El intendente electo de Mercedes, Víctor Cemborain, fue contundente al ser consultado por la prensa correntina sobre qué hará cuando asuma con los pases a planta que apuró la gestión saliente: “A todos estos muchachos que fueron nombrados en puestos políticos, pero que fueron pasados a planta, yo no los puedo echar, pero les vamos a cambiar de tarea”.
Se indignó con el legado que le dejaron, como suelen hacer las administraciones salientes: “No puede ser que haya 15 barrenderos y 100 funcionarios”, sostuvo, para advertir: “Chicos, vayan practicando con la escoba, porque van a limpiar la ciudad. Y lo voy a cumplir. No los voy a echar, pero les voy a cambiar de tareas”
E insistió: “¡A barrer, a limpiar, a ordenar nuestra ciudad que tanto lo necesita!”.
El Jefe comunal electo consideró necesario ser conscientes de que “no tenemos que nombrar a más gente. Tenemos que reubicar a los que están y tratar de no echar a nadie. Pero que trabajen, el que cobra que trabaje. El que cobra y no trabaja tiene que irse”, insistió.
Su anterior mandato había sido entre 2013 y 2017. Fue sucedido por su esposa, Elvira Sánchez, quien conformó tándem electoral con Diego “Tape” Caram.
Esa gestión ofreció episodios de todo tipo que terminaron con la renuncia de Sánchez en 2019, asumiendo el poder quien fuera su ladero político.
A partir de allí, Caram intentó convertirse en el hombre fuerte del Piaubre, hasta que el propio Cemborain encabezó una avanzada judicial que selló la suerte de su otrora aliado.
“Tape” fue condenado (en 2024) a siete años y medio de prisión por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real y sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.
En esta última elección, Cemborain se alzó con la victoria ingresando como candidato del oficialismo provincial en Vamos Corrientes y retomará el Ejecutivo mercedeño.
A diferencia de otros distritos municipales que sostuvieron apenas la Comuna y observaron “fuego amigo”, en el caso de esta nueva administración de Cemborain manejan la idea original de reacomodar el organigrama municipal sin despedir gente.
Otros casos de ajuste
La existencia y regulación de estas plantas está sujeta a leyes y reglamentos específicos, que pueden variar según el país o incluso la provincia o región.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (Ley 11.757) es un marco legal que rige estas cuestiones.
Hubo casos, como el del intendente bonaerense de Saavedra, cuya cabecera es Pigüé, Matías Nebot, quien les recortó en un 13% los salarios a los 610 empleados municipales, debido a la crisis financiera que afronta el municipio.
La reducción salarial se hizo efectiva en dos tramos de 6,5% cada uno, en mayo y junio, y se prolongará hasta fin de año.
“Nos toca tomar la difícil decisión de llevar adelante una reducción salarial, una medida que hemos tratado de evitar tomando decisiones que afecten solamente a la planta política, pero que no fueron suficientes”, señaló el jefe comunal.
El déficit que afecta al municipio data de 2019, cuando la gestión estaba a cargo del radical Gustavo Notararigo.
A la declaración de la emergencia en Villa Gesell se sumaron medidas de recorte en los distritos de Coronel Rosales y Guaminí, cuyo intendente de Unión por la Patria, José Nobre Ferreira, anunció una serie de medidas de ajuste dada la crisis no solo económica, sino también hídrica.
“Nuestro país está atravesando una situación económica muy compleja que afecta directamente a las provincias y, por supuesto, a los municipios. Sabemos que muchas familias están pasando momentos difíciles. Como gestión, no somos ajenos a esa realidad. La caída de la actividad económica genera una fuerte baja en la recaudación y, en consecuencia, una importante disminución en los ingresos por coparticipación para nuestro índice”, describió el alcalde.
En Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero (Unión por la Patria, alineado con el gobernador Axel Kicillof) ya había advertido que “pagar el aguinaldo en cuotas es una posibilidad”.
Y que evaluaba pedir un adelanto de coparticipación. “Abrimos una moratoria, pero el Concejo Deliberante, con votos de La Cámpora, La Libertad Avanza y Cambiemos, no nos aprobó el aumento de tasas ni el presupuesto. Tenemos $1000 millones menos de coparticipación”, lamentó Moccero.
Su municipio tiene 1400 empleados y destina el 70% del presupuesto a salarios. Para paliar la situación, bajaron las horas de trabajo de 40 a 32,5 semanales y otorgaron $100.000 mensuales extra para quienes menos ganan.
En Coronel Rosales, el jefe comunal Rodrigo Aristimuño (UP) no aplicó recortes, pero reconoció que el panorama no es alentador.
“El salario para nosotros no es una variable de ajuste, pero el futuro es preocupante”, declaró.
Aunque evitó hablar de medidas concretas, la incertidumbre ya es parte del escenario.
Del total de empleados estatales en el país, casi 600.000 están en las nóminas de los casi 1.300 municipios. Representan un 13% de la plantilla general.
