Poco más de un mes atrás, el Gobierno de Javier Milei transformó por decreto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quitándoles su autonomía y autarquía y poniendo bajo amenaza miles de puestos de trabajo. Esta decisión del Gobierno podría tener este miércoles un freno en la Cámara de Diputados.
Yamila Mathon, especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI, explicó que hoy el sistema científico vive un auténtico Día D, ya que la oposición busca marcarle la cancha al Presidente y declarar la emergencia en el sistema nacional de ciencia y tecnología.
De todos modos, el Gobierno ya anticipó que vetará cualquier ley aprobada por el Congreso que vaya en contra de las políticas de reducción del déficit fiscal, tal como hizo esta semana con la ley que otorgaba un aumento excepcional del 7,2 por ciento a las jubilaciones.
“El DNU es parte de un temario muy importante que se va a tratar en el Congreso junto a la emergencia del Garrahan y el presupuesto universitario”, explicó Mathon.
A esa lista hay que sumar los vetos a las leyes de aumento jubilatorio, prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el tratamiento de esos decretos no será disctido en la sesión de este miércoles.
La especialista explicó que el decreto vuelve al INTI una “oficina técnica”, dejando sin autonomía a un instituto que hoy en día genera el 35 por ciento de su presupuesto. “En vez de que el desafío sea generar más, es atarnos de pies y manos, y sin la posibilidad de atender a la industria”, afirmó.
Y dijo que además esta situación va a complicar una de sus tareas centrales, que es “poder custodiar la calidad y la seguridad de los productos y servicios que consumimos en el territorio”. “Esa es la mayor preocupación”, dijo, a la par que advirtió que “hay puestos de trabajo en riesgo, porque el decreto dice que el 30 por ciento del personal es prescindible”.
En el ámbito judicial, explicó la trabajadora del INTI, una jueza, hace una semana, “dio lugar a la cautelar que presentó ATE nacional”. “Esa cautelar dura seis meses, salvo que el gobierno apele. Es un respiro”, afirmó.
Pero agregó: “Son respiros, pero no son soluciones de fondo. La solución de fondo se juega hoy en Diputados. Lo importante, lo que nos da esperanza, es que no se puede vetar. Si este decreto se deroga, el presidente no lo puede vetar”.
