El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b011<\/b> declar\u00f3 la inconstitucionalidad del decreto 759\/2025, con que el presidente Javier Milei sac\u00f3 para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y orden\u00f3, una vez m\u00e1s, que el Gobierno gire los fondos a las casas de estudio<\/p>\n
Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo hab\u00eda promulgado la ley, pero al mismo tiempo suspendi\u00f3 su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso.<\/p>\n
Al momento de suspender la aplicaci\u00f3n, el Gobierno se bas\u00f3 en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley N\u00b024.629, redactado en consonancia con el art\u00edculo 38\u00b0 de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera, el cual sostiene que \u201ctoda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento\u201d.<\/p>\n
En un fallo de 50 hojas, el juez federal Mart\u00edn Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y declar\u00f3 la inconstitucionalidad del Decreto 759\/2025<\/b> con el que Milei hab\u00eda promulgado la Ley N\u00b027.795 (Financiamiento Universitario) y suspendido su aplicaci\u00f3n<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 el magistrado, y contrario a lo que sostiene el Gobierno de Milei, \u201cla propia Ley N\u00b027.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su art\u00edculo 9\u00b0, sobre c\u00f3mo financiar lo establecido en la Ley”.<\/b><\/p>\n
\u201cEn este sentido, asignar una mayor jerarqu\u00eda a dos art\u00edculos sancionados en leyes pasadas -en donde se prev\u00e9 una especificaci\u00f3n presupuestaria concreta-, respecto de una ley m\u00e1s reciente, presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones, como en su insistencia posterior, desconocen el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo\u201d, indic\u00f3 el juez.<\/p>\n
\u201cSin embargo, un an\u00e1lisis m\u00e1s razonable de las tres leyes es que, habiendo analizado leyes previas, el Poder Legislativo, en su primera aprobaci\u00f3n como en su insistencia, entendi\u00f3 como cumplidos los recaudos del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley N\u00b024.629 con el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley N\u00b027.795<\/b>\u2033, se\u00f1al\u00f3 Cormick.<\/p>\n
Por lo tanto, \u201cel Decreto 759\/25 no supera un test m\u00ednimo de razonabilidad<\/b>, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicaci\u00f3n de un art\u00edculo de una ley anterior, la aplicaci\u00f3n de una ley en donde el Congreso insisti\u00f3 con las mayor\u00edas agravadas requeridas\u201d<\/b>, insisti\u00f3 el magistrado.<\/p>\nLey de Financiamiento Universitario<\/h2>\n
El Congreso de la Naci\u00f3n aprob\u00f3 la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo a\u00f1o el Poder Ejecutivo observ\u00f3 en su totalidad el proyecto de ley mediante el Decreto 647\/25.<\/p>\n
Luego, tanto la C\u00e1mara de Diputados como el Senado confirmaron la iniciativa parlamentaria con dos tercios de los votos<\/b>, por lo que el proyecto se convirti\u00f3 en ley, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 83\u00b0 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n
En un acto que fue cuestionado por varios expertos en materia jur\u00eddica, el 20 de octubre de 2025 el Gobierno promulg\u00f3 mediante el Decreto 759\/25 la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiendo su aplicaci\u00f3n<\/b>, bas\u00e1ndose \u201cen lo dispuesto por el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley N\u00b024.629\u201d, que \u201cdispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario, queda suspendida su ejecuci\u00f3n hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional\u201d.<\/p>\n
En consecuencia, el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una acci\u00f3n de amparo colectiva con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759\/2025<\/b> y, por el otro, que se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.<\/p>\n
El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick dict\u00f3 una medida cautelar<\/b> -mientras se analizaba la cuesti\u00f3n de fondo, que finalmente se resolvi\u00f3 este martes-, mediante la cual se declar\u00f3 \u201cinaplicable el segmento suspensivo del Decreto (de Milei), ordenando a cumplir de modo inmediato los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0\u201c de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias<\/b>.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del juez fue confirmada por la Sala III de la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.<\/p>\n
Como el Gobierno segu\u00eda sin cumplir, en septiembre de 2026 el juez intim\u00f3 en dos oportunidades al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar, hasta que finalmente este martes resolvi\u00f3 sobre la cuesti\u00f3n de fondo, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759\/2025 y ordenando al Gobierno de Javier Milei a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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