Consolidar las alianzas, independizarse del PRO y hacer ruido, mucho ruido. La Libertad Avanza tiene un plan para la segunda etapa de gobierno y este se caracterizará por el bombardeo incesante de proyectos legislativos. Eliminación de las PASO, baja de la edad de imputabilidad, “esencialidad” de la Educación, más de un centenar de desregulaciones, penalización de las manifestaciones, privatizaciones: los proyectos se acumulan en los despachos de Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos y se irán lanzando con el correr de las semanas. Algunos pasarán, otros no. Pero el objetivo es seguir mandando proyectos y no perder la iniciativa. Será, además, la etapa de devolución de gentilezas: Martín Menem abre el sumario para las propuestas de los aliados que le permitieron sancionar las dos primeras leyes de Javier Milei. Radicales y pichettistas reclaman protagonismo y Menem se los concederá con un solo requisito: nada que genere costo fiscal.
Cuando no está recorriendo las provincias buscando consolidar el armado territorial de LLA, Martín Menem saca pecho y se muestra satisfecho del resultado legislativo del último mes. Logró sancionar la Ley Bases con menos traumas que las dos primeras veces. Y, cuando parecía que la oposición le iba a robar el protagonismo, desactivó la sesión de aumento de las partidas destinadas a la Educación. El objetivo, a partir de ahora, será consolidar y proteger las alianzas que el Gobierno logró tejer con el radicalismo, los gobernadores y Hacemos Coalición Federal.
El oficialismo necesita de la oposición dialoguista, pero no solo porque no cuenta con más de una cuarentena de diputados propios. Los necesita para independizarse del PRO, que hasta ahora ha sido el principal sostén del oficialismo en los vericuetos políticos de la negociación parlamentaria. Sin el asesoramiento de Silvia Lospennato, o sin la estructura de Cristian Ritondo, el oficialismo no hubiera avanzado mucho. No tienen ni cuadros técnicos ni políticos. Pero, ahora, con la pelea entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el liderazgo y el formato de alianza que deberá adoptar el PRO con LLA en 2025, Menem necesita depender menos del macrismo.
El plan de Menem consiste en facilitarle a la oposición amigable, fundamentalmente al radicalismo -el presidente de la Cámara tiene una muy buena relación con Rodrigo de Loredo-, una agenda propia no conflictiva. Es decir, temas que el propio oficialismo pueda tomar como propios y que, a la vez, satisfagan algunas de las demandas opositoras. La declaración de la “esencialidad” de la Educación, que limita el ejercicio de huelga de los docentes, es un ejemplo. El proyecto es una bandera de Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Macri, pero que la UCR ha comenzado a blandir como propia.
“Todo lo que no genere gasto será bienvenido” es la premisa básica que sostienen, hoy por hoy, en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Es un mensaje directo a las dos últimas avanzadas opositoras que suponen, necesariamente, un gasto del Estado: el aumento de las jubilaciones – que vienen arrastrando una pérdida del poder adquisitivo de casi el 30 por ciento – y los proyectos Educativos de prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento de las partidas para las universidades nacionales. Si bien en el oficialismo les gusta jactarse de que, como a Milei, no les importa “tres carajos” vetar las leyes, la realidad es que están preocupados. Están preocupados porque saben que si la oposición consigue los dos tercios para ratificar las leyes -y blindarlas así del veto presidencial-, la autoridad política de Milei terminará absolutamente minada.
Jubilaciones
Es por este motivo que José Rolandi y María Ibarzábal -los dos emisarios de Casa Rosada durante las negociaciones por la Ley Bases- está negociando junto algunos sectores de la UCR para introducirle algunas modificaciones al proyecto de jubilaciones. La iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, viene siendo dilatada en el Senado por Victoria Villarruel y, de recibir modificaciones en la Cámara alta, tendría que volver a tratarse en Diputados. Es decir que la sanción se retrasaría aún más. Las conversaciones que está teniendo el gobierno con De Loredo y Eduardo Vischi giran en torno a reducir el costo fiscal de la iniciativa: Milei está dispuesto a aceptar el 8,1 por ciento de aumento para las jubilaciones mínimas, pero quiere eliminar el refuerzo anual atado a la variación salarial y las transferencias a las cajas provinciales.
El primer punto -que permite, al agregar el RIPTE como variable, que las jubilaciones crezcan si crece la economía y no terminen congeladas en los valores actuales – fue un agregado que introdujo el peronismo, por lo que el oficialismo podría tener más éxito en eliminarlo. Pero el segundo punto, el de las cajas previsionales, fue un pedido de los cordobeses que responden a Martín Llaryora: quitarlo sería perder el apoyo de Hacemos Coalición Federal y, además, podría abrir un nuevo frente de conflicto con el bloque que comanda Pichetto.
Diputados vuelve en agosto
Mientras las conversaciones se llevan a cabo, Menem ya convocó a una sesión para el próximo 7 de agosto. La sesión, pedida también por varios diputados del PRO, incluye varios de los proyectos de Seguridad, como uno que amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos y otro que prorroga el programa de Entrega Voluntaria de Armas. Afuera quedaron, en cambio, los proyectos de endurecimiento de las penas que había presentado y anunciado Patricia Bullrich. Los votos, para esas iniciativas, aún no están.
A partir de la semana que viene comenzará un breve receso invernal, pero los WhatsApp continuarán activados. El gobierno se prepara para presentar su paquete de proyectos electorales – como la suspensión de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos -, así como la Ley Hojarasca del flamante ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Congreso, prometen en el oficialismo, continuará abierto.