El Gobierno parece sumido en un estado de desconcierto total. El presidente Javier Milei insisti\u00f3 con la hip\u00f3tesis del espionaje ruso, venezolano, boliviano y de la AFA y tuite\u00f3 que hay “esp\u00edas que se disfrazan de ‘periodistas'”, pero en su c\u00edrculo cercano ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de d\u00f3nde fue grabada Karina Milei. \u00bfEn la Casa Rosada? \u00bfEn la C\u00e1mara de Diputados? \u00bfEn ambos? El discurso oficial est\u00e1 cuanto menos descoordinado en el intento de disimular la interna libertaria y el involucramiento en tramas de corrupci\u00f3n a d\u00edas de las elecciones bonaerenses.\u00a0En Comodoro Py, el fiscal Carlos Stornelli le sigui\u00f3 la corriente a la denuncia de supuesto espionaje que present\u00f3 el Ministerio de Seguridad e impuls\u00f3 una investigaci\u00f3n.\u00a0<\/b>Aunque no avanz\u00f3 con el allanamiento a periodistas (algo que ser\u00eda un esc\u00e1ndalo),\u00a0pidi\u00f3 informaci\u00f3n sobre Carnaval Stream y el portal Data Clave, que difundieron los audios sobre coimas.<\/b>\u00a0No s\u00f3lo “cumpli\u00f3” con el oficialismo sino que parece querer empiojar la investigaci\u00f3n sobre esos presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya que dice que no se limitar\u00e1 a los audios de la secretaria general de la presidencia ya que la presentaci\u00f3n judicial habla de una “operaci\u00f3n” que incluye “grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario p\u00fablico”, en evidente alusi\u00f3n a Diego Spagnuolo.<\/p>\nLa causa de las coimas avanza<\/b><\/h2>\n
Un asunto central es que la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodr\u00edguez, comenz\u00f3 a analizar una enorme cantidad de facturas de Andis y de la droguer\u00eda Suizo Argentina. El organismo del Ministerio P\u00fablico Fiscal particip\u00f3 en los allanamientos pedidos por el fiscal Franco Picardi, que encabeza la investigaci\u00f3n, donde se llevaron 16 cajas de documentaci\u00f3n. Hay varias cuestiones en estudio: posibles sobreprecios en compras de medicamentos y otras contrataciones, su posible direccionamiento y junto con todo eso presuntos pagos ilegales. Por eso, como inform\u00f3 este diario, la fiscal\u00eda dict\u00f3 medidas que apuntan al an\u00e1lisis patrimonial y movimientos de fondos, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se espera el resultado del an\u00e1lisis de los celulares y otros dispositivos tanto de Spagnuolo como de la familia Kovalivker –due\u00f1a de la empresa bajo sospecha– y de Daniel Garbellini, que era director de Acceso a los Servicios de Salud, desde donde manejaba el programa Incluir Salud, desde donde se adquieren medicamentos para personas con discapacidad sin cobertura m\u00e9dica.\u00a0Garbellini ocup\u00f3 cargos en distintas administraciones macristas. La informaci\u00f3n de su celular ser\u00eda extra\u00edda este jueves por la\u00a0Direcci\u00f3n General de Investigaciones y Apoyo Tecnol\u00f3gico a la Investigaci\u00f3n Penal (DATIP), una dependencia del\u00a0Ministerio P\u00fablico fiscal.\u00a0<\/b><\/p>\n La denuncia que hizo Ministerio de Seguridad como parte de la estrategia desarticulada del Gobierno para cambiar el foco de la informaci\u00f3n, cay\u00f3 en manos del fiscal Stornelli y el juez Juli\u00e1n Ercolini. El primero, tuvo listo en menos de veinticuatro horas un documento de cuatro p\u00e1ginas donde respalda en buena medida el texto del gobierno. Aunque aclar\u00f3, contra el pedido de la cartera de Bullrich, que “no podr\u00e1 hurgar en las fuentes de alg\u00fan periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice”, porque es lo que establece “el mandato constitucional”. Eso incluye, aclar\u00f3 “la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente…”. Esto es porque el planteo ped\u00eda allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que difundieron las grabaciones, as\u00ed como las instalaciones de\u00a0Carnaval.