El Dr. Martín Dip, reconocido abogado de la región, arrojó luz sobre esta problemática al recordar que la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065) en su Artículo 37, Inciso C, prohíbe explícitamente cobrar diferencias de precios entre operaciones al contado y con tarjeta. Asimismo, hizo referencia a la Resolución E51/2017 de la Secretaría de Comercio de la Nación, la cual ratifica esta prohibición y extiende su alcance a operaciones que se realizan en un único pago.
Esta situación no solo constituye una clara infracción a la ley, sino que también atenta contra los derechos fundamentales de los consumidores. El cobro de recargos por el uso de medios de pago electrónicos representa una práctica abusiva y discriminatoria, que perjudica especialmente a aquellos que optan por estas formas de transacción por comodidad o seguridad.
Ante esta problemática, es fundamental que los ciudadanos conozcan y defiendan sus derechos. Denunciar a los comercios que aplican recargos indebidos es un primer paso crucial para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los intereses de los consumidores. En Argentina, se puede iniciar un reclamo ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumidor llamando al 0800-666-1518 de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o a través de un formulario gratuito en el siguiente enlace https://www.argentina.gob.ar/servicio/iniciar-un-reclamo-ante-la-direccion-nacional-de-defensa-del-consumidor-y-arbitraje-del#:~:text=Contacto.%200800%2D666%2D1518.%20Si%20necesit%C3%A1s%20orientaci%C3%B3n%2C%20llamanos%20a,consult%C3%A1%20las%20respuestas%20a%20las%20preguntas%20frecuentes.
No obstante, la solución definitiva a este problema radica en la concientización y el cumplimiento estricto de la normativa por parte de los comercios. Es responsabilidad de cada establecimiento respetar las leyes que regulan las transacciones comerciales y velar por la equidad y transparencia en sus prácticas comerciales.
En un contexto donde la digitalización de los pagos se ha vuelto cada vez más relevante, es imperativo que tanto los comercios como los consumidores se adapten a esta nueva realidad de manera justa y responsable. El uso de billeteras virtuales y otros medios de pago electrónicos debe fomentarse y protegerse, garantizando que su utilización no conlleve costos adicionales injustificados.
La lucha contra la imposición de recargos ilegales en los pagos electrónicos es una tarea que involucra a toda la comunidad. Solo a través de la colaboración y la vigilancia ciudadana podremos erradicar estas prácticas abusivas y construir un entorno comercial más justo y transparente para todos.
