Por Alejandro Olmos Gaona/Ambito Financiero
Hay una historia que ha sido sepultada definitivamente para que no se tenga dimensión del descomunal perjuicio causado a la economía argentina
Siempre es bueno ejercer el pensamiento crítico y no dejarse llevar por arrebatos sectarios, que no conducen a ningún objetivo, excepto conformarse con creencias preestablecidas sobre épocas y personajes, ya que en las cuestiones históricas no existen las versiones definitivas, y en los procesos políticos todo puede discutirse.
Es difícil combatir la intoxicación mediática que de manera deletérea, selecciona hábilmente que noticias comunicar para demonizar al sector político que no resulta afin a sus intereses, y enfrentar a dirigentes políticos tirando cifras al voleo para demostrar, que hace 100, 70 o 50 años estamos sumidos en la decadencia debido a las políticas de gobiernos populistas, que otros de distinto signo no se atrevieron a modificar. Es tanto el énfasis puesto en el discurso que el ciudadano común se convence que le están mostrando la verdad, y que el origen de todos los males presentes, tiene un viejo arrastre que según el presidente Javier Milei comenzó en 1923, siendo presidente Marcelo T. de Alvear. Mauricio Macri y sus seguidores no se atrevieron a tanto, y hablando de los 70 años, y adjudicándole al peronismo la razón de nuestra decadencia.
Hoy, el mega decreto 70/23 y la llamada ley ómnibus son materia de todas las especulaciones y comentarios de los medios, mientras la CGT prepara un paro general, y salvo excepciones los dirigentes políticos se muestran con cautela ante las nuevas decisiones presidenciales.
No es mi intención referirme a todos esos aspectos coyunturales que tienen en vilo a la sociedad argentina, sino mostrar un aspecto singularmente relevante, que ha sido sistemáticamente silenciado durante décadas, ya que mostrarlo pondría en evidencia el comportamiento de los grandes grupos empresarios y financieros, que a través de distintas operaciones que los beneficiaran ostensiblemente, usufructuaron durante décadas la riqueza que se generara por parte de los trabajadores, siendo ellos parte fundamental de la situación de deterioro que hoy vive la Nación. Nunca se hicieron cargo de la parte que les corresponde, sino que muy por el contrario se exhiben reiteradamente como víctimas de un sistema que supuestamente asfixia la iniciativa privada, y limita las tan necesarias inversiones, para que la Argentina pueda salir de una decadencia que parece indetenible. Se quejan de las regulaciones y de un Estado elefantiásico, aunque durante décadas se vieron beneficiados por ese Estado al que tanto demonizan.
Hay alguna parte de esta historia que muchos conocen aunque se hagan los distraídos, y en los distintos libros sobre la economía de los últimos 40 años, aparecen comentarios fragmentados, o análisis sobre decisiones adoptadas por la dictadura cívico-militar y los gobiernos que lo sucedieron, aunque pareciera que el miedo a las cifras del fraude, hace que las camuflen mostrando solo los números del pasado.
Hay otra historia que ha sido sepultada definitivamente para que no se tenga dimensión del descomunal perjuicio causado a la economía argentina por aquellos grupos que supuestamente “les interesa el país” como rezaba una publicidad hace años, pero que en realidad solo les interesan sus negocios, aunque para su crecimiento hayan tenido que recurrir a toda clase de maniobras fraudulentas como lo demostraran las investigaciones existentes en la justicia federal. En ellas se puso en evidencia la actuación de ciertos grupos económicos, hoy pretenden hegemonizar el rumbo económico de la Nación, a través de la desregulación total de la economía y la abolición de todo control por parte del Estado que quedará reducido a un mero administrador de los despojos de lo que una vez tuvo. Vamos a los hechos:
LA DEUDA PRIVADA
Debido a las decisiones de tres presidentes del Banco Central de la dictadura: Egidio Ianella, Domingo Cavallo y Julio González del Solar, en el año 1982 la deuda del sector privado fue trasferida al Estado, produciéndose la estatización definitiva en julio de 1985, beneficiando a un enorme conjunto de las empresas más grandes de país y otras de menor cuantía, cuyas deudas eran financieras en un 85%.
Esa deuda fue parcialmente auditada entre 1984 y los primeros meses de 1985, y las conclusiones de los inspectores del Banco Central mostraron como se habían generado deudas ficticias y una singular cantidad de operaciones fraudulentas. La gravedad de los hechos que iban surgiendo de la investigación determinó que la misma fuera desestimada, ignorándose donde fue a parar el enorme trabajo que se realizara.
