El Gobierno redujo los topes salariales a partir de los cuales se dejan de percibir las asignaciones familiares. El límite de ingresos a nivel individual bajó de casi 2 millones de pesos a algo más de 1 millón de pesos por mes. Por encima de esa cifra, el trabajador no puede acceder al beneficio. Con la dinámica inflacionaria vigente, esto implica que una vez que se vayan cerrando aumentos en paritarias, una porción de trabajadores medios y medios-altos afrontarán una caída en su salario de bolsillo.
La decisión está amparada en la vigencia del DNU 70, que “declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, dice el Gobierno.
Así justifica el salto por arriba del Congreso: “La particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo adopta la presente medida con carácter excepcional”. El Decreto agrega que “el país atraviesa una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.
Más ajuste
El Decreto 194/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual. En concreto, se reducen los topes que regían para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, de 1.980.000 a 1.077.403 pesos el límite de ingresos a nivel individual y de 3.960.000 pesos a 2.154.806 pesos el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual.
La fuerte rebaja del tope implica que mucha gente dejará de recibir el beneficio, al quedar por arriba del salario máximo previsto para cobrarlo. Es un recorte nominal en medio de una explosión de precios que tiene su contrapartida (aunque en mucho menor medida) en las negociaciones salariales.
En marzo del año pasado, la anterior administración había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares al igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema de Asignaciones Familiares. Con la fuerte suba del mínimo no imponible que se aplicó en la campaña electoral, también se elevaron los máximos previstos para cobrar las asignaciones familiares. La última actualización de tope se había dado a principios de diciembre, apenas antes de que asuma Javier Milei.
Las asignaciones familiares se cobran por parte de los trabajadores registrados que tengan hijos menores de 18 años, así como también la ayuda escolar anual, que recientemente subió a 70 mil pesos (pero ahora la van a cobrar menos personas). El tope ahora rebajado también juega para definir el cobro de prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal. No se modifica la situación para las asignaciones por hijo con discapacidad. Las asignaciones son decrecientes a medida que sube el escalón salarial, siempre dentro del techo previsto.
Con la suba de las jubilaciones prevista para el mes que viene en un 27,18 por ciento, el beneficio de la prestación por hijo para los trabajadores registrados irá desde unos 26 mil pesos hasta 5526 pesos, de forma decreciente a medida que sube el salario bruto. Como se mueven igual que los haberes jubilatorios pero sin contar los bonos, a su vez estos montos vienen perdiendo por goleada ante la inflación. De ahora en más, la actualización del tope se hará de acuerdo al movimiento de jubilaciones y pensiones.
La baja del techo salarial para cobrar las asignaciones familiares no es una medida aislada, sino que forma parte de un set de políticas de ingresos en donde también aparece la caída en términos reales de las jubilaciones (a pesar de los bonos), el deterioro del salario mínimo y de los planes sociales.
En el caso de los jubilados, “es el segmento etario con menos pobreza”, justificó Milei; en el caso de los más pobres, se arreglarán como pueden, y en el caso de la clase media, tendrá que apelar a vender los dólares guardados en el colchón. Por el contrario, las grandes empresas se lanzan a la carrera para aprovechar las ventajas desregulatorias y las oportunidades para hacerse de recursos naturales exportables.
