En medio de las gestiones del Gobierno para blindar la reforma laboral, la reanudación del período de sesiones extraordinarias amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo. Es que la oposición también aprovechó el receso estival para juntar votos y avanzar con el rechazo al DNU que modifica la Ley de Inteligencia y amplía las atribuciones de la SIDE. Este viernes vence el plazo para que la Casa Rosada envíe el decreto al Congreso. Para los bloques opositores, tanto la demora en el envío del texto como la falta de formalización de la convocatoria a extraordinarias revela que el gobierno busca estirar los tiempos al máximo frente a la creciente preocupación por el futuro del DNU, que según señala la oposición, habilita incluso la detención de personas sin orden judicial. Los organismos de derechos humanos también en alerta, presionan al Congreso para que avance en su rechazo.
“Estamos haciendo el máximo esfuerzo para voltear el DNU y reducir al máximo los alcances de la reforma laboral”, asegura un senador del peronismo consultado por este diario sobre los movimientos opositores durante el receso. Los contactos entre los bloques que buscan rechazar el decreto se mantuvieron activos durante los primeros días de enero y, según afirman, ya reúnen “un poco más de 120 votos”. En diputados se necesitan 129 voluntades para convocar una sesión válida y el mismo número para efectivizar el rechazo que luego debe ser confirmado por la Cámara alta. Si alguna de las Cámaras no lo trata o no logra voltear el DNU, el decreto que, sostiene la oposición, abre la puerta a un esquema de vigilancia masiva inspirado en el modelo estadounidense, continuará vigente como una ley más.
Los movimientos sigilosos de la oposición encendieron luces de alarma en Balcarce 50. “Nosotros tenemos que esperar a que nos llegue la reforma laboral y los cambios a la Ley de Glaciares, pero cuando llamás a extraordinarias convocás a las dos cámaras. Eso significa que, a partir del 1 de febrero, el Congreso se abre y se habilita la posibilidad del rechazo”, explica un diputado de un bloque de centro que interpreta la demora oficial como una maniobra para dilatar los plazos. “Lo más probable es que, si ya tienen acordado lo del 11 de febrero, convoquen lo más tarde posible para no abrirnos el Congreso antes”, agrega. Esa fecha es la que eligió Patricia Bullrich para intentar llevar la reforma laboral al recinto en el Senado.
El viernes el gobierno volverá a reunir a la mesa política integrada por Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; Patricia Bullrich; Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, allí analizaran los pasos a seguir. Por estas horas el temor es que el periodo extraordinario se les vaya de las manos. Ese mismo día vence el plazo para que el Jefe de Gabinete envíe el decreto al Poder Legislativo. Según estipula la ley de DNU una vez que el texto ingresa al Congreso, la Bicameral de Trámite Legislativo, aún no conformada tiene 10 días para emitir dictamen. La ley 26.122 establece que, si transcurrido ese período la Comisión no se expidió, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratar el DNU en el pleno. Es el camino que busca activar la oposición en Diputados. Un antecedente genera entusiasmo: El primer y único DNU que el Congreso le hizo caer a Javier Milei fue el que destinaba una partida extraordinaria de 100 mil millones de pesos a la SIDE, en el punto más alto del relato del ajuste y la motosierra. La votación selló una convergencia atípica: el peronismo, la UCR y el PRO coincidieron en el rechazo.
Gobernadores árbitros
Entre el peronismo y el Frente de Izquierda, principales detractores del decreto, la oposición reúne hoy 97 votos en la Cámara de Diputados. A ese piso se suman los 22 legisladores del bloque Unidos y la expectativa de incorporar a Marcela Pagano. Cerca de la diputada señalaron a este diario que “el decreto no resiste un solo test de constitucionalidad”. Aún no hay señales del MID.
En los próximos días, la búsqueda de apoyos se desplazará hacia las fuerzas provinciales. Una vez más, los gobernadores aparecen como actores decisivos. Oficialismo y oposición se disputan esos respaldos para ganar volumen político en sus respectivas agendas: la Casa Rosada necesita apuntalar la reforma laboral; la oposición, garantizar el rechazo del DNU. En esa puja, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil vuelven a tener margen para negociar, al igual que los gobernadores con ascendencia sobre el bloque Innovación Federal, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. Por ahora “todos muy en modo vacaciones” dijeron a este diario.
Por ahora, la gira de Diego Santilli dejó resultados magros. Ignacio Torres, primer mandatario provincial en recibir al ministro, evitó confirmar su adhesión a la reforma laboral y dejó en suspenso su posicionamiento. El chaqueño Leandro Zdero, aliado del Gobierno, condicionó su apoyo a “un esquema de compensaciones” por el impacto que tendrá en las provincias la baja del impuesto a las Ganancias y los beneficios a los empresarios. La visita del pampeano Sergio Ziliotto a Balcarce 50 se reprogramó para el viernes por cuestiones climáticas, mientras que el jueves el ministro buscará sumar el respaldo del mendocino Alfredo Cornejo.
Las otras fuerzas que aún no fijaron posición son el PRO y la UCR. En el macrismo deslizaron que “los cambios introducidos podrían resultar positivos”, lo que anticipa un eventual respaldo a la segunda reestructuración de la SIDE y de la Ley de Inteligencia vía decreto. El radicalismo, en cambio, mantiene silencio y no dio pistas sobre su postura.
La oposición observa con optimismo y atención el frente judicial. La Justicia no rechazó los amparos presentados y analiza la posibilidad de habilitar la feria. A ese escenario se suma la presión de los organismos de derechos humanos, que reclamaron en una declaración conjunta que el Congreso rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025. “El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control. El decreto se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva”, advierte el documento, que lleva la adhesión de Amnistía Internacional Argentina, el CELS y otros organismos.
En el Senado se trabaja con ambas agendas: la reforma laboral y el DNU. Por tratarse de la Cámara que representa a las provincias, el argumento que más peso ganó entre los gobernadores es el artículo 191, que profundiza la asfixia financiera provincial mediante la baja del impuesto a las Ganancias y los beneficios a los empresarios, a costa de sacrificar recaudación y recursos coparticipables.
La CGT también activará una gira federal para convencer a los mandatarios y se espera que en los próximos días sus abogados visiten a los senadores.
