A días de las elecciones, y bajo la presión de Estados Unidos, que le exige a Milei ganar las legislativas de medio término, el Gobierno puso en marcha la segunda parte del pliego de condiciones impuesto por sus tutores del Norte: un nuevo paquete de medidas “transformadoras” destinadas a allanar el camino de las inversiones. La semana pasada anticipó que buscará avanzar con la reforma laboral y ahora que prepara el envío al Congreso de una “Ley Bases II”. El anuncio estuvo a cargo de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, quien asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Ambos funcionarios pegaron el faltazo por “cuestiones de agenda”, el mismo día en que el Gobierno confirmó que no girará las partidas necesarias para implementar la Ley de Financiamiento Educativo.
Tras un año marcado por el desgaste y las derrotas parlamentarias, el Gobierno de Javier Milei busca reposicionarse. A días de las elecciones, apuesta a recuperar la iniciativa y a encarar una nueva etapa en la que pueda volver a marcar la agenda política una vez reconfigurado el Congreso. En medio de la discusión por el Presupuesto 2026, funcionarios de segunda línea del Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, anunciaron el envío de una segunda Ley Bases y de las reformas que se desprenden del Consejo de Mayo.
El número dos de Sturzenegger, Alejandro Cacace, adelantó que el paquete incluirá todo lo que quedó fuera de la Ley Bases sancionada en junio de 2024. El oficialismo pasó entonces de negarse a negociar la letra del proyecto y retirarlo en febrero de ese año, a aceptar modificaciones que desdibujaron aspectos centrales para lograr su aprobación. El texto original contaba con 664 artículos, pero tras meses de negociaciones con los bloques dialoguistas de ambas cámaras se redujo a 238. Por caso, el proyecto inicial contemplaba la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que finalmente fue excluida de la versión aprobada.
“Se está trabajando además en el contenido del Pacto de Mayo, que fue suscripto por 18 gobernadores”, señaló Cacace, y anticipó que el envío de los proyectos se concretará el 15 de diciembre, una vez que se produzca el recambio legislativo. “Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar al 25 por ciento del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional”, detalló. El paquete incluirá también una nueva “Ley Hojarasca”, destinada a derogar normas consideradas obsoletas. Será la segunda vez que el oficialismo intente avanzar con este proyecto: el primer intento quedó archivado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Los funcionarios invitaron al resto de los bloques a “dialogar y participar” el mismo día en que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial que no cumplirá con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría y en el que Milei volvió a calificar al Parlamento de “golpista”. “El Congreso tuvo una actitud muy destituyente: nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo”, le dijo a la TV Pública.
Si bien el Gobierno se esfuerza por recuperar la iniciativa e instalar que aplicará las reformas “transformadoras” que exige Washington después del 10 de diciembre, la realidad es que, aun en el mejor escenario, no alcanzará el tercio propio ni los 129 diputados necesarios para tener mayoría propia. Por el contrario, deberá negociar con los gobernadores, los aliados y las fuerzas de centro. Del resultado del domingo dependerá la fortaleza —o el debilitamiento— con que el oficialismo llegue a esas instancias de negociación.
Oda a la motosierra
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, también presente en la Comisión, se ufanó del recorte del gasto público. “Revisamos toda la estructura del Estado Nacional en un primer y segundo nivel, lo redujimos en más de un 20 por ciento, generando un ahorro de 18 mil millones. Ese ahorro es devolverle el dinero a los argentinos. También eliminamos 400 áreas del Estado”, sostuvo.
Según el funcionario, en el último año y medio se despidieron 54.000 trabajadores públicos y se clausuraron decenas de organismos. “Un capítulo especial son los organismos desconcentrados y descentralizados: en la década del ’80 había alrededor de 40 y en 2023 nosotros recibimos 111. Fue un lugar para repartir cargos políticos. Cuando mirás los empleados públicos de los organismos, en 2010 había 35 mil agentes; en 2024 nosotros recibimos 88 mil empleados”, agregó.
Los funcionarios volvieron a exponer la principal falacia del gobierno libertario: el superávit fiscal no se traduce en mayor inversión social. Por el contrario, el Gobierno sigue sin girar fondos para tres leyes sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego insistidas por ambas cámaras: la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría.
