“Nunca iba a salir como estaba planteado y ellos lo sabían”, dicen los legisladores dialoguistas, que salen del recinto entre indignados y anonadados, porque el asesor del presidente, Santiago Caputo, les acababa de pedir en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, —después de cinco horas de sesión y habiendo votado seis artículos— que el proyecto de ley de Bases, o lo que quedaba de él, vuelva a comisión y se levante la sesión. Algo insólito en la historia legislativa. Así, de manera brutal, terminó un proceso largo que incluyó un sinfín de negociaciones fallidas con los gobernadores de la UCR, el PRO y el de Córdoba, Martín Llaryora, y con los diputados de los bloques que, de a poco, hastiados, empezaron a no ser tan amigables.
En lo que iba de la votación particular de la ley, LLA ya había fracasado en varios puntos centrales vinculados a las delegaciones de facultades y se aproximaba a una gran derrota en un capítulo central para Javier Milei: las privatizaciones. “Les encanta seguir perdiendo”, disparó con sorna Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de HCF. Luego, Pichetto pidió ir a un cuarto intermedio para hablar con los presidentes de bloque e integrantes del Poder Ejecutivo y definir cómo seguir. Ese fue el final abrupto y desprolijo de una serie de discusiones frenéticas que, por más que duraron semanas, no llevaron a ningún lado.
El paquete fiscal, la primera baja
Las reuniones entre el Gobierno, los bloques amigables y los gobernadores comenzaron en enero. En principio, con el proyecto original, las mayores diferencias estuvieron vinculadas a las reformas previsionales y la suba de retenciones. El Gobierno, tras comprender que la UCR y HCF no acompañarían la ley en esas condiciones, ya había decidido, sin previo aviso, sacar todo el apartado fiscal. Ese fue el primer gesto que molestó a los gobernadores. Ellos estaban dispuestos a acompañar los apartados de la moratoria y del blanqueo, por ejemplo, para buscar allí fondos para las provincias. No entendieron por qué se eliminó todo. Más allá que el Gobierno dijo haber eliminado todo el apartado fiscal, lo cierto es que no habían quitado lo vinculado al Impuesto País.
Los mandatarios provinciales, entonces, hablaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para poder coparticipar ese gravamen. La idea era que el 70 por ciento que controla Nación —y se asigna a la ANSES y el PAMI— siga igual, pero que el 30 por ciento que Nación asignaba al Renabap se comience a coparticipar. En una reunión en el CFI, Francos les dijo a los gobernadores y a los bloques dialoguistas que podían avanzar en esa línea, pero minutos después, en una clara desautorización al ministro, desde Presidencia salieron a decir que no iban a coparticipar ese impuesto porque la idea era eliminarlo.
Luego, surgió la idea de los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe de que se les asegure el flujo a las cajas de jubilaciones en los artículos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También se lo pidieron a Francos, pero todo lo que se hablaba con el ministro del Interior no se concretaba.
Francos y los gobernadores, una relación fallida
El capítulo final de las negociaciones fallidas con los gobernadores ocurrió este mismo martes. Por la mañana, Francos fue al Congreso, al despacho de Menem, y se juntó con los presidentes de los bloques amigables una vez más. Otra vez les repitió que no iba a coparticipar el Impuesto País y no ofreció soluciones concretas, solo decía que se iba a trabajar para, más adelante, armar un paquete fiscal.
A pocas horas de iniciarse la sesión, los presidentes de los bloques negociadores se mostraron hartos. “Hagan política ustedes. Basta”, le habrían dicho a Francos y le exigieron que se corriera de las negociaciones y que fuera el ministro de Economía, Luis Caputo, o el propio Milei el que llamara a los gobernadores y propusiera cómo seguir. “Hablar con Francos es un fracaso porque nada de lo que arreglamos prospera. Es frustrante y una pérdida de tiempo“, repetían los legisladores que, de a poco, iban dejando de ser amigables. “Si lo que quieren es darles un ticket canasta está perfecto, pero que los llame el ministro de Economía, que es el que puede resolver y se los diga”, fustigaban.
El teléfono de Caputo
Cerca del mediodía, después de un mes sin aparecer en el Congreso a dar explicaciones sobre la ley, y a menos de una hora de la sesión, Caputo se dignó a levantar el teléfono y empezó a llamar a los gobernadores. Habría hablado con Llaryora, con Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, entre otros.
Tarde, y sin soluciones concretas, esos diálogos no habrían surtido efecto y eso quedó en evidencia cuando comenzó la votación. Diputados de HCF, de la UCR y de Innovación Federal uno a uno fueron votando en contra apartados clave en la delegación de facultades y también en la reforma del Estado. El compromiso que les proponía Caputo en esas conversaciones, dicen, “era de palabra”. Les repetía que no iban a coparticipar el Impuesto País, pero les pedía que no voten la coparticipación por su cuenta en el recinto —era la idea de Llaryora e incluso había conversaciones con el peronismo para llegar a los números—. Si lo hacían, les dijo, Milei lo iba a vetar. Les ofrecía no coparticiparlo y les decía que después “el Gobierno iba a compensar de manera discrecional a los gobernadores que garanticen los votos”.
Libertarios contra gobernadores
Una vez que la ley cayó, LLA salió a atacar a los gobernadores: “La traición se paga cara y LLA no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios”, escribieron en redes sociales. Luego Milei tituló “La casta contra el pueblo”, y amenazó: “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”. La oficina de Presidencia agregó: “Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ley bases artículo por artículo horas después de acordar acompañarla”.
Desde el PRO salieron a remarcar que ellos acompañaron ciegamente a LLA: “Los 10 gobernadores de JxC, junto a los diputados nacionales acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. No corresponde que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo”. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, añadió: “A nosotros también nos eligió el pueblo. No somos la casta. El Gobierno tiene que tener autocrítica”.
Cuando ya se apagaban las luces de Pasos Perdidos, y bajo la mirada atenta de los “Constituyentes del 53”, pintados en el cuadro que cuelga en una de las paredes del salón, una diputada reflexionaba: “Milei nos va a decir barbaridades por las redes, pero acá hay un fortalecimiento de la política y de las instituciones. El Congreso está en funcionamiento, se respeta y se usa su reglamento. Lo van a tener que entender“.