\u00a0<\/i>Extend\u00eda el pedido a la vivienda del due\u00f1o, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, a quien defin\u00eda como la “mano derecha de Claudio Tapia, opositor declarado del gobierno nacional”. Mencionaba tambi\u00e9n al abogado Franco Bindi a quien describ\u00eda como “ligado a agentes inorg\u00e1nicos de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para boicotear el espacio pol\u00edtico que le permiti\u00f3 acceder a su banca\u201d.<\/p>\n Luego, Stornelli hace su propia s\u00edntesis de las 20 p\u00e1ginas presentadas por el gobierno y las traduce traduce como un pedido para investigar una “organizaci\u00f3n criminal” que habr\u00eda hecho “espionaje ilegal” y as\u00ed grab\u00f3 a\u00a0 Karina Milei “en conversaciones y\/o comunicaciones privadas”, luego editadas y difundidas “con el prop\u00f3sito de desacreditar la imagen del gobierno en ejercicio influyendo ileg\u00edtimamente en la opini\u00f3n p\u00fablica e instalando posibles falsas acusaciones…”, para “desestabilizar los principales indicadores de la pol\u00edtica econ\u00f3mica” e\u00a0 “influenciar en el proceso electoral…” a lo que agrega un supuesto “\u00e1nimo destituyente” “que la instrucci\u00f3n procurar\u00e1 develar” (se refiere a la investigaci\u00f3n que har\u00e1) “ya que, a decir del denunciante, ‘lo ocurrido formar\u00eda parte de una trama m\u00e1s amplia, que involucra a la oposici\u00f3n kirchnerista en una campa\u00f1a de desinformaci\u00f3n para derrocar al gobierno'”.<\/p>\n “Podemos afirmar –dice el fiscal– que la maniobra que ser\u00e1 objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados a Karina Milei sino en la g\u00e9nesis de la operaci\u00f3n que encuentra su puntapi\u00e9 inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuada sobre otro entonces funcionario p\u00fablico”. De esa manera abre la puerta para meter en la bolsa de esta causa judicial lo que sea, e incluso para embarrar la que est\u00e1 en manos de Picardi y el juez Sebasti\u00e1n Casanello, que trabajan esencialmente sobre el relato que surge de los audios que se atribuyen a Spagnuolo, que parecen di\u00e1logos en un lugar p\u00fablico, como un bar, donde da detalles la trama de sobornos y compras privilegiada a la droguer\u00eda Suizo Argentina. La familia Kovalivker hizo un plante para invalidar los audios, ya para eso tramita un incidente separado. Pero las medidas de investigaci\u00f3n apuntan a recoger prueba en forma independiente de esas grabaciones. Aun as\u00ed, hay doctrina que aplicar\u00eda a este caso en particular sobre el uso, por caso, de c\u00e1maras ocultas, que las considera v\u00e1lidas.<\/p>\n El foco de la denuncia, que firma Fernando Soto, mano derecha de la ministra Bullrich, son los grabaciones de la hermana del presidente, que seg\u00fan qui\u00e9n del oficialismo hable fueron en la Casa Rosada o en la C\u00e1mara de Diputados, o ambas. Hacen una menci\u00f3n –como dice el fiscal– a una supuesta grav\u00edsima trama de amplio espectro para poder meter el asunto Spagnuolo, pero sin nombrarlo. Bullrich sali\u00f3 este martes a la noche a insistir con la teor\u00eda de la operaci\u00f3n de espionaje “comandada por el kirchnerismo”, cuando todo parece indica que el origen de las grabaciones podr\u00eda ser alg\u00fan libertario a quien el extituar de Andis le\u00a0 ten\u00eda confianza y le cont\u00f3 lo que suced\u00eda, lo que no le exime de su posible participaci\u00f3n. Lo que sucede es una foto de la interna libertaria pero lo que le importa a la gente de a pie es el robo en el \u00e1rea de Discapacidad donde para colmo el gobierno pasa la motosierra hasta con cierto goce.<\/p>\n Lo que no recogi\u00f3 Stornelli, al menos por ahora, son las referencias a esp\u00edas rusos y a Venezuela. La embajada de Rusia en Argentina expres\u00f3 su malestar: “Lamentamos observar que en el contexto de otro esc\u00e1ndalo pol\u00edtico interno de gran repercusi\u00f3n medi\u00e1tica nuestro pa\u00eds vuelva a ser mencionado de forma negativa”.