Fiel al discurso negacionista del presidente Javier Milei y de defensa de la dictadura militar de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el nuevo Ministerio de Justicia dejó en el camino la denominación “de Derechos Humanos”.
El primer gobierno que la había incluido fue el de Fernando de la Rúa, en 1999, a través de una modificación de la Ley de Ministerios que rigió hasta la presidencia de Carlos Menem. El primer ministro a cargo de esa área fue el exjuez Ricardo Gil Lavedra, a quien un año después le siguió Jorge de la Rúa, hermano del expresidente.
Luego siguió de esa manera durante las administraciones de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Estos dos últimos (entre 2003 y 2015) revalorizaron el área de Derechos Humanos dándole un protagonismo que no había tenido hasta entonces.
El trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tuvo una labor de tal magnitud que la política argentina en esa materia recobró el respeto internacional que se había sembrado durante el Juicio a las Juntas (durante el gobierno de Raúl Alfonsín) y los posteriores enjuiciamientos por delitos de lesa humanidad a genocidas, represores y saqueadores de la última dictadura cívico militar.
Ni durante el gobierno de Mauricio Macri, férreo opositor a las organizaciones de derechos humanos -a las que había descalificado con el término “curro”-, se había cambiado el nombre de ese ministerio. Durante esos años estuvo a cargo de Germán Garavano, mientras que la Secretaría de Derechos humanos la ocupó el ahora negacionista Claudio Avruj.
Hubo varias administraciones en las que se le adicionó también las áreas/denominaciones de Seguridad y de Defensa, pero siempre mantuvo a “Derechos Humanos”.
A pesar de la dimensión de esa dimensión que recategorizaba el compromiso de la Argentina con los organismos de derecho internacional, tras 24 años el Ministerio de Justicia volvió a llamarse así, a secas.
La ausencia de esta política en el nombre de esa cartera mantiene la duda de cuál será la órbita en que quedará la Secretaría de Derechos Humanos, interlocutora entre el Poder Ejecutivo y los organismos nacionales e internacionales, que suelen ser el blanco de los ataques de la vicepresidenta Victoria Villaruel, defensora de los condenados por delitos de lesa humanidad y férrea defensora de la Teoría de los Dos Demonios.
Posiblemente, una vez que se dé a conocer cómo quedó conformado el organigrama del Ministerio de Justicia, se pueda saber el destino de esa secretaría de Estado que, según la reforma de la Ley de Ministerios, la cartera tiene entre sus funciones “entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos”.
