Tras conocerse la denuncia penal formulada el fin de semana por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, trascendieron algunos detalles del extenso escrito presentado por la magistrada acusando a dos empleados; uno de ellos, su propio secretario penal, de haber incurrido en “conductas delictivas”, al destruir evidencias de casos activos o en proceso de juicio, así como también de arrogarse la faculta de ordenar procedimientos. La propia funcionaria se “autodenunció” para que la Fiscalía Federal también la investigue por al menos doce hechos probados de anomalías graves, ocurridos dentro de su juzgado, que ponen en peligro causas graves como el tráfico de droga, trata de personas, corrupción de menores, entre otros, y que tiene como principales responsables al secretario y al ordenanza, del mismo.
La presentación como querellante de Pozzer Penzo tiene al menos 60 fojas, en las cuales la magistrada acusa directamente a su secretario Penal del Juzgado, H. Montiel, y al ordenanza auxiliar, E. Cáceres, por la comisión de delitos de acción públicas. Son al menos doce los hechos denunciados acontecidos entre octubre del 2023 y la primera semana de febrero de 2024
Las sospechas de la magistrada se sustentan en la intensión de los dos acusados de mostrar a esa repartición federal, como desprolija y desordenada en el manejo de la causas y apunta a que esta actitud, tiene relación directa con un proceso interno que atraviesa la misma jueza y en la que intentan, como desde hace varios años, desprestigiarla y removerla de su cargo bajo acusaciones, por ahora, sin sustento probatorio, como todas las que han sido cerradas justamente por esta misma razón.
Destrucción de evidencia
Uno de los hechos descritos por la jueza, Pozzer Penzo, detalla el insólito comportamiento de Cáceres, al destruir sobres con pruebas de una causa en proceso, violando todo el proceso de custodia de evidencia, frente a efectivos de Gendarmería y de Prefectura, con anuencia de Montiel y que solo se detuvo cuando la magistrada ingresó al lugar para evitar mayores perjuicios. Se trató de elementos de evidencia de la causa “Soja” y en la que se investiga a toda una red, compleja, de corrupción para el contrabando por suelo correntino. Este hecho ocurrió el 6 de febrero en el primer piso del Juzgado. Montiel está mencionado en varias oportunidades en el escrito, incluso en llevarle la contra a la propia jueza; una actitud que se repetiría en los últimos meses.
Mientras tanto, los hechos en los que la magistrada señala al secretario Penal, su mano derecha por casi 15 años al frente del Juzgado Federal, apuntan a actitudes de este, arrogándose la toma de decisiones que no le son propias, contrarias a los procedimientos de un Juzgado, generando además trámites dilatorios e innecesarios que solo demoran los procesos internos, según expresa la extensa presentación.
Sobre el funcionario acusado, la magistrada también desglosó en una veintena de páginas, al menos siete hechos concretos en los que falló groseramente en sus deberes de funcionario público, contradiciendo todas las normativas internas y en las que el control recaen sobre él, según indica el escrito.
Hay casos puntuales de delitos complejos y crimen organizado, de delitos de lesa humanidad, comercialización de estupefacientes y trata de personas con fines explotación laboral que generaron preocupación en diversos organismos por la demora inusitada, poco común en aquel Juzgado, pero que en los últimos meses venía siendo motivo de constantes presentaciones. Debido al tenor de la denuncia, serían intencionales y por ello la jueza “apunta” a dos responsables. Aunque las sospechas son cada vez más fuertes, que todo podría tener relación directa a las causas de “alto perfil” que la magistrada llevó a juicio y logró desarticular poderosas bandas criminales en la frontera.
“Vi la irregularidad y la denuncié”
En un breve diálogo con diario época, la jueza Pozzer Penzo, muy escueta en sus expresiones, sostuvo puntualmente que “yo cumplí con mi función de detectar la irregularidad y denunciarla. Y en el mismo acto pido que se me investigue. Ahora, la fiscalía deberá hacer su parte en este proceso. Somos un Juzgado que siempre se destacó por su excelente resolución de causas y trabajar incansablemente en contra del delito. Denuncié coacciones para que cese de trabajar en mi juzgado y subrogante de Libres”. La magistarada dejó en claro en su presentación que es blanco de hostigamiento y persecución. Todo está por estas horas, bajo la lupa del fiscal General Schaefer, que comenzaría con la recolección de pruebas y testimonios.
Cabe recordar que Pozzer Penzo fue quien al hacerse cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres como Subrogante, descubrió, investigó y desbarató una red de trata que sometía a poco más de 36 mujeres en la frontera y que tuvo como uno de los imputados a un exfiscal federal y a otras 17 personas acusadas el año pasado en un juicio que llevó varios meses.
A raíz de este caso, insólitamente le llovieron algunas acusaciones que fue sorteando por falta de pruebas. El año pasado, incluso a días de iniciarse el juicio por aquella causa, sufrió amenazas graves al igual que su familia. Su juzgado fue reconocido internacionalmente como uno de los más eficientes en los procesos de investigación y resolución de causas. Para afrontar esta instancia, la jueza Cristian Pozzer Penzo tiene el patrocinio letrado de los doctores Mariana Barbitta y Mariano Abel Balanovsky. La denuncia fue presentada ante el fiscal General de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer.
