En la mañana de ayer referentes del Foro Permanente de Discapacidad se movilizaron en la plaza 25 de Mayo, en contra de un proyecto nacional contra ladesregularización de la atención y prestaciones médicas a discapacitados de todo el país. En la oportunidad, los integrantes del Foro presentaron al gobernador Gustavo Valdés una copia del petitorio que se entregó al presidente Javier Milei. Además se acompañó una nota dirigida al Gobernador, en donde solicitan que “sus legisladores nacionales puedan desestimar este proyecto de desregulación de la financiación de las prestaciones en discapacidad y puedan generar algunas propuestas de mejoras en las prestaciones y de mejoras que impacten directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, explicaron los organizadores de esta movilización a NORTE de Corrientes.
“Fuimos convocados por el Foro Permanente de Discapacidad que promociona los derechos de las personas con discapacidad a una movilización que se dio frente a la Casa de Gobierno en Corrientes y que fue replicada en cada una de las provincias del país, con su epicentro en Buenos Aires para hacer entrega de un petitorio al Presidente de la Nación”, contó el licenciado Ariel Gallo, integrante del Foro Permanente de Discapacidad
Y expresó el motivo de la movilización: “Nosotros pudimos manifestar nuestra preocupación, visibilizar los problemas que están en el sector ante un proyecto de decreto presidencial, en el cual establece que los organismos públicos que financian las prestaciones de personas con discapacidad, que actualmente están establecidas en la Ley 24901, se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios que consideren las obras sociales. Lo que podría generar es básicamente la pérdida de derecho que se adquirieron en esta normativa como por ejemplo la universalidad, la equidad, la igualdad de condiciones, el acceso a los servicios y prestaciones en las instituciones, la libre elección del prestador o el profesional que va a atender a esa persona con discapacidad”.
Y remarcó: “Esto podría llegar a generar básicamente la pérdida de calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad que se atienden en diferentes prestadores en todo el país. Y hablo en potencial, porque este proyecto no cuenta con un marco regulatorio de aplicación, lo que genera esta preocupación e incertidumbre que estamos atravesando. Además esta iniciativa no contó con la obligada consulta que tienen que hacer a quienes trabajamos con personas con discapacidad y a las asociaciones que nuclean a estas personas, como establecen las normativas internacionales ante algún cambio regulatorio que implica a personas con discapacidad”.
