La estrategia de Javier Milei fue impasible y despertó la furia de los gobernadores. Asfixiados por la falta de recursos, la mayoría espera con urgencia que el Presidente cumpla con el compromiso que asumió semanas atrás en Casa Rosada: revertir el Impuesto a las Ganancias para mejorar las recaudaciones provinciales. A contramano, y en sintonía con la consigna es “todo o nada”, Milei no está dispuesto a avanzar con esa reforma hasta que se apruebe el inmenso paquete de medidas que envió al Congreso. “No nos vamos a dejar extorsionar”, respondió indignado Ricardo Quintela. El riojano manifestó en público lo que Juntos por el Cambio denuncia en privado; que el oficialismo está aprovechando la acuciante situación financiera de las provincias para forzar respaldos legislativos.
El principal reproche de los dirigentes cambiemitas es que no hay interlocución entre los gobernadores y la Casa Rosada. Aseguran que están dispuestos a acompañar muchos de los artículos de la Ley ómnibus, pero cuestionan no haber tenido participación en el diseño de las medidas. “Tira los temas sin generar un consenso previo. Vamos detrás de su agenda”, explican en el entorno de un gobernador radical. El enojo refiere a que Milei les exige que respalden a libro cerrado el megaDNU y el inabarcable proyecto legislativo en tiempo récord y sin haberlo debatido.
De fondo está la discusión por el financiamiento de las provincias. El Gobierno cerró el grifo de las transferencias del Tesoro y agrandó el agujero fiscal de las cuentas públicas locales. Para compensar los desequilibrios, los mandatarios ofrecieron una propuesta que era coparticipar el Impuesto al Cheque. El proyecto elaborado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tenía el respaldo de todos los espacio políticos, pero fue vetado por el ministro de Economía, Luis Caputo, por considerar que ponía en riesgo la meta de déficit fiscal cero que estableció en su programa de ajuste.
Como contraoferta, Milei se comprometió a hacerse cargo de una medida antipopular: retrotraer los cambios que Sergio Massa impulsó en Ganancias en 2023 y que el mismo Presidente votó cuando era diputado nacional. Sin embargo, tiempo después Milei armó un relato en donde fueron los gobernadores los que le pidieron la reversión del Impuesto que por el momento está cajoneado en el Congreso. “Faltó a su palabra, nos amenaza y encima ahora quiere que nosotros pongamos la cara”, dicen en Juntos por el Cambio.
En Casa Rosada niegan que sea así y que se haya cortado el diálogo con los ejecutivos provinciales. El encargado de acercar posiciones y sumar voluntades es el ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy apuntado como responsable de la falta de acuerdos. En el entorno de Francos, destacan que fue el organizador de la cumbre en Casa Rosada en donde hubo asistencia perfecta y que mantiene contactos fluidos con todos. “Conversó el fin de semana con Rolando Figueroa (Neuquén). Se reunió con Maximiliano Pullaro (Santa Fé) y Martín Llaryora (Córdoba) hace unos días y mañana tiene un encuentro con Nacho Torres (Chubut)”, enumeran. Sin embargo, todos dudan de que sea un interlocutor con poder de decisión e indican que los que definen el rumbo son el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Caputo, que tiene bajo su órbita las transferencias discrecionales. “Las provincias no reciben nada. Al Ministro que tiene relación política con los gobernadores le han quitado la facultad de poder disponer de los aportes del tesoro nacional y creo que hay una sola provincia que se ha beneficiado, que es la provincia de Córdoba con 3 mil millones de pesos“, ejemplificó Ricardo Quintela.
En paralelo, el Gobierno tiene otros frentes abiertos. Hay un conjunto de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, que se oponen a los cambios en Ganancias. “No sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores y por eso seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación”, señalaron tras la reunión en Casa Rosada a mediados de diciembre. El mismo planteo hacieron los patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Nacho Torres, que ayer manifestaron un nuevo punto de conflicto. Junto a Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) rechazaron las distintas modificaciones relativas a la actividad pesquera que se incorporaron a la ley ómnibus. “Afectan gravemente a la economía nacional y al desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”, indicaron en un comunicado.
