El Juzgado Civil y Comercial N\u00ba 2 de Goya dict\u00f3 la sentencia el 4 de febrero de 2026 e hizo lugar en su totalidad a la demanda promovida por el cliente.<\/p>\n
El caso se origin\u00f3 a partir de una transferencia de U$S 3.000, realizada el 26 de febrero de 2025 a las 8:41, desde la cuenta del actor hacia un tercero. El demandante sostuvo que no efectu\u00f3 ni autoriz\u00f3 esa operaci\u00f3n y que fue v\u00edctima de un acceso indebido a su cuenta, por lo que reclam\u00f3 la restituci\u00f3n del dinero y una indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os sufridos.<\/p>\n
En su contestaci\u00f3n, la entidad financiera neg\u00f3 responsabilidad y aleg\u00f3 que la operaci\u00f3n hab\u00eda sido validada con las credenciales correspondientes, atribuyendo el hecho a un posible malware en el dispositivo del usuario. Sin embargo, durante el proceso no se produjo la pericia inform\u00e1tica prevista como prueba com\u00fan, ni se acompa\u00f1\u00f3 documentaci\u00f3n que hab\u00eda sido intimada al banco.<\/p>\n
El juzgado encuadr\u00f3 el caso en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, destacando el deber de seguridad que pesa sobre las entidades financieras en la prestaci\u00f3n de servicios digitales.<\/p>\n
La sentencia: responsabilidad por incumplimiento del deber de seguridad<\/p>\n
Al analizar la prueba, el Juez en lo Civil y Comercial N\u00b0 2 de Goya, doctor Gabriel Guillermo Saade, aplic\u00f3 el criterio de las cargas probatorias din\u00e1micas, se\u00f1alando que correspond\u00eda a la entidad demandada acreditar la ruptura del nexo causal o la culpa del consumidor.<\/p>\n
En ese sentido, el magistrado concluy\u00f3 que el banco no logr\u00f3 demostrar los extremos invocados en su defensa y sostuvo expresamente:<\/p>\n
\u201cNo ha logrado probar la demandada la falta de autor\u00eda de la transferencia ni que la causa del da\u00f1o le haya sido ajena, debiendo soportar las consecuencias de su omisi\u00f3n probatoria\u201d.<\/p>\n
Asimismo, remarc\u00f3 que la falta de producci\u00f3n de la pericia inform\u00e1tica y la ausencia de la documental requerida jugaron en contra de la postura defensiva, en el marco de una relaci\u00f3n de consumo donde el proveedor cuenta con mayores recursos t\u00e9cnicos y probatorios.<\/p>\n
En consecuencia, la sentencia resolvi\u00f3; admitir totalmente la demanda y condenar al banco a abonar: U$S 3.000, con un inter\u00e9s anual del 5% desde el 26 de febrero de 2025. Adem\u00e1s, el banco deber\u00e1 abonar una indemnizaci\u00f3n en pesos en concepto de da\u00f1o moral y punitivo con intereses a la tasa activa del Banco Naci\u00f3n.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el da\u00f1o punitivo, el juez valor\u00f3 la conducta posterior al hecho y la falta de respuesta adecuada al reclamo del consumidor, entendiendo que ello justificaba la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.<\/p>\n
De este modo, el fallo reafirma el deber de seguridad que pesa sobre las entidades financieras en operaciones electr\u00f3nicas y la especial tutela que el ordenamiento jur\u00eddico reconoce a los usuarios en el marco de las relaciones de consumo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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