Integrantes de la Multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy presentaron un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir la nulidad del procedimiento realizado para modificar parcialmente la Constitución provincial, y denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales busca “adecuar las cartas orgánicas de seis municipios” al texto normativo aprobado y jurado el 20 de junio pasado.
La demanda en el Poder Judicial fue interpuesta por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que patrocina a las comunidades y pueblos indígenas, al denunciar que “hay una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y a los derechos humanos”.
Pidieron, además, al máximo tribunal jujeño que ordene la realización de un nuevo proceso de reforma que cumpla con los estándares vigentes en la materia.
“Solicitamos suspender la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados a las comunidades”, señalaron en una conferencia de prensa.
En ese marco, el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, hizo hincapié en la defensa de las garantías de los derechos constitucionales y tratados internacionales de acceso a la información, la participación y al diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.
“Rechazamos una reforma inconstitucional, inconsulta, de saqueo, de reducción de derechos de los trabajadores jujeños y abuso de poder del Estado”, expresó y añadió: “está hecho a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales”.
También remarcó que “para nosotros esta reforma no está en vigencia, no existe y el pueblo se está expresando en las calles y en las rutas” porque “sus derechos están siendo vulnerados”.
Sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada que figura en el convenio 169 de la OIT, ratificado a través de la ley 24071, subrayó que está avalada por “un instrumento jurídico internacional de rango constitucional obligatorio para el Estado”.
“Allí se explica claramente cuáles son la pautas para llevar adelante el proceso de consulta a través de la inscripción representativa de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo para obtener el consentimiento libre pre aprobado y que aquí ha sido vulnerado en su plenitud”, indicó..
En tanto, Diego Morales, director de litio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), mencionó que hay aspectos previos a la aprobación de la reforma que dan cuenta de un proceso acotado para el debate.
