Después del incendio del auto de Cadena 3 el día de la movilización contra la Ley Bases, la Policía Federal detuvo a dos jóvenes que intentaron llevarse cables quemados que arrancaron del tablero de lo que quedaba del vehículo calcinado. Estuvieron unas horas detenidos y se les abrió una causa penal por tentativa de robo en el fuero penal ordinario. La rapidez ni el interés para que se conociera vida y obra de estos pibes no existió, sin embargo, para investigar a quienes volcaron y prendieron fuego al coche. La última resolución de la jueza María Servini –que interviene en el expediente sobre las detenciones producto de la represión alrededor del Congreso– dice que “la quema de un rodado” es uno de los “sucesos acontecidos” que “no se encuentra en conocimiento del juzgado a mi cargo”. La pregunta es: ¿Alguien investiga este hecho que usó el gobierno para alimentar el discurso de que los manifestantes eran grupos terroristas y golpistas?
El párrafo de Servini sobre la quema del vehículo aparece como al pasar en el tramo final del fallo donde dicta la falta de mérito de 28 de los 33 detenidos el día de la protesta, el miércoles 12 de junio. Es la resolución que deja en evidencia las detenciones al voleo y las declaraciones contradictorias o los silencios de la policía que las efectuó, como mostró Página/12. La jueza dice en el texto que el caso del incendio “se encontraría judicializado en la justicia ordinaria” y que se trató de una “circunstancia reproducida por medios periodísticos”.
El gran bonete
Este diario buscó armar el rompecabezas y la situación es la siguiente: Lo único que hay en el fuero criminal y correccional ordinario es una causa contra los jóvenes que quisieron llevarse los cables. El caso está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y participa la fiscalía de Santiago Vismara, como subrogante. Funcionarios judiciales cercanos a Servini, señalaron a Página/12 que en realidad la pesquisa sobre el auto de Cadena 3 está a cargo de ella misma, solo que –según afirma su resolución– no tiene demasiada información.
Por otro carril, la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que es a la que convocó la magistrada como auxiliar de su investigación, se presentó más de una vez ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar imágenes que toman las cámaras cuyos registros recibe el Centro de Monitoreo Urbano. El jefe de gobierno porteño Jorge Macri se jactó de haber colaborado con aportes de videos a que el fiscal Carlos Stornelli sostuviera su mega acusación contra los detenidos, a quienes imputó delitos como intimidación, incitación a la violencia, lesiones, atentado a la autoridad entre otros, hasta figuras graves contra el orden constitucional y terrorismo. Pero por ahora no aparecen precisiones sobre el auto incendiado. A ninguna de las 33 personas capturadas se les atribuyó ese hecho.
En el juzgado de Servini agregan que encargaron un peritaje para que se haga una identificación biométrica del nutrido grupo que protagoniza la violenta escena con el vehículo de la radio, aunque dan por hecho que va a demorar. En la Policía de la Ciudad dicen que entregaron todas las imágenes a la Policía Federal: “Todo el material está en poder de la PFA”. Se supone que la jueza le encomendó a esa fuerza que analice las 100 horas de filmaciones que en el fallo señaló que recibió.
Como es obvio por los posteos de la Oficina del Presidente y lo que dijo Javier Milei después, el gobierno nacional es parte interesada y que investigue la PFA, que depende de la ministra Patricia Bullrich, no sería una señal de independencia. “Violencia no: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada –dijo en una entrevista el mandatario, una de las frases con más loop de los últimos tiempos, vaciada de sentido–. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de eso, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos”.
En relación a la acusación por sedición y golpe de Estado que planteó el gobierno y de la que se hizo eco Stornelli, la jueza Servini dijo en una entrevista con la radio El Destape en la tarde del viernes, que “cada uno evalúa la situación como mejor le conviene o como la ve”. Agregó después que si creyera que hubo delitos de esa gravedad “hubiera actuado distinto”. “Uno puede diferir con el fiscal”, remarcó.
Testigos e imágenes
Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 que utilizaba el vehículo vandalizado para su trabajo, no fue citado todavía a dar testimonio aunque es público que vio toda la escena y la contó públicamente. Los atacantes, dijo, “estaban todos con la cara tapada los que dieron vuelta el auto. Tenían palos y gomeras. Algunas personas piedras. Después quedó un hombre ahí que estaba en cuero, saltaba, con la cara destapada, cuando estaba el auto en llamas. “Lo dieron vuelta, le pusieron un cartón y tenían un bidón de nafta para prenderlo fuego. Tenían todos la cara tapada, pero no tenían nada que los identifique con una agrupación. Estaban entremezclados”, había contado ya.