<\/p>\n Entre las medidas que le propuso Stornelli a Ercolini, por m\u00e1s que diga que no har\u00e1 allanamientos para no cometer una violaci\u00f3n constitucional, es evidente el hostigamiento hacia el canal de streaming Carnaval y el programa Data Clave. Este \u00faltimo es adem\u00e1s un sitio web de noticias. El fiscal pidi\u00f3 que “se requiera al ENACOM que informe respecto de toda licencia, habilitaci\u00f3n –si la hubiera– y contratos de transmisi\u00f3n vinculados a Carnaval Stream”; “se requiera a la Inspecci\u00f3n General de Justicia la remisi\u00f3n de la copia de los legajos societarios completos vinculados a la o las personas jur\u00eddicas vinculadas” a Carnaval y al portal Data Clave” y que se levante el secreto fiscal para que ARCA proporcione tambi\u00e9n informaci\u00f3n sobre facturaci\u00f3n, contratos publicitarios, declaraciones impositivas\u00a0 y n\u00f3mina de personal”. Otro punto impactante es que quiere que la C\u00e1mara Electoral y la Direcci\u00f3n Nacional Electoral informen” si “existen gatos de campa\u00f1a declarados en relaci\u00f3n” con Carnaval y Data Clave. Es una forma de pedir que se informe si alg\u00fan partido pol\u00edtico paga como campa\u00f1a para sostener la teor\u00eda del complot electoral y la maniobra “del kirchnerismo”, que plante el escrito de Soto, a quien Stornelli pide citar como testigo. El fiscal invoca delitos que van desde asociaci\u00f3n il\u00edcita hasta violaci\u00f3n a la ley de inteligencia.<\/p>\n La ofensiva para silenciar periodistas y perseguir periodistas para tapar las coimas la inici\u00f3 el propio gobierno no solo con la denuncia de Seguridad del lunes, que tambi\u00e9n ped\u00eda que se proh\u00edba la difusi\u00f3n de los audios de Karina, sino con el pedido que hizo ella misma de una medida cautelar que el juez en lo civil y comercial (que tiene ocho denuncias, la mayor\u00eda por abuso laboral y sexual) Alejandro Maraniello le concedi\u00f3. Expreso acto de censura, el magistrado hizo una prohibici\u00f3n gen\u00e9rica de la difusi\u00f3n de las grabaciones, bajo la suposici\u00f3n de que lesionan el honor, la intimidad y la seguridad nacional, entre otras cosas. Una legi\u00f3n de constitucionalistas y especialistas explicaron hasta el cansancio\u00a0que no hay ninguna posibilidad de restringir\u00a0 la libertad de expresi\u00f3n cuando lo que sea que se haya manifestado se refiere a un funcionario p\u00fablico o a cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico. Si alguien quiere\u00a0 hacer una demanda, en todo caso tendr\u00eda que ser posterior, nunca previa. Entidades de periodistas y abogados repudiaron la decisi\u00f3n de Maraniello.<\/p>\n Carnaval Stream apel\u00f3, y seg\u00fan el constitucionalista Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez, el efecto de esa presentaci\u00f3n ser\u00eda que –al responder por la difusi\u00f3n de los audios– eso liberar\u00eda al resto de los medios o plataformas para dar a conocer grabaciones. Por otro lado, como el Presidente de la C\u00e1mara de Diputados, Mart\u00edn Menem, tuite\u00f3 que las conversaciones (o no se entiende si parte de ellos, difundidos en Uruguay este martes) “en caso de ser reales” fueron registradas en la Presidencia de la C\u00e1mara de Diputados, queda la pregunta sobre qu\u00e9 pasa con la medida cautelar que se refiere a di\u00e1logos que seg\u00fan el Gobierno se produjeron en la Casa Rosada. La diputada Lilia Lemoine se subi\u00f3 al libreto de Milei para equiparar al quienes mostraron los audios de las coimas con esp\u00edas y dijo desear que publiquen m\u00e1s “as\u00ed van presos”. Obviamente no habla de los presuntos sobornos, sino de Karina, cuyos audios no dicen nada relevante penalmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno parece sumido en un estado de desconcierto total. 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