Las jubilaciones quedaron muy retrasadas respecto de la suba de precios, en especial luego del salto inflacionario de diciembre de 2023. Desde entonces el Gobierno y los partidos de la oposición se debaten sobre la modificación de la fórmula de ajuste previsional más una compensación para los adultos mayores por el shock de precios en enero. La semana pasada Diputados aprobó un proyecto con votos de casi todo el arco opositor y el presidente Javier Milei amenazó con vetarlo: su aplicación conseguiría un aumento de 41,2 por ciento del haber mínimo en junio según cálculos de la Undav.
Luego del crecimiento exponencial de la inflación desde diciembre de 2023, las jubilaciones quedaron por detrás del aumento de precios. Los últimos datos al mes de abril mostraron un incremento interanual del haber mínimo del 192 por ciento contra 289,4 por ciento de suba de precios, según la comparación que realiza el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Con la fórmula de movilidad actualmente vigente, en junio de este año el haber mínimo incluyendo el bono será de 276.931 pesos, lo que representa una caída interanual de 15 por ciento en términos reales, según dicha casa de estudios.
Asimismo, el informe advierte que “en el primer trimestre del año la jubilación mínima se mantuvo siempre por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) por adulto que mide el Indec, incluyendo el bono refuerzo”. En promedio, la mínima con el refuerzo fue 21 por ciento inferior que el costo de la CBT en los tres primeros meses del año, mientras en abril fue un 10 por ciento inferior.
De allí, se considera valioso el proyecto que modifica la fórmula actual, pues establece que como mínimo la jubilación debe equiparar la CBT. “Bajo el nuevo régimen, la jubilación mínima en junio aumentará 41,2 por ciento, pasando de 206.931 a 291.133 pesos, sin considerar el refuerzo”, sostiene la Undav. Esto implicaría fortalecer la base remunerativa de las jubilaciones y superar el costo de la CBT, que en abril fue de 268.012 pesos.
Debate parlamentario
El martes pasado, el Gobierno recibió un duro golpe de la Cámara baja del Congreso, pues la oposición aunada entre Unión por la Patria, referentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica aprobó un proyecto de ley para aumentar las jubilaciones y modificar la fórmula de movilidad. La nueva reforma previsional fue aprobada con 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones; entre ellas las de los cinco miembros de izquierda, y el rechazo provino de La Libertad Avanza y el PRO.
De repetirse este consenso entre las fuerzas políticas en el Senado, la reforma sería sancionada sin problemas y el presidente Milei prometió vetarla. La propuesta aprobada por Diputados sostiene que las jubilaciones ajustarán por la inflación de dos meses atrás, en línea con lo dispuesto por el decreto presidencial 274/24, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50 por ciento por variación salarial (según el Ripte). A la vez, establece que el haber mínimo tendrá como piso lo equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total medida por Indec. Por último, conserva la idea de reponer a los adultos mayores por la pérdida inflacionaria en el primer mes del año, de modo que suma 8,1 por ciento al incremento por única vez del 12,5 por ciento establecido en el DNU, que entraría en vigencia en julio.
Otro punto clave en las negociaciones dentro de la oposición fue el compromiso de pago a las cajas provinciales, pues Unión por la Patria rechazó la propuesta alentada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de cancelarlos con la liquidación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses. Por el contrario, dispusieron comprometer algunas asignaciones específicas que Anses recibe provenientes del Impuesto al cheque, el Impuesto PAÍS y el IVA. Este punto era importante como resguardo, puesto que en enero el presidente congeló los fondos destinados a las cajas previsionales provinciales.
La nueva compensación del 20,6 por ciento para jubilados supone incrementar el gasto previsional en 0,41 puntos del PIB, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
