Jorge Rafael Videla<\/b>\u00a0sol\u00eda decir que la \u00faltima dictadura fue, en \u00faltima instancia, una\u00a0\u201cguerra de inteligencia\u201d<\/b>. La definici\u00f3n del dictador revelaba el car\u00e1cter fundamental que jug\u00f3 el aparato de espionaje para determinar qui\u00e9nes ser\u00edan los blancos de la represi\u00f3n y cu\u00e1l ser\u00eda su destino. La inteligencia se retroalimentaba con lo que suced\u00eda en los campos de concentraci\u00f3n. A lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas, la aparici\u00f3n de algunos archivos mostr\u00f3 que hab\u00eda\u00a0registros sobre las v\u00edctimas del terrorismo\u00a0<\/b>de Estado, aunque se presume que muchos de ellos permanecen en poder de los perpetradores y no lograron ser hallados por distintos gobiernos democr\u00e1ticos. Una serie de presentaciones del abogado Pablo Llonto\u00a0relanza en la justicia federal, a poco de cumplirse 50 a\u00f1os del golpe, una b\u00fasqueda para saber qu\u00e9 pas\u00f3 con los documentos en poder de las Fuerzas Armadas.<\/b><\/p>\n
\u201cCon el fin de determinar el destino de cada v\u00edctima (desaparecido o asesinado por los grupos de tareas de la Fuerza A\u00e9rea y\/o por el accionar de otras fuerzas) es necesario que el Juzgado determine qu\u00e9 ocurri\u00f3 con la importante cantidad de material documental que durante el per\u00edodo 1976-1983 la inteligencia de la Fuerza A\u00e9rea recopil\u00f3 de propia mano y que obtuvo gracias a la tortura llevada adelante por los integrantes de los grupos de tareas, por la infiltraci\u00f3n o por el seguimiento, de distintas maneras, de militantes, familiares y toda aquella persona a quienes consideraban \u2018enemiga\u2019 o \u2018sospechosa\u2019. Solo el hallazgo de esos documentos podr\u00e1 ayudar a la definitiva determinaci\u00f3n del lugar de cautiverio de cada secuestrado, el destino final de cada secuestrado, los datos de los integrantes (militares, policiales y civiles) de los grupos de tareas y sus responsables jer\u00e1rquicos en la Fuerza A\u00e9rea\u201d, dice la presentaci\u00f3n a la que tuvo acceso\u00a0P\u00e1gina\/12<\/b>\u00a0y que fue radicada antes del inicio de la feria.<\/p>\n
Llonto ya ha planteado en distintas instancias pedidos para que se investigue qu\u00e9 pas\u00f3 con los archivos de la Armada y, fundamentalmente, del Ej\u00e9rcito (por su rol coordinador en la represi\u00f3n), que puedan tener las respuestas que desde hace tanto esperan los familiares de los detenidos-desaparecidos.<\/p>\n
En los \u00faltimos meses de la dictadura, el r\u00e9gimen se ocup\u00f3 de borrar los rastros de sus cr\u00edmenes. En octubre de 1983, el dictador Reynaldo Benito Bignone firm\u00f3 el decreto 2726\/83, que \u201cdaba de baja\u201d las constancias de antecedentes de personas que hab\u00edan estado privadas de su libertad. Era un eufemismo para garantizar la destrucci\u00f3n de la documentaci\u00f3n. En noviembre de ese a\u00f1o, Cristino Nicolaides, en su car\u00e1cter de comandante del Ej\u00e9rcito, orden\u00f3 incinerar todos los archivos.<\/p>\n
Sin embargo, distintos testimonios sostienen que esa informaci\u00f3n hab\u00eda sido microfilmada. Algunos hechos dan cuenta de que los papeles segu\u00edan en poder de las fuerzas o de algunos de sus integrantes hasta bien entrada la democracia.<\/p>\n
Orestes Vaello, un suboficial del Ej\u00e9rcito que prest\u00f3 funciones en el Batall\u00f3n de Inteligencia 601, se present\u00f3 a declarar ante la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas (Conadep) con unos papeles que ordenaban los secuestros de determinados \u201cblancos\u201d, que no eran m\u00e1s que los\u00a0estudiantes secundarios de la Noche de los L\u00e1pices<\/b>. Las \u00f3rdenes, originadas en el propio Batall\u00f3n de Inteligencia 601 y enviadas al servicio de inteligencia de la polic\u00eda bonaerense, dec\u00edan que el grado de peligrosidad era \u201cm\u00ednimo\u201d.<\/p>\n
