Las universidades públicas de todo el país, y en particular la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) empiezan con maniobras de ajuste con $55 mil millones menos. Así lo admitió el rector Omar Larroza, considerando que la Unne es la más grande del NEA. Paralización de obras y, de ser necesario, congelamiento de salarios es lo que se prevé a corto plazo si no hay mejora presupuestaria.
La Unne había proyectado para 2025 un presupuesto de $155.000 millones, pero tuvo una poda de $55.000 millones. “Se ha configurado el 50% de lo que nosotros habíamos solicitado”, expresó el rector.
Admitió en ese sentido que habrá obras, urgentes incluso, que deberán ser postergadas porque siempre se prioriza el salario del no docente y docente universitario. “Este es un tema que ya veníamos administrando como una probabilidad. Inicialmente, había incertidumbre sobre el veto presidencial, aunque todavía no tenemos información certera al respecto. En segundo lugar, en la presentación del presupuesto se ha configurado el 50% de lo que nosotros habíamos solicitado”, añadió.
“En términos reales, la situación es compleja”, reconoció Larroza, y agregó que “hay que trabajar en cifras relativas para hacer las comparaciones adecuadas, pero estamos lejos de lo que habíamos proyectado”. La Unne había solicitado un presupuesto de 155.000 millones de pesos, pero finalmente se le asignaron 100.000 millones, lo que deja un déficit que, según el rector, afectará varios aspectos fundamentales del funcionamiento universitario.
Destacó que la universidad buscará cumplir con sus objetivos esenciales, aunque el presupuesto asignado sea ajustado. “Es un presupuesto muy limitado, pero con los indicadores que manejamos, esperamos poder cumplir con los objetivos fundamentales de la universidad, aunque muy ajustadamente”, afirmó el rector.
El presupuesto universitario a través de las cámaras legislativas del Congreso de la Nación otorgó una inyección de recursos, pero el presidente Javier Milei advirtió la semana pasada que dicho proyecto de ley lo vetará.
La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
