Con la tinta del veto todavía fresca, Javier Milei echó sus dados en las provincias para resistir en el Congreso el revés que la oposición le tiene previsto. No tiene mucho margen a favor como otras veces pero mientras negocia contrarreloj con los gobernadores, el itinerario de los vetos avanza por un sendero de posibilidades que esta vez conduce seriamente al casillero de judicializar la política.
El primer paso del Gobierno para sostener su daño a jubilados y personas con discapacidad ya fue dado: tal como lo anticipó Página/12, las conversaciones con las provincias para juntar el tercio de diputados que necesita para resistir ya están en marcha y con jugarreta electoral incluida.
Entre el poroteo y la judicialización
La Cámara baja volverá a debatir el proyecto vetado. Si la iniciativa recibe el respaldo de los dos tercios (172 diputados), el veto presidencial caerá y el proyecto pasará al Senado, donde sería ratificado.
Si esto ocurriera, el Poder Ejecutivo no tendría más remedio que promulgar la ley sin ninguna objeción, puesto que así lo determina el artículo 83 de la Constitución Nacional. No obstante, el presidente Milei ya lo anticipó: si el Congreso ratifica, habrá presentación judicial.
Ya lo prometió en junio pasado: “Vamos a vetar. Y si aún se dieran las circunstancias, que no creo, de que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Y si aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así el daño que causaría podría ser mínimo. Sería una mancha de dos meses, la cual el 11 de diciembre la vamos a revertir”.
El objetivo es que la judicialización del aumento a jubilados y la actualización de los fondos para discapacidad caiga por sorteo en manos de algún magistrado alineado que falle a su favor, tal la costumbre de los partidos de derecha que contradicen su discurso republicano.
Si lo lograra, el tema no quedará cerrado puesto que a esa primera presentación le seguirán objeciones y apelaciones de la oposición hasta llegar –vaya a saber cuándo- a la instancia final, la Corte Suprema. ¿Qué ganará el oficialismo mientras tanto? Tiempo.
¿Tiempo para qué? Para que ocurra lo que el optimismo presidencial desea: que el tema quede en un limbo, que el oficialismo gane las elecciones legislativas de octubre, que La Libertad Avanza (LLA) obtenga una mayoría propia en el Congreso y que allí su bancada y aliados conformen una “escribanía de gobierno” dispuesta a darle un revés legislativo a todo proyecto no emanado de Casa Rosada.
Los dos tercios
Para que esto no suceda, en el corto plazo la oposición deberá asegurarse en Diputados los dos tercios (a largo plazo deberá ganar las elecciones de octubre). Pero si el oficialismo consigue al menos un tercio (86 diputados), el veto quedará de pie, el proyecto de aumentos a los sectores más vulnerables se caerá y el Presidente festejará con algún exabrupto discursivo.
Esto fue lo que ocurrió el año pasado, cuando la oposición también sancionó un aumento a jubilados y el Gobierno la vetó gracias a los 87 diputados aliados, a los que el mandatario llamó “87 héroes”.
La clave está en la negociación con los gobernadores y en el escenario en el que el Gobierno pretende negociar, puesto que todavía no se cerraron los acuerdos electorales para esos comicios intermedios. Por lo tanto, la estrategia parlamentaria apunta a esperar esos cierres para recoger “heridos” dispuestos a sumarse a los dos tercios necesarios para frenar la motosierra de Milei, tal como lo informó este diario en su edición de ayer.
