El Gobierno busca otro favor del radicalismo en el Senado para dilatar aún más el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Ahora, sus funcionarios intentan negociar con la bancada de la UCR modificaciones a la media sanción de Diputados –-que recibió el respaldo de 160 votos del grueso del arco opositor— para achicar el impacto fiscal de la iniciativa que apenas propone reponer el recorte del 8,1 por ciento que el presidente Javier Milei podó a las jubilados y pensionados sobre la inflación de enero. Hace apenas una semana atrás, los bloques colaboracionistas (UCR, PRO y partidos provinciales) se alinearon con los deseos de la Casa Rosada y bloquearon en la Cámara alta el intento de Unión por la Patria de tratar la iniciativa sobre tablas en el recinto, con la promesa de un “pronto tratamiento” en comisiones. Pero el oficialismo no volvió a convocar esta semana al plenario de comisiones, trata de patear el debate para agosto tras el receso parlamentario de invierno y carga sobre sus propios aliados dialoguistas el costo político de volver a postergar el tratamiento de un tema social tan sensible.
Los gobernadores de la UCR (junto con sus ex aliados del macrismo) le pidieron a su tropa legislativa frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno antes de la firma del Pacto de Mayo y a la espera que cumpla lo pactado para sus respectivas provincias como moneda de cambio por su apoyo a la sanción definitiva de la Ley Bases y su paquete fiscal. Fue así, como los senadores del bloque se plegaron a la estrategia libertaria de proponer un debate prolongado en el plenario de comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Seguridad Social del Senado, incorporando a la discusión otros proyectos más allá de la que llegó desde la Cámara baja. Los diputados de la UCR, en tanto, levantaron la sesión que su bloque había pedido para tratar la semana pasada en el recinto el financiamiento universitario y la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Ya con la rúbrica en el bolsillo de los gobernadores que adhirieron al Pacto de Mayo este 9 de julio en Tucumán, Milei apunta a dilatar y reducir al máximo el costo fiscal de la reforma de la movilidad jubilatoria. Una obsesión del Presidente, que insiste en mantener a raja tablas un déficit cero, que fundamentalmente se apoya en el brutal recorte que el Gobierno impuso a las jubilaciones.
Varios de sus funcionarios ya trabajan en negociaciones con los bloques dialoguistas en el Senado. Las gestiones están a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y sus funcionarios José Rolandi y María Ibarzabal Murphy. Con el apoyo irrestricto del PRO a la propuesta del Gobierno, las conversaciones se concentran con el jefe del bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi, y se extienden con el titular de la bancada de diputados, Rodrigo de Loredo. La Casa Rosada quiere asegurarse que las modificaciones que acuerden en el Senado no sufran traspiés en la Cámara baja.
Los oficialistas tienen un menú de distintas propuestas, pero todas ellas apuntan a reducir el costo fiscal de la media sanción de la Cámara baja, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 0,45 por ciento del PBI. Pero las negociaciones no parecen tan fáciles.
Aunque la mayoría de los senadores radicales admiten que acordaron con el Gobierno dilatar el tratamiento de la movilidad jubilatoria, también empiezan a sentir que cargan sobre sus espaldas el costo político de la postergación y que el peso no es compartido con la Casa Rosada.
Incluso hay un sector de la bancada, cercano al presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau, que no está dispuesto a acompañar un proyecto aún menos benévolo para las jubilaciones que el que se terminó de acordar trabajosamente en la Cámara baja por los distintos bloques opositores. Varios de ellos ya advirtieron puertas adentro que no avalarán que el ajuste siga recayendo sobre los jubilados.
Aunque la dilación contó con el aval de los gobernadores radicales, existe otro motivo que los incumbe y que frena las negociaciones. A varios de ellos les preocupa el salvataje a las cajas previsionales de las provincias, que Milei cortó de cuajo y que no está dispuesto a ceder. Incluso, desde el Gobierno argumentan que disponen de datos de la Anses, donde sus cálculos afirman que durante el año pasado muchas provincias habrían recibido partidas que habrían excedido lo dispuesto por ley.
El objetivo del Ejecutivo es acordar modificaciones a la baja sobre el proyecto que aprobó diputados. De lograrlo, buscará que el Senado las aplique y que la Cámara baja los refrende durante agosto. Quiere tener todo despejado para septiembre, donde el Congreso comenzará a abordar otro de los proyectos más ambiciosos del Gobierno: el Presupuesto 2025, donde insistirá con más recortes en el Estado.
Las negociaciones por la movilidad jubilatoria, sin embargo, podrían trastocarle todos los planes. Especialmente, si la oposición dialoguista terminaría cargando con el costo político de los recortes del Gobierno sobre los jubilados.