Algo se pudo reconstruir a través de la declaración de algunos auditores, especialmente de los infatigables contadores Omar Miliano y Alicia Galófaro, que además de suministrar a la justicia federal muchos elementos probatorios, colaboraron con la Fiscalía Federal N° 6 a cargo del Dr. Federico Delgado, entregado documentos de incuestionable valor que demostraron como se articularon los instrumentos que beneficiarían a una gran cantidad de grupos empresarios.
Según lo informado por el Banco Central de la República Argentina al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, la deuda asumida por el Estado era en 1984 de 23.000 millones de dólares. Esa suma que debió asumir el pueblo argentino actualizada a diciembre del año 2023 representa la suma de 156.082.644.496 dólares, que el Estado debió pagar durante décadas para beneficio exclusivo del sector, aumentando el déficit fiscal, y transfiriendo a los acreedores recursos que eran necesarios para el desarrollo del país.
Fue de tal magnitud el ocultamiento de esa investigación que cuando uno de los presidentes del Banco Central Alejandro Vanoli fue a declarar a la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados manifestó ignorar la existencia de la misma.
LOS AVALES CAIDOS
Otro aspecto de la deuda privada, que también permanece sepultado en la oscuridad de los archivos públicos, es el referido a los avales otorgado por el Estado a las empresas privadas, que permitieron el crecimiento de muchas de ellas a expensas del Tesoro Nacional.
El Tesoro otorgó entre 1976 y 1983 avales al sector privado por 6.815 millones de dólares, muchos de los cuales se entregaron a través de procedimientos de excepción, ya que por el capital que tenían no estaban en condiciones de recibir tal asistencia crediticia.
En la causa tramitada en la justicia federal los peritos pusieron en evidencia las transgresiones a los regímenes legales y reglamentarios, como así también la omisión de diligencias administrativas y judiciales para obtener el recupero de las sumas. Nunca se hicieron estudios técnicos, económicos y financieros a efectos de establecer la solvencia patrimonial de las empresas, y así nuevamente las deudas de empresas de gran importancia pasaron a integrar el listado de sumas no pagada por los privados que debió afrontar el Estado.
La lista enviada por la Superintendencia del Tesoro a la justicia federal es muy extensa, pero si nos limitamos a las más importantes. las deudas en 1987 eran de 4.596 millones de dólares, que actualizados a diciembre del 2023, son 20.752 millones de dólares.
LAS PÉRDIDAS DEL BANCO CENTRAL
El 30 de agosto de 1990 en un simposio organizado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) el director del Banco Central, que luego sería presidente del mismo, Roque Fernández, afirmó que la entidad bancaria había perdido entre los años 1980 y 1990 unos 67.000 millones de dólares, de los cuales el 80% fue destinado a financiar al sector privado, cambiario y del comercio exterior, significando en ese año una cifra equivalente al PBI.
A tal efecto el ex presidente Carlos Menem emitió el Decreto 1901, el 19 de septiembre de 1990 creando una Comisión Investigadora integrada por el subsecretario de Justicia César Arias, el procurador general de la Nación Oscar Roger, y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas.
Entre las conclusiones a las que arribó la Comisión se pueden señalar las siguientes:
- Se vieron beneficiados pequeños grupos que se apropiaron del gran parte del déficit fiscal y de las ganancias extraordinarias (lícitas e ilícitas o inmorales) que generaron las transacciones financieras.
- La cuantificación de esa enorme pérdida que sufrió la Nación, y que en gran parte figura en la contabilidad pública es muy dificil difícil de mensurar.
- Las pérdidas sufridas por el Banco Central llegarían a 105.000 millones de dólares entre 1980 y 1990.
- Lo ocurrido en el Banco Central significó un fuerte empobrecimiento de nuestro pueblo y de nuestro Estado beneficiando a pequeños sectores privilegiados que usufrutuaron lícita e ilícitamente de la especulación permitida por la tolerancia del sistema.
- Ni los fondos sustraídos de las entidades financieras liquidadas, ni las operaciones corruptas de los contratistas del Estado figuran en ningún balance ni documentación utilizada para el cómputo del ingreso nacional.
- Es probable que las sumas sustraídas del patrimonio nacional tengan similitud con las que existen depositadas o convertidas en activos en el exterior o en cajas de seguridad.
- El BCRA transfirió recursos al sector privado, subsidiando al sistema financiero público y privado, lo cual permitió generar negocios espectaculares para el sector privado.