La posible existencia de infiltrados la denunció ese mismo día, desde el recinto donde se votaría la Ley Bases, la senadora Juliana Di Tulio (Unión por la Patria), cuando comentó al momento de su exposición que no era “normal lo que sucedió en la calle”. Se solidarizó con la gente que se fue “expresar en paz” contra la norma. “La ministra Patricia Bullrich que necesita siempre infiltrados o desmadres para justificar la represión…”, advirtió. El periodista Raúl Kollmann describió lo sucedido y cómo funcionó ese mecanismo.
En la web de la radio Cadena 3 fue publicado un video donde se ve la secuencia del incendio con claridad. Era un grupo numeroso que se acerca alocadamente al vehículo (Morales contó que lo habían hecho bajar a la fuerza), con caras difíciles de identificar por estar ocultas. Ningún policía o agente corre a poner freno a lo que estaba sucediendo ni los detiene después, tampoco aparecen bomberos para mitigar las llamas. Así lo confirmó Agustín Hartridge, un trabajador judicial que declaró ante Servini por lo que había presenciado en la plaza del Congreso. “No apareció nadie a apagar el incendio del auto y menos a evitarlo”, insistió en diálogo con este diario.
“Pude observar cuando se prendió fuego el auto de Cadena 3 alrededor de las 16.30 y 17 horas. En medio de estos disturbios donde no sé que fuerza arrojó gases lacrimógenos a aproximadamente 100 metros de distancia, me dirigí a la esquina de Solís. En ese momento observo que un grupo de al menos seis personas encapuchadas o con la cara completamente cubierta o semiabierta imposible de identificar comienzan a intentar voltear el vehículo”, dice parte de la declaración de Hartridge. “A eso se suman –continúa– otras personas también con la cara cubierta que lo logran voltear en forma inmediata y lo prenden fuego en menos de dos segundos. En el acto yo les grité que el auto parecía de un trabajador y no me dieron pelota. El grupo ese vino con un objetivo claro a lo que actuaron rápidamente y se retiraron en forma dispersa…”.
“No está esclarecido”
“Eso no está esclarecido hasta el día de hoy. La policía le dio intervención por dos detenidos a un juez de instrucción”, dijo la jueza Servini en sus declaraciones radiales cuando le preguntaron puntualmente por la quema del vehículo. No quedó claro si investigará infiltrados: “lo vamos a tener cuando terminemos de ver todo”. Argumentó que la tarea es difícil por la cantidad horas de filmación. “Un solo video tenía quince horas”, detalló.
La causa judicial contra los dos jóvenes que intentaron robar los cables del auto de Cadena 3 quedó en la justicia nacional porque no tenían ni surgió –al menos hasta ahora– su vinculación con el incendio ni el grupo que lo provocó. El propio juzgado de Servini pidió que la mandaran a ese fuero, según consta en el expedientes. La denuncia la hizo el periodista de Morales, quien filmó a los dos pibes en acción: llegaron en un auto Chevrolet Classic color gris, con la patente dada vuelta, estacionaron al lado del que estaba incinerado, pero ya sin fuego. Se metieron adentro arrancaron cables que en realidad estaban quemados.
Se llaman Dylan Gómez y Lucas Balsamo, tienen 25 años, viven en Isidro Casanova y no tienen antecedentes penales. Dijeron a la policía que son vendedores ambulantes. En el baúl tenían una parrilla, lo que hizo suponer a los investigadores que habían estado vendiendo choripanes en la movilización y después aprovecharon la situación. Estuvieron detenidos algunas horas y fueron liberados. Todavía no se les tomó indagatoria por la tentativa de robo ni tienen fecha fijada todavía, aunque sería la semana que viene.
Según una nota publicada en Clarín parece que el máximo interés de Stornelli ahora apunta a señalar lo que supone pudo ser “un operativo coordinado entre dirigentes del kirchnerismo y la izquierda para impedir la sesión”. O sea, ahora que la jueza dictó 28 faltas de mérito y quedan cinco detenciones donde tampoco se argumentan los peligros procesales, el fiscal quiere insistir con su teoría absurda del gobierno de un hecho organizado, cuando lo que estuvo a la vista fue una movilización que Bullrich rompió con represión antes de que ser convirtiera en una foto masiva. “No es información que salga del sumario”, dijo la jueza cuando le preguntaron por la teoría de Stornelli. Servini dijo, además, que el operativo con tres fuerzas federales fue “desordenado” y que pidió todos los nombres de los agentes para analizar el papel que tuvo cada uno. Todo está por verse.
