La privatización de la empresa estatal AySA que dispuso el Gobierno de Javier Milei mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial implica un recorte de derechos en el acceso al agua para más de 15 millones de habitantes y una pérdida de soberanía hídrica. Las claves del contrato que según la Casa Rosada busca “modernizar el sector, mejorar el precio y la calidad del servicio” y que podría derivar en cortes masivos del suministro, incluso a pesar de que se trata de un derecho humano universal ratificado por las Naciones Unidas.
La privatización de AySA es un anhelo de Milei desde su asunción en 2023. Desde entonces, la administración libertaria prepara el terreno para concretar la venta del 90 por ciento de las acciones —el 10 restante pertenece a los trabajadores y es gestionado por los sindicatos—, primero incluyéndola en el listado de empresas estatales “sujetas a privatización o concesión” en la ley Bases, luego con despidos de casi el 20 por ciento de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y finalmente con el anuncio de la privatización que hizo Manuel Adorni en julio de 2025.
El derrotero de ajuste continuó con un DNU publicado casi un año atrás en el que autorizó a la empresa estatal a cortar el servicio a aquellos usuarios que adeuden dos boletas, en un contexto donde creció la mora en el pago de ese y otros servicios producto de la crisis económica: según un informe de la UBA y el Conicet sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron 366 por ciento en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.
Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas. En 1993, el menemismo le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas.
Eran los tiempos en que el show de privatizaciones bajo el Gobierno de Carlos Menem rifó las compañías estatales al calor de una frase que aún resuena en la historia argentina: “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, dijo, en un fallido digno de análisis psicoanalíticos el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. El agua, por supuesto, no fue la excepción.