- La legislación que permitiera los negocios especulativos fue dictada y ejecutada por distintos grupos de poder que se beneficiaron con ella
- Al 31 de diciembre de 1989, existían 59.540 deudores, de los cuales 33.513 eran personales y 26.027 eran deuda empresarias, estimándose un beneficio para los privados en más de 70.000 millones de dólares.
Si bien hemos resumido las conclusiones, queremos destacar que esos 70.000 millones de dólares que beneficiaron al sector privado entre 1980 y 1990, actualizados a hoy representan 245.820 millones de dólares.
En conocimiento de la referida investigación el Juzgado Federal N° 2 libró un oficio el 8 de mayo del 2002 a la Secretaría legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a los efectos de que le enviaran copia de la misma.
El 15 de mayo el Subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia Raúl Álvarez Echague envió una nota al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos requiriendo le enviaran copia de la investigación, y después de varios trámites interministeriales, donde nadie sabía nada.
El 30 de mayo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas envió copia certificada al Juzgado Federal, de donde extrajimos los datos que consignamos.
¿Que pasó con esa investigación?
Absolutamente nada, ya que supongo que el ex presidente Menem decidió archivarla para que nadie tuviera conocimiento de los enormes beneficios recibidos por el sector privado que era parte constitutiva de su proyecto de desguazar al Estado, desregulando todo lo que fuera necesario, y refinanciar la deuda externa, con el agregado de facilitar la compra a vil precio de las empresas públicas, tal como surge de los decretos y resoluciones que lo permitieron.
INFRACCIÓN A LA LEY PENAL CAMBIARIA
A la causa penal donde se investigaba la deuda hasta el Plan Brady se le anexó otra, tramitada en el año 1991 ante el Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Miguel García Reynoso, en la que se investigaban infracciones a la ley penal cambiaria. El juez se excusó de seguir interviniendo por entender que había conexidad con la que se llevaba adelante en la justicia federal.
Cuando el magistrado corrió traslado al Ministerio Público, la fiscal interviniente Fátima Ruiz López emitió un dictamen el 21 de julio de 1991, donde afirmó: “Atento a las manifestaciones de los gerentes del Banco Central, es obvio que la materia investigada es una defraudación al Fisco. El Banco Central señala nada más que la existencia de treinta y nueve sumarios, lo que no es proporcional con los miles de implicados que aparecen en las investigaciones realizadas. Ello demuestra que el Banco no ha arbitrado los medios para controlar las divisas”.
En agosto del mismo año el juez García Reynoso se declaró incompetente manifestando en su resolución: “A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas y del Banco de la Nación Argentina, se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del artículo 1 del régimen penal cambiario, cuya investigación y juzgamiento corresponde al Banco Central que no la ejecutó. Con respecto a la deuda externa, se ha comprobado que un volumen del relevamiento que se expuso no tiene un correlato con los indicadores que expresan un aumento de la actividad económica, por una inversión productiva en esas condiciones. Para decirlo de otra manera, el dinero que se prestó al país no se ve en la calle. El problema para obtener datos confiables sobre el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales, consiste en que en nuestro país fueron desmontados paulatinamente todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos, y es así que la autoridad monetaria llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso”
Así, el juez concluyó que “se habría cometido el delito previsto por el artículo 148 del Código Penal” al considerar que el “directorio del Banco Central era penalmente responsable de la violación a las normas del Código citado”.
¿Que pasó con esta otra investigación?
Esta última investigación fue receptada por la justicia federal, sin que se hiciera nada, y hoy junto con todas las causas de la deuda transita una parálisis total, ya que no existe la menor intención de investigar este descomunal fraude.
Ante tanto discurso insustancial, tantas interpretaciones que solo tienen el objeto de confundir sobre la realidad de la economía argentina, me ha parecido importante dar a conocer un resumen muy apretado de estas investigaciones que casi nadie conoce y los grandes medios jamás han mencionado.
Las cifras consignadas, que en conjunto suman más de 421.000 millones de dólares (casi el equivalente de la deuda pública actual), beneficiaron al sector privado y se mantuvieron en gran parte fuera del país. Esta situación provocó el empobrecimiento del pueblo de la Nación, que ha visto condicionado su futuro por los reiterados pagos de la obligaciones externas que debieron hacer los diferentes gobiernos, sin haberles reclamado nunca a los deudores las sumas que el Estado pagó por ellos.
