, y explica que mand\u00f3 “cartas y recontracartas” al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS),\u00a0Diego Spagnouolo –un ex abogado de Javier Milei sin experiencia ni formaci\u00f3n en el \u00e1rea– en las que describe la situaci\u00f3n de su fundaci\u00f3n. “Nunca tuvimos respuesta, ni ahora ni antes”, dice. “Esta marcha, protestar en la calle, es la \u00faltima instancia que nos queda”, insiste Santiago. Y agrega que producto de la emergencia se le hace muy cuesta arriba mantener las terapias que brindan, que incluyen rehabilitaci\u00f3n, talleres de m\u00fasica y apoyo e integraci\u00f3n escolar para unos 40 j\u00f3venes con discapacidad mental y trastornos del espectro autista (TEA).\u00a0“Los que terminan pagando todo son ellos, porque baja la calidad de los servicios. Es como si el Gobierno negara su existencia”<\/b>.<\/p>\n
Durante la marcha hubo forcejeos con la Gendarmer\u00eda, que intent\u00f3 impedir el corte sobre Sol\u00eds utilizando sus escudos y empujando a los manifestantes. Lo desproporcionado del operativo qued\u00f3 en evidencia cuando algunas de las personas que estaban sobre la calzada jugaban con burbujas de jab\u00f3n mientras los polic\u00edas, armados, circulaban entre la gente. Los gendarmes se terminaron yendo, repudiados.<\/p>\n
Vetar el veto<\/b><\/p>\n
Con un costo fiscal del 0,03 por ciento del PBI para este a\u00f1o seg\u00fan la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley de Emergencia propon\u00eda un bono compensatorio para los profesionales en discapacidad de 100 mil pesos en mano. Tambi\u00e9n aseguraba que el valor de la hora de servicio, que se establece a trav\u00e9s de un “nomenclador” que fija el Estado –y que luego pagan las obras sociales, inclu\u00eddas las estatales como Incluir Salud, PAMI o el IOMA– se actualice en base al IPC de inflaci\u00f3n. El proyecto contemplaba adem\u00e1s echar por tierra las restricciones al acceso a la pensi\u00f3n por “invalidez”, con un gasto adicional de entre el 0,22 y el 0,42 por ciento del PBI. Los apoyos para los talleres protegidos eran a\u00fan menos costosos: se solucionaba con apenas $7.160 millones, el 0,0008 por ciento del PBI de este a\u00f1o. Milei, pese a todo, vet\u00f3 todo de un plumazo, con el argumento siempre a mano del “equilibrio fiscal inquebrantable”, frase que incluso est\u00e1 citada textualmente en los considerandos del decreto 534\/2025 que oficializa la medida.<\/p>\n
La ley obtuvo un amplio consenso en ambas c\u00e1maras. La media sanci\u00f3n super\u00f3 los dos tercios, con 143 votos afirmativos contra 71 negativos y 3 abstenciones; mientras que el Senado la aprob\u00f3 definitivamente un mes m\u00e1s tarde por unanimidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra y cero abstenciones. Esa amplitud –la ley fue votada por legisladores cercanos al Gobierno, incluso de la UCR y el PRO– impulsa a los m\u00e1s entusiastas a forzar el rechazo en el parlamento. “Esperamos un gesto de los diputados”, le dijo Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoci\u00f3n y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las organizaciones que impuls\u00f3 la ley.<\/p>\n
La oposici\u00f3n, pese a los esfuerzos, todav\u00eda est\u00e1 lejos de los dos tercios necesarios. Seg\u00fan pudo averiguar este diario, algunos de los legisladores cercanos al Gobierno que votaron a favor de la ley esperan un gesto de la Rosada para no tener que votar tambi\u00e9n el rechazo a la decisi\u00f3n presidencial. Lo que esperan es que, pese al veto, desde la ANDIS convoquen a reuni\u00f3n de directorio y se abra una mesa de negociaci\u00f3n con los prestadores para un aumento, al menos, del valor de nomenclador. Eso les dar\u00eda argumentos para no rechazar el veto. Por ahora, desde Balcarce 50 no quieren dar el brazo a torcer.<\/p>\n
Molero, que es parte del directorio de ANDIS en representaci\u00f3n de las organizaciones de la sociedad civil, lo dice sin rodeos: “Spagnuolo no contesta los mensajes ni los llamados”. El titular del organismo no convoca a una reuni\u00f3n de directorio para actualizar los haberes de los profesionales de septiembre de 2024.<\/p>\n
*Andrea lleg\u00f3 a la Plaza acompa\u00f1ada por su hijo Lucio, que tiene TEA. Lucio se atiende en el centro LISAM, de Villa Martelli. All\u00ed hace talleres, terapias que lo acompa\u00f1an en integraci\u00f3n. Hace unos meses, la cosa se empez\u00f3 a complicar. Entre los padres hacen rifas para ayudar econ\u00f3micamente a la instituci\u00f3n. Hay algunas de las terapias que le cubre la obra social y otras que no, que paga de su propio bolsillo. “Nos estamos endeudando para poder seguir con los tratamientos”, cuenta.<\/p>\n
*Betiana y Ricardo trabajan como integradores escolares en el Centro de D\u00eda de la ONG Norte, con base en Tigre. Cuentan que, desde la emergencia, est\u00e1n perdiendo personal: se quedaron si profe de musicoterapia y tuvieron que reemplazar a varios profesionales, que se fueron para buscar otros trabajos. “Eso cuesta mucho, porque hay que empezar de cero en la formaci\u00f3n y se rompe el v\u00ednculo humano”, cuentan. Si bien sab\u00edan que “pod\u00eda pasar”, cuando se enteraron del veto sintieron “indignaci\u00f3n”.<\/p>\n
*Jacqueline lleg\u00f3 desde Lomas de Zamora con su hijo Felipe, de 9 a\u00f1os, que tiene TEA. La terapeuta de Felipe cobra 300 mil pesos por mes. “Tuvo que dejar de venir todos los d\u00edas, porque necesita otros ingresos”, cuenta, y agrega que, para ayudarla, le paga el colectivo ida y vuelta de su propio bolsillo. La plata la saca de la Asignaci\u00f3n Universal por Discapacidad, que est\u00e1 clavada en 265 mil pesos desde principios de a\u00f1o.<\/p>\n
*Gustavo es director del centro “Mi Lugar”, en Ciudadela. Trabaja en discapacidad desde hace 31 a\u00f1os. “Este es el peor momento que recuerdo”, dice. Al centro acuden 41 j\u00f3venes y adultos por d\u00eda. Cuenta que mientras tiene congelado el ingreso por obra social, le aumentan los impuestos, que dej\u00f3 de pagar, y el precio de los alimentos que les sirve. Ahora se mantiene con donaciones de otras fundaciones. “Esto nos va a terminar matando”, dice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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