El 12 de octubre es un día de duelo para los pueblos indígenas. En los últimos años, se avanzó en resignificar esta fecha, dejando atrás la celebración del “Día de la Raza” para promover el respeto a la diversidad cultural y visibilizar el genocidio. Sin embargo, este domingo, la Casa Rosada difundió en la red digital X un video institucional que presenta la llegada de Cristóbal Colón como “una de las gestas más trascendentales de la historia”, lo que generó un amplio repudio entre comunidades indígenas de Salta.
Salta/12 dialogó con referentes territoriales que expresaron su rechazo y reafirmaron la vigencia de la memoria, la dignidad y la lucha de los pueblos indígenas.
“Esta fecha, para nosotros los pueblos indígenas, no representa civilización ni progreso. Es un día de duelo. Porque antes vivíamos en comunidad, en paz, con organización propia, sin maldad ni enfermedades impuestas. Éramos un pueblo sano, con equilibrio y respeto entre nosotros y con la naturaleza”, dijo a este diario, desde Orán, Marianela Mena, abogada y presidenta de la Comunidad Ava Guaraní Los Constituyentes.
“El 12 de octubre no es un día de celebración: es el inicio del dolor y de la resistencia de nuestros pueblos. Ese día marcó el comienzo de la matanza y el despojo, el ataque a nuestras culturas, a nuestra naturaleza y a nuestras formas de vida. Por eso, el 11 de octubre es para nosotros el último día de paz, y el 12, el día en que comenzamos el duelo. Recordamos a nuestros caciques, a nuestros grandes líderes y lideresas indígenas de toda América que entregaron su vida por la defensa de sus pueblos y territorios”, expresó Mena.
Desde la Comunidad Wichí Carboncito de Embarcación, la maestra auxiliar bilingüe Rosa Rodríguez, también repudió el relato oficial: “Creo que es un día de masacre. Cuando Cristóbal Colón recién llegó, puso su pie en América, ahí empezaron a matar a los pueblos indígenas. Hoy hay personas que sí tienen conocimiento de estas cosas, de que sus ancestros fueron masacrados en esa fecha”, sostuvo.
“Creo que toda la región de los pueblos indígenas en América recuerdan que esta fecha fue un día de terror. Violaban a las niñas, mataron a mujeres. Era un día de masacre, de asesinato y de diferentes tipos de violación”, ratificó.
Por su parte, David Torres, presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, consideró que este año “el simbólico 12 de octubre tiene la particularidad de que el presidente de la Nación inició un acto de agravio, y degradación hacia los derechos indígenas, retomando el concepto de raza, superado hace tiempo en casi todos los campos del saber. Hasta cierto tipo de sentido común ya no esgrime esos conceptos para referirse a grupos humanos”.
El presidente de la Comisión Directiva de la Comunidad Wichí El Algarrobal (de Pichanal), Nelson Campos, también expresó su opinión. “Para nosotros, este presidente quizá tiene el mismo pensamiento de aquellos que nos destruyeron la vida desde el comienzo del genocidio que comenzó Colón acá en las tierras hoy llamadas América. Es lamentable que hoy tengamos un tipo representando al Estado que en realidad lo está destruyendo. En beneficio quizás de las grandes corporaciones. Claramente, no está a favor de lo que el Estado debería requerir”.
Campos también se refirió al sentido profundo del 12 de octubre: “Significa dolor, tristeza e impotencia para nosotros, por saber que vino gente del otro lado del mundo a invadir y quitarnos la vida y así apoderarse de las tierras donde ya había civilizaciones y una cultura pura, sin manchas. Vinieron a imponer sus leyes, sus religiones mentirosas, con el fin de engañarnos y quedarse con todo lo que encontraron para beneficio de ellos”.
“Yo lamento que un presidente tome las palabras para seguir con un cierto racismo hacia el pueblo originario, hacia nosotros. Pero lo grave es que, como se ha visto durante todo este tiempo, este presidente, cuanto más mal habló de la gente, hay personas que siguen dando un apoyo sin medir las consecuencias, sin medir lo que es en realidad el discurso de odio y malas palabras que al diario se le escucha el presidente decir”, dijo Campos, quien vinculó esta violencia discursiva con una política de exclusión sistemática. En contraposición, aseguró que los pueblos indígenas están aquí “para resistir, para seguir tratando de sobrevivir a esta política que hoy nos toca en la Argentina”.
