El titular de la Dirección Nacional de Vialidad ordenó dar de baja todos los contratos de obras que se desarrollan en todo el país bajo cualquier modalidad de contratación. Si bien se venía hablando desde la semana pasada, se conoció efectivamente el lunes último. Según la medida, la reactivación de la Autovía “Travesía Urbana” en Corrientes de la Ruta Nacional 12 también debería entrar en dicha orden. Hasta ayer el titular de Vialidad Nacional a nivel local no realizó declaraciones especificando qué ocurrirá en Corrientes considerando que hace muy pocas semanas que se retomaron las obras.
Vale recordar que hay una fuerte denuncia sindical de la intención del Gobierno nacional de un cierre del organismo.
A través de una nota firmada por su titular, Marcelo Campoy, el organismo ordenó dar de baja los contratos de obra pública bajo cualquier modalidad, incluso aquellos en etapas avanzadas, alegando “invariabilidad económica” para continuar.
En el documento, Campoy instruyó a “arbitrar los medios para cerrar contratos, ya sea por terminación de obra, limitación o rescisión de mutuo acuerdo”, incluyendo proyectos en rutas destinadas a privatización.
La decisión responde al contexto financiero actual, que según el funcionario, imposibilita sostener las obras.
Sin embargo, esta medida podría profundizar el deterioro de la red vial, especialmente en tramos como la Ruta Nacional 3 en Tierra del Fuego, ya intransitable en algunos sectores.
La Autovía de la Ruta Nacional 12 que supuestamente se reactivó a inicios de febrero pasado, también quedaría alcanzada por la medida.
Esta medida agrava la situación en distintas zonas como en el tramo de la Ruta 3 en Tierra del Fuego, cuyo deterioro ya es bastante notorio y que podría tornarse intransitable a partir de la falta de inversión.
El funcionario insistió en que en la solicitud emitida, “se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución”.
Según el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, evidencia que entre el 67% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en regular y mal estado.
La Nación no sólo recorta fondos sino que propone, como solución, la privatización de los corredores más rentables, lo que significará que quienes circulen por las rutas deberán pagar tarifas de peaje.
CIERRE DEL ORGANISMO
Esta situación se enmarca además en la intención de la administración nacional de cerrar el organismo. Según denuncian desde el Sindicato, en una primera etapa se prevé el despido de entre 25 y 30 trabajadores por distrito, lo que ha generado una fuerte preocupación en el sector.
El gremio de Vialidad Nacional, encabezado por Graciela Aleñá, denuncia que “este Gobierno va por el cierre de Vialidad Nacional. Calculamos despidos entre 25 a 30 compañeros por distritos, al menos en esta primera etapa”, subrayando el impacto que tendrá esta medida en la infraestructura vial del país y en la estabilidad laboral de miles de familias.
“Hoy estamos defendiendo a Vialidad Nacional sobre el ataque feroz que el Gobierno está haciendo al organismo, donde pretende, además de todo lo que venimos denunciando el año pasado, dar de baja todos los contratos de obra pública y los de mantenimiento de las rutas del país”.