Los papeles aportados por Vaello sirvieron para probar tempranamente que el\u00a0Batall\u00f3n 601 funcion\u00f3 como un cerebro de la represi\u00f3n, generando distintos impulsos sobre otros cuerpos que se ocupaban de ejecutar sus directivas.\u00a0<\/b>Dentro del Batall\u00f3n funcionaron distintos grupos de tareas enfocados en la persecuci\u00f3n de diferentes sectores militantes. La propia Conadep public\u00f3 en su informe\u00a0Nunca M\u00e1s<\/i>\u00a0que el Batall\u00f3n de Inteligencia ten\u00eda una secci\u00f3n llamada Registro y Archivo.<\/p>\n
Llonto sostiene que\u00a0los archivos de inteligencia del Ej\u00e9rcito podr\u00edan haber sido ocultados o robados.\u00a0<\/b>Por ejemplo, cita lo que declar\u00f3 Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en el juicio por los secuestros y desapariciones que sufrieron los integrantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva. All\u00ed, Segado cont\u00f3 que en los a\u00f1os 90 se hab\u00eda incendiado, de manera curiosa, parte del s\u00e9ptimo piso del Edificio Libertador despu\u00e9s de que un juez ordenara preservar el lugar ante la hip\u00f3tesis de que existieran archivos de la represi\u00f3n. En el s\u00e9ptimo piso funcionaba la inteligencia del Ej\u00e9rcito.<\/p>\n
Un expersonal civil de inteligencia (PCI) declar\u00f3 en el juzgado federal de San Mart\u00edn que en el s\u00e9ptimo piso tambi\u00e9n hab\u00eda informaci\u00f3n sobre los organismos de derechos humanos que denunciaban los cr\u00edmenes de la dictadura. \u201cVi que ten\u00edan datos de las Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini; de los del CELS\u201d, dijo.<\/p>\n
En 1997, se conocieron interrogatorios a los que fue sometido Rafael Perrotta, el exdirector de\u00a0El Cronista Comercial<\/i>\u00a0secuestrado veinte a\u00f1os antes. Mar\u00eda Seoane escribi\u00f3 que detr\u00e1s de ese hallazgo revoloteaba la figura de\u00a0Juan Bautista \u201cTata\u201d Yofre \u2014jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)\u2014<\/b>. Yofre declar\u00f3 como testigo en el juicio que se hizo por el secuestro de Perrotta. Cuando le preguntaron c\u00f3mo ten\u00eda acceso a los archivos con los que nutri\u00f3 muchos de sus libros \u2014considerados fuentes fundamentales por el actual Gobierno para entender lo sucedido en los a\u00f1os 70\u2014, contest\u00f3: \u201cCaminando la calle, no hay un lugar. Cada persona que ha pasado por la administraci\u00f3n p\u00fablica en alg\u00fan momento de la vida se lleva un retazo a su casa\u201d.<\/p>\n
La primera denuncia que radic\u00f3 Llonto en esta l\u00ednea fue para saber qu\u00e9 hab\u00eda pasado con los archivos de la Armada. El abogado mostr\u00f3 que, bien entrada la democracia, la Marina ten\u00eda informaci\u00f3n sobre distintas v\u00edctimas que hab\u00edan pasado por el campo de concentraci\u00f3n de la Armada (ESMA) y la envi\u00f3 al juzgado que investigaba el secuestro de Heinrich Metz, ejecutivo de Mercedes-Benz, ocurrido en 1975.<\/p>\n
El 18 de agosto de 1986, el vicealmirante Ram\u00f3n Arosa \u2014jefe del Estado Mayor de la Armada\u2014 mand\u00f3 la documentaci\u00f3n con sello de \u201csecreto\u201d al juzgado federal de San Isidro. Algunas de las fichas daban cuenta de que los seguimientos a los sobrevivientes de la ESMA continuaban incluso en democracia, ya que en el caso de una exdetenida-desaparecida se reportaba en 1985 que estaba en el pa\u00eds.<\/p>\n