Críticas a la diputada Orozco
Desde la Comunidad Ava Guaraní, Mena también advirtió sobre el desprecio institucional que se reproduce en las provincias: “No solo queremos remarcar que este gobierno de Javier Milei desde su inicio ha sido totalmente negativo para los pueblos indígenas, sino también señalar que sus representantes y seguidores en las provincias reproducen ese mismo desprecio hacia nuestras comunidades“.
La referenta Ava Guaraní se refirió a las declaraciones de la diputada nacional por la Libertad Avanza, Emilia Orozco, quien dijo que “es muy difícil hacerle entender al aborigen cómo salir adelante”, entre otras expresiones como que los pobres no entienden de macroeconomía.
“A esta diputada quiero decirle que desconoce profundamente la realidad de nuestras comunidades y el camino de preparación que hemos recorrido. Las comunidades indígenas no avanzamos derramando sangre, sino con lucha, educación y organización”, le respondió Mena, quien recalcó que hoy en la provincia “existen más de 20 profesionales indígenas de distintas etnias: arquitectos wichí, médicas wichí, licenciados guaraníes en recursos humanos, enfermeros, docentes, y quien les habla, abogada ava guaraní”.
“Nos estamos preparando para ocupar los espacios donde deben debatirse las verdaderas propuestas: en las Cámaras legislativas, tanto nacionales como provinciales. Porque el futuro de nuestros pueblos debe construirse con nosotros adentro, no desde discursos que nos niegan o nos menosprecian”, añadió.
Retrocesos en materia de derechos
El actual Gobierno nacional no solo reproduce discursos de odio, también ha impulsado medidas concretas que implican un retroceso grave en materia de derechos territoriales, educativos, culturales y sociales.
Desde la Comunidad Ava Guaraní, Mena señaló que el desmantelamiento de organismos clave como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la derogación de leyes de protección territorial han dejado a las comunidades “a la deriva de los desalojos y del abandono estatal”.
“Nosotros vivimos en las comunidades y estamos atravesando situaciones muy complicadas”, dijo por su lado Rodríguez, de Carboncito. Expresó preocupación por el programa de educación intercultural bilingüe. “Se está por eliminar este programa. Y a veces la gente no sabe qué acciones va a tomar, porque creo que algo así es eliminar otros derechos de los pueblos indígenas. Porque si hacen eso (…) nos están eliminando la cultura, la lengua, y todo lo que tiene que ver con eso”, sostuvo.
“En las escuelas existen maestros interculturales bilingües que dan clases de lengua materna, porque en la cultura nuestra, nosotros tenemos también los espacios, por ejemplo, de ciencias naturales, de sociales, de lengua, de formación ética también. Lo que casi no tenemos es matemática (…). Estamos luchando para que esto no se elimine, porque eso ya lo escuchamos desde la supervisora del Ministerio de Educación y de otras formas del Ministerio de Educación de la provincia”, sostuvo Rodríguez.
Además, advirtió sobre la falta de acceso a la información legal y la necesidad urgente de formación jurídica en territorio. “Hace poco nos enteramos por redes sociales que se había eliminado la Ley 26.160. Al desconocer esas cosas, nos quedamos sin herramientas. Hace falta talleres de capacitación sobre derecho de cuidar el monte, leyes de territorio, leyes de mujeres indígenas. Y que se hagan en las comunidades, no fuera de ellas”, sostuvo.
Rodríguez señaló problemas estructurales que atraviesan las comunidades, como la deforestación de los montes nativos, que además de destruir el entorno, priva a las familias indígenas de alimentos, medicinas ancestrales y recursos vitales para su subsistencia, y la persistente falta de acceso a una vivienda digna.
Torres sumó su preocupación por el cierre del programa de relevamiento territorial y la imposición del RIGI. “El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional expresa que las comunidades indígenas deben participar en la gestión de los recursos naturales que hay en sus territorios. No como beneficiarios indirectos o por acción del mercado. El RIGI es eso: la entrega de territorios con sus recursos naturales a los actores mejor favorecidos“, advirtió.
El referente lule, señaló que se auditaron todos los espacios administrativos dedicados a la atención de los asuntos indígenas, pero se dejaron liberados otros espacios igual de sensibles.”La salud y la educación fueron perdiendo su esencia de derecho a un ritmo increíble”, sostuvo.
Campos coincidió en que el retroceso no es solo normativo, sino también político y judicial: “La política actual tiene una marcada tendencia a estar en complicidad con la pata judicial. Así nunca podremos tener algo a favor de los más vulnerables o los pueblos indígenas”, afirmó.
