El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes ordenó a un empresario a abonar 2 millones de pesos a una ex trabajadora, tras haber confirmado que el empleador truchó un pagaré con firma falsificada para embargar su indemnización laboral. La víctima, una productora tabacalera despedida durante su embarazo, sufrió graves consecuencias emocionales y económicas a raíz del hecho.
El conflicto se remonta a 2014, cuando la trabajadora fue despedida con casi cinco meses de gestación. Inició un juicio laboral y obtuvo un fallo favorable. Sin embargo, su ex empleador, identificado como O.Z., inició posteriormente una causa civil en su contra utilizando un pagaré apócrifo, con el que logró embargar no solo la indemnización, sino también otros fondos, impidiéndole el acceso al dinero por más de un año y medio.
Ante esta situación, la mujer inició un juicio civil por daño moral, respaldada por pericias caligráficas que confirmaron que la firma no era suya, y por informes médicos que diagnosticaron estrés postraumático, depresión y ansiedad generalizada.
Aunque en primera instancia obtuvo una sentencia favorable, la Cámara de Apelaciones de Goya redujo el monto, argumentando que la indemnización debía vincularse al valor del pagaré. No obstante, el STJ revocó esa resolución mediante la sentencia N.º 38/25, al considerar que el fallo era “arbitrario y absurdo”.
El juez Guillermo Horacio Semhan, autor del primer voto, calificó como “inaudito” que se pretendiera disminuir el resarcimiento por considerar excesiva la compensación del sufrimiento generado. Remarcó que la víctima fue sometida a un proceso judicial basado en documentación falsa, y que las medidas cautelares impuestas agravaron aún más su situación emocional y económica.
El ministro Eduardo Panseri, por su parte, recordó la importancia de respetar la integración de los tribunales de apelación, indicando que estos deben dictar sus resoluciones con al menos dos de sus miembros para que sean válidas.
Con este fallo, el STJ restableció el monto original de la indemnización por daño moral: $2 millones más intereses desde el hecho y las costas del juicio a cargo del demandado.