Llonto tambi\u00e9n provey\u00f3 material bien gr\u00e1fico: una foto, tomada por Enrique Shore, de cuando la Conadep recorri\u00f3 la ESMA en la que se ve\u00eda que exist\u00eda un archivo dentro de lo que hab\u00eda sido el campo de concentraci\u00f3n.<\/p>\n
A partir de esa presentaci\u00f3n de Llonto, el juez Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, abri\u00f3 un legajo reservado para investigar el tema. En la pr\u00e1ctica, la investigaci\u00f3n qued\u00f3 en manos del fiscal Eduardo Taiano, que no mostr\u00f3 demasiado \u00edmpetu en la pesquisa.<\/p>\n
Desde el Juzgado Federal 12 le preguntaron al Ministerio de Defensa si los equipos de relevamiento y an\u00e1lisis documental (ERyA), creados en 2010 para colaborar con las investigaciones por delitos de lesa humanidad, hab\u00edan tenido posibilidad de ver archivos como los que hab\u00eda mandado Arosa en 1986. La consulta se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.<\/p>\n
Los integrantes de los ERyA fueron a revisar el Archivo General de la Armada (AGA), ubicado en la calle Bol\u00edvar al 1600. Se trata de un edificio con un dep\u00f3sito de cuatro pisos donde hay informaci\u00f3n de la fuerza. En ese momento, detectaron un cuarto con documentaci\u00f3n secreta remitida desde distintas unidades de la Armada y que tendr\u00eda informaci\u00f3n sobre la dictadura. No hab\u00eda inventario ni bases de datos de lo que estaba all\u00ed almacenado, por lo que tuvieron que relevar m\u00e1s de 600 cajas. En ese relevamiento no encontraron fichas de antecedentes de civiles como las que hab\u00eda mandado Arosa.<\/p>\n
A partir de ese trabajo, desde el ERyA informaron al juzgado que no hab\u00edan tenido acceso a los archivos en poder del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), del Comando de Operaciones Navales ni de la Asesor\u00eda Jur\u00eddica del Estado Mayor de la Armada.<\/p>\n
Los ERyA trabajaban con la documentaci\u00f3n burocr\u00e1tica en poder de las Fuerzas Armadas, como legajos o libros de unidades militares. Desde su creaci\u00f3n durante el gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, hicieron aportes en m\u00e1s de 100 causas. En marzo de 2024, Luis Petri decidi\u00f3 eliminarlos bajo la excusa de que \u201ccarpeteaban\u201d a los militares. Pese al pedido de 36 fiscales para que revisara su decisi\u00f3n, el entonces ministro de Defensa se mantuvo firme.<\/p>\n
En realidad, quien hizo escuela a la hora de eliminar el grupo de relevamiento que funcionaba en el Ministerio de Seguridad fue Patricia Bullrich durante la gesti\u00f3n de Cambiemos. Ese equipo, creado tambi\u00e9n por impulso de Nilda Garr\u00e9, aport\u00f3 informaci\u00f3n clave sobre polic\u00edas que participaron en operativos o se infiltraron para producir ca\u00eddas. Tambi\u00e9n remiti\u00f3 archivos de la Prefectura que permitieron probar los vuelos de la muerte.<\/p>\n
Durante la gesti\u00f3n de Cristina Caama\u00f1o como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se inici\u00f3 un programa de relevamiento de los archivos de la SIDE. Tanto Caama\u00f1o como sus sucesores, Agust\u00edn Rossi y Ana Clara Alberdi, enviaron documentaci\u00f3n valiosa a la justicia que daba cuenta del accionar de la SIDE durante la dictadura, surgida del an\u00e1lisis de organigramas, legajos y sumarios.<\/p>\n
El 24 de marzo pasado, Manuel Adorni anunci\u00f3 que, por decisi\u00f3n de Javier Milei, se desclasificar\u00eda la documentaci\u00f3n en poder de la SIDE. Desde entonces, nada se supo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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