Productores del NEA advirtieron que, si el gobierno nacional no prorroga el Decreto 514/2021 -que caducó el 30 de septiembre y permitía compatibilizar empleo rural temporario con planes sociales-, “muchas economías regionales van a estar complicadas”. La norma, vigente cuatro años y prorrogada en 2023, permitió registrar mano de obra estacional sin que los trabajadores perdieran subsidios. “Benefició a más de 120.000 familias y amplió cobertura previsional en tareas migrantes”, recordó el titular de Uatre y Renatre, José Voytenco.
La escena se repite y se vuelve costumbre: camiones que salen igual, aun sin precio. Cajas que se cargan “para que no se funda la fruta”. Productores que admiten que regalan o dejan perder la mercadería porque vender por debajo del costo ya no es negocio, pero tampoco cosechar para tirarla. Es el síntoma visible de una crisis que, en Corrientes, ya perforó la línea de flotación.
En Santa Lucía, el productor hortícola Miguel Tomasella dijo sin rodeos en diálogo con Radionord: “Seguimos complicados. Para la próxima campaña veremos qué pasa, pero por ahora ni siquiera nos dan precio”. Contó que el último embarque de tomates salió literalmente “a ciegas”: entregaron sin saber cuánto les pagarán. “Sacamos para que no se pudra, calculo que quedará entre $ 1.000 y $ 2.000 el cajón, pero no hay nada claro”.
Ese número -entre $ 1.000 y $ 2.000 por cajón- no guarda proporción con los costos reales de producción. No cubre insumos, ni mano de obra, ni combustible, ni logística. Es apenas un intento desesperado de no perder todo. Y sin embargo, la pérdida igual ocurre: el margen desapareció. Lo peor es que en las verdulerías los precios se disparan y el consumidor paga entre $ 2.000 y $ 4.000 el kilo de tomates.
La crisis no es aislada ni local. En el cinturón papa del Sudeste bonaerense, con más escala y capital, el final es el mismo: productores que dejan pudrir la papa en el campo. La bolsa de 18 kilos cayó de $ 3.000 a $ 1.500. Es decir, hoy el precio de venta cubre apenas el 20% de la inversión. Y entonces, dejan de levantar: no paga. Hay lotes completos abandonados.
La federación del sector calculó que un productor medio de 100 hectáreas perdió este año 640.000 dólares. Aun así, muchos eligieron no cosechar. Detrás de ese dato hay un espejo: si con escala y músculo financiero el negocio no cierra, en Corrientes -de estructura dominada por pequeños y medianos- la ecuación es inviable.
Lo que duele -dicen productores correntinos- no es sólo la plata que se va. Es la contradicción moral: ver alimento que se pudre mientras hay familias que no comen. En Santa Lucía la expresión es similar a la del Sudeste bonaerense: “Es tristísimo”. Pero junto a la tristeza hay otra palabra que aparece cada vez más: miedo.
Miedo a la próxima campaña porque no hay horizonte de precios. Miedo a endeudarse para no vender. Miedo a achicar superficie porque después no se vuelve. Miedo a quebrar y desaparecer. “Muchos no van a poder volver”, admiten los referentes del sector.
Sobreoferta en algunos rubros, caída de la demanda interna, costos dolarizados, tasas altas y ausencia de herramientas de estabilización componen el mismo cóctel en todos los cinturones productivos del país. La diferencia es que en Corrientes el impacto es doble: la horticultura no sólo produce ingresos, sostiene pueblos enteros.
Mientras se pide previsibilidad, el mercado opera a la intemperie: cuando sobra, el precio se derrumba; cuando falte, subirá. Es el ciclo repetido del péndulo. Por eso los técnicos advierten que, si cae la siembra por retirada forzada, el año próximo habrá menos oferta y los precios saltarán -pero ya con menos productores vivos para aprovecharlo.
En Santa Lucía -como en el Sudeste bonaerense- el mensaje de fondo es el mismo: sin precio no hay siembra; sin siembra no hay futuro. Y en el medio, hoy, una postal que debería escandalizar: alimento tirado para evitar perder más plata.
La Nación derogó ocho viejas resoluciones del Senasa
En el marco del proceso de “desregulación” y “simplificación normativa” que impulsa el gobierno nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp) dejó sin efecto este miércoles ocho resoluciones vinculadas con la producción agrícola que datan de entre 1991 y 2006 y que eran ejecutadas por el Senasa.
La medida se formalizó a través de la Resolución 209/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a normativas referidas a certificación de calidad de granos, cuarentenas post-entrada, registros de insumos fitosanitarios, aranceles del ex Iascav y programas frutícolas ya desactivados.
Según explicó la cartera agropecuaria, el objetivo de la derogación es “ordenar el marco regulatorio vigente” en materia sanitaria y fitosanitaria, adecuándolo a estándares técnicos actuales y eliminando disposiciones “obsoletas o de nula aplicación”. También se busca -señaló el comunicado oficial- facilitar operaciones del sector productivo evitando la coexistencia de reglas antiguas con vigentes. En el listado figuran disposiciones sobre la certificación de calidad de granos exportados mediante el Certificado Argentino de Calidad; el esquema de aranceles del Iascav previo a la creación del Senasa; la normativa del Registro de Terapéutica Vegetal; el instructivo operativo de cuarentena post-entrada; y regulaciones para viveros de olivo. También se derogan normas de programas que ya no se ejecutan: entre ellas, las que establecieron el Sistema de Mitigación de Riesgo para peras y manzanas con destino a Brasil (Res. 1269/99 y 497/2000) y el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa.
Si bien las disposiciones estaban sin vigencia práctica, el Ministerio justificó su eliminación formal para “evitar superposiciones regulatorias” que generen interpretaciones contradictorias o cargas administrativas innecesarias para productores, exportadores y organismos.
