Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), volvieron a las protesta luego del retraso en el cumplimiento de una resolución judicial por parte del Poder Ejecutivo Provincial, aseguran que desde el Fiscalía de Estado utilizan “chicanas judiciales y administrativas” para no normalizar la situación salarial de todos los trabajadores del organismo.
Los trabajadores y trabajadoras del ICAA, salieron esperanzados luego del encuentro del con gobernador Gustavo Valdés; la solución parecía estar encaminada luego que este conociera la resolución de la jueza administrativa N°2 María Belén Güemes. Sin embargo no es así.
Luego del encuentro con el primer mandatario, este los derivó al fiscal de Estado Horacio Ortega, quien en una primera reunión pidió los antecedentes de los trabajadores, que ya tenía en sus manos desde hace tiempo, pues sigue el tema de cerca, y posteriormente suspendió dos encuentros para avanzar sobre el tema con los trabajadores.
Los y las empleadas del ICAA quieren una solución integral de la cuestión, no solamente de las personas que avanzaron a través de la Justicia y además quieren que los beneficios alcancen a los jubilados del organismo.
“El administrador general del ICAA Mario Salvia, nos quitó el plus y no aplica el escalafón” denuncian los empleados del organismo provincial, además aseguraron “al Gobierno Provincial no le creemos más, por que solo utilizan chicanas administrativas y judiciales, para dilatar el tema y no buscan una solución de fondo”.
Hoy los trabajadores continuaron con el paro que lleva 42 días, además cortaron el transito y marcharon hasta la sede del Ministerio de la Producción.
Resolución Judicial
El fallo dictado por la jueza Administrativa N°2 María Belén Güemes, obliga al Estado Provincial y a los funcionarios a cumplir en 15 días. La resolución esta basada en el nuevo Código Procesal Administrativo, y además advierte a los funcionarios sobre los alcances del indica en artículos 128, 129 y 130, en este último se indica que “Los funcionarios a quienes se mande cumplir la sentencia son solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular cumplimiento, aun cuando posteriormente cesen en sus funciones”.
Se trata del segundo dictamen judicial que hace lugar a lo peticionado por parte de los empleados y empleadas del ICAA.
