La plaza 25 de Mayo volvió a ser el epicentro de un reclamo que no cede. Familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad en Corrientes se reunieron para visibilizar una problemática que, a pesar de las promesas oficiales, se agrava con cada medida adoptada por el gobierno nacional.
La referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriscovich, madre de Íker, habló con con una mezcla de bronca y dolor. “El veto presidencial a la ‘Ley de Emergencia’ significa que muchas personas se van a quedar sin su tratamiento. Peligran las prestaciones de este año y las de 2026. También significa más ajuste en medicamentos, lo que perjudica directamente a las personas con discapacidad”, expresó.
Kriscovich remarcó que la movilización no es partidaria, sino una lucha por derechos básicos. “Siempre hice cosas para mejorar el sistema y me da mucha bronca que me busquen alguna intencionalidad política. No somos la casta ni queremos más plata. Lo único que queremos es el bienestar de nuestros hijos”, sostuvo.
El congelamiento de aranceles desde el año pasado golpea de lleno al sistema. “Ya nos cuesta hasta conseguir transporte; no nos quieren llevar más. Y con esto vengo luchando desde hace años, mucho más allá de los gobiernos”, dijo, y apuntando al presidente Javier Milei: “Puede saber mucho de números, pero no sabe lo que es tener un hijo con discapacidad”. Con lágrimas en los ojos, describió el absurdo de las nuevas exigencias: “Te piden un certificado para mostrar que tu hijo tiene síndrome de Down. Es un sinsentido. Y si reclamás, te dicen que sos ‘kuka’. Lo único que pido es que mi hijo tenga su asistencia”.
Marcela también cuestionó la actitud de las autoridades nacionales: “Creo que esto es maldad pura. Tienen cara de piedra… no se les mueve nada. Nos reunimos con ellos, pero la respuesta es siempre la misma: no hay plata. Culpan a la gestión anterior, como lo hacían los anteriores, pero nadie se hace cargo”.
Débora Delgado, mamá de Micaela, también sumó su voz: “No nos sirve que nuestros hijos estén sentados en la escuela. Necesitamos de los profesionales y yo tengo la obligación de luchar por mi hija. Esto no es gasto, es vida”.
En medio de un ajuste que golpea a sectores vulnerables, las familias sienten que el discurso oficial de “ordenar las cuentas” se traduce en recortes que comprometen la salud y la calidad de vida de miles de personas. “Nos dicen que no hay plata, pero para otras cosas sí aparece. Entonces la pregunta es: ¿qué lugar ocupan las personas con discapacidad en la agenda nacional?”, se preguntan los manifestantes.
El complejo panorama en discapacidad nació antes del veto, con las auditorías masivas de pensiones por invalidez laboral. Esta última semana el portavoz Manuel Adorni dio a conocer algunos datos del proceso que se lleva a cabo en todo el país desde mediados de abril. En conferencia indicó que ya suspendieron “110.522 pensiones, 8.107 correspondían a fallecidos y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión”.
LAS CLAVES DEL VETO
El presidente Javier Milei vetó la llamada “Ley de Emergencia para personas con discapacidad”, una norma que había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo y que buscaba garantizar la continuidad de prestaciones, terapias y medicamentos hasta 2026.
El argumento oficial fue estrictamente fiscal: no hay fondos disponibles para afrontar el costo que implicaría su aplicación. Sin embargo, organizaciones del sector sostienen que el impacto de la medida será devastador para miles de familias que dependen de un sistema que ya está en crisis por el congelamiento de aranceles y la demora en los pagos.
El veto afecta a la cobertura de tratamientos de rehabilitación, transporte escolar especializado, medicación y acompañamiento terapéutico, todos considerados esenciales para la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad.
El sector también reclama que el ajuste presupuestario y las auditorías indiscriminadas están paralizando la asistencia, dejando a muchos pacientes sin profesionales o con servicios interrumpidos.
Para los referentes de la protesta, la decisión presidencial es un retroceso en materia de derechos y una muestra de desinterés por las necesidades de una población históricamente postergada. La respuesta en las calles se replica en varias provincias, con la esperanza de que el Congreso insista con la norma y revierta el veto.
El reclamo, lejos de apagarse, se fortalece con cada nuevo encuentro. Anoche, en el corazón de Corrientes, como en muchas otras ciudades de la Argentina, volvieron a levantar la voz para exigir lo que consideran irrenunciable: que se respeten los derechos y la dignidad de quienes más lo necesitan.s
Voces en alza en el país
Se concretaron ayer nuevas manifestaciones en distintas ciudades de todo el país en rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Familias se pronunciaron alertando por la gravedad de la situación, señalando la imposibilidad de hacer frente a los gastos en terapias, medicamentos y transporte. También se sumaron profesionales y prestadores de servicios terapéuticos por mejoras en el pago salarial.
