partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, la justicia federal realizó una decena de allanamientos a comedores de movimientos sociales y casas de sus referentes. Los operativos se realizaron a integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, en el marco de una causa judicial iniciada por la marcha del 20 de diciembre, es decir cuando se hizo la primera protesta contra el gobierno de Milei. En una conferencia de prensa, los movimientos denunciaron que los operativos fueron “exageradamente violentos”, incluso en presencia de niños, que algunos se hicieron en la madrugada y que la policía se llevó cosas que no debía, “hasta 25 mil pesos que una compañera tenía para vivir“.
Como en el expediente hay secreto de sumario, la información disponible es la que difundió la oficina de Bullrich y las respuestas que en respuesta dieron las abogadas de las organizaciones sociales -que plantean que la causa es mediática, pero carece de sustancia. Sin embargo, se filtraron a los medios una serie de mensajes de WhatsApp de mujeres que pedían alimentos a encargadas de locales de las organizaciones, y a las que esos alimentos les habrían sido negados por no asistir a marchas. El tema de fondo es si se trató de casos de abusos personales o si se trata de una práctica utilizada por alguna de las organizaciones cuestionadas.
El ministerio de Seguridad sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los que amenazaron con “darles de baja” el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron “vendidos”. La imputación incluye cargos por delitos graves, como el de extorsión.
Siempre de acuerdo a lo difundido por Bullrich, las denuncias se hicieron a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad. A través de esos llamados se llegó a reunir 924 casos de personas que habrían sido coaccionadas.
Réplica de las organizaciones
En respuesta a lo señalado por la ministra de Seguridad, la abogada Rayo Alanís, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el ministerio hace una campaña mediática. “Los casos no son novecientos, sino doce, y no están probados”, aseguró la abogada.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada por el conjunto de las organizaciones sociales frente al Congreso de la Nación, referentes de todos los movimientos hicieron frente común y señalaron que la investigación judicial no tiene sustancia. “Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada”, anticiparon.
El expediente, en el fuero federal
El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27 allanamientos en los que no se realizaron detenciones.
La causa cobró impulso en un momento en el que el gobierno de Milei está actuando a fondo para desarmar a las organizaciones sociales: desde diciembre, no envía alimentos a sus comedores comunitarios -ayer, un pedido de amparo impulsado por el CELS y la UTEP tuvo un avance, al ser aceptado como un amparo colectivo. Cuando las organizaciones realizan protestas de reclamo los reprime –en abril, la policía disparó a la cara de un manifestante, que perdió la visión en un ojo–.
Como parte del mismo proceso, el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello reemplazó el Potenciar Trabajo por programas de tipo asistencial –los emprendimientos productivos que venían desarrollando las organizaciones quedaron en la lona– y desfinanció el programa de urbanización de barrios populares que generaba trabajo entre los vecinos. Estos cambios fueron de la mano de una ofensiva discursiva, que busca instalar la idea de que los movimientos son mafias, manejadas por dirigentes que “hacen dinero con los pobres”.
En este sentido, el comunicado de la ministra de Seguridad difundido ayer dice, por ejemplo: “Se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero” . Es decir, que cuestiona la existencia misma de las cooperativas de trabajo.
Los chats de la causa
A pesar del secreto de sumario, los medios publicaron una serie de chats que son parte de la investigación.
“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”, se lee en el WhatsApp de una vecina, que habría sido sancionada internamente por no ir a una marcha.
La mencionada Patry es autora de un mensaje en el que advierte a un listado de personas que “no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.
Para la fiscalía federal, casos como este no fueron una conducta aislada, sino parte de un mecanismo convalidado por referentes de importancia. Por ejemplo, en el caso del Polo Obrero, el fiscal imputó no sólo a mujeres que trabajan en los comedores, sino también a dirigentes nacionales -es decir, a referentes que no tienen el manejo diario de lo que pasa en un local-.
Los operativos
Carlos Fernández, del FOL, fue uno de los allanados en su casa de Escobar. “Vinieron a las cinco de la mañana, rompieron la puerta. En el caso de mi familia, nos tiraron al suelo y nos encañonaron. Entraron de noche, cuando mis hijos estaban durmiendo”, contó.
Agregó que fue un operativo “desmedido, con autos no identificados y con agentes de inteligencia”. Para el referente, los allanamientos tuvieron el objetivo de “amedrentar a quienes son parte de las organizaciones sociales”.
A su vez, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, contó que uno de los lugares allanados fue el local central de su organización en la Capital Federal, y que los policías al ingresar “desconectaron las cámaras de seguridad” del lugar para no dejar registro de lo que hacían.
El dirigente del Polo fue consultado en la rueda de prensa sobre si existe extorsión sobre las personas que, yendo a los comedores de su organización, no asisten a una marcha. Belliboni lo rechazó. Agregó que los movimientos no tienen el poder de decidir la baja de un plan social y que reciben alimentos “a granel” y no dinero.
En nombre de la UTEP habló Alejandro Gramajo. “No tenemos duda de que nuestros compañeros son honestos y sacrificados y que cada día tratan de construir un país más justo”, declaró. Como los otros dirigentes, Gramajo inscribió los allanamientos en una operación mediática que con el tiempo se mostrará insustancial. “Esto se inscribe en una política del gobierno para atacar a todos aquellos que hagan visible que no vino a terminar con la casta, sino a empobrecer al 80 por ciento de la población”.
