Pequeños productores de la región hortícola de Corrientes enfrentan un escenario límite. Las tareas de siembra, cuidado y recolección se hacen con esfuerzo familiar, sin respaldo técnico ni financiamiento. Pero la cadena se corta justo donde debería comenzar a dar frutos: la venta. No hay mercado dispuesto a pagar un precio razonable, ni logística accesible para trasladar la mercadería a centros de consumo.
ABANDONO Y REMATE
En los últimos días, decenas de productores optaron por abandonar sus cargas, rematarlas a precios irrisorios o directamente tirarlas. Algunos hablan de reactivar medidas de protesta para visibilizar la situación, como lo han hecho en otras ocasiones, arrojando toneladas de tomates en las rutas de acceso a la ciudad.
El problema no es nuevo. Se repite cada temporada, con la misma crudeza. Sin canales de comercialización directos, los intermediarios son los únicos que fijan precios y condiciones. Pagan poco en origen, revenden caro en destino y absorben buena parte de las ganancias, mientras en el campo se multiplican las pérdidas.
La brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor no sólo es injusta, es inadmisible. Un cajón de 20 kilos se paga hoy a valores que no alcanzan ni para cubrir los costos mínimos de producción, mientras en los centros urbanos el tomate llega a las góndolas con precios que superan los 1.500 pesos por kilo. Esa distorsión revela un sistema desquiciado que beneficia a pocos y castiga a todos.
Además de los bajos precios, los costos logísticos se convirtieron en una barrera insalvable. El transporte de las cargas desde los parajes hasta los grandes mercados implica gastos en combustible, flete, embalaje y comisiones que superan ampliamente lo que los compradores están dispuestos a pagar. La ecuación nunca cierra para el que trabaja la tierra.
La situación se agrava aún más por la falta de infraestructura. Las rutas provinciales que conectan las zonas productivas con los corredores de comercialización están deterioradas. Luego de las lluvias se vuelven intransitables, lo que paraliza por completo la salida de la producción.
Pese a todo, quienes viven en el campo siguen apostando a lo que conocen: sembrar, esperar, cosechar. Pero también crece la incertidumbre. Cada vez más jóvenes abandonan la vida rural, empujados por la imposibilidad de sostener un proyecto productivo digno. Las chacras familiares quedan en manos de los mayores, que resisten con lo que pueden.
Lo más grave es que no hay un horizonte claro. La falta de políticas públicas activas, de apoyo técnico, de créditos accesibles o de programas de compra estatal profundiza el abandono. La actividad se sostiene sólo por la voluntad de quienes aman su tierra, pero esa voluntad también se agota.
En el fondo, la crisis del tomate en Corrientes es sólo una expresión más de un problema mucho más amplio: la desconexión entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen, y la ausencia de un modelo que garantice justicia en esa cadena.
El campo no pide subsidios ni favores. Reclama lo más elemental: precios justos, caminos transitables, acceso a mercados y reconocimiento. Porque detrás de cada cajón de tomates descartado, hay meses de trabajo, inversión y esperanza.
