Frente a la hipótesis firme de que el niño Loan Danilo Peña, desaparecido hace 12 días en la localidad correntina de 9 de Julio, fue víctima de una red de trata de personas, la causa y su búsqueda pasaron a la justicia federal. Cinco de los detenidos fueron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años. El sexto –el comisario Walter Maciel– quedó imputado por encubrimiento. El caso, que generó una fuerte conmoción nacional– ocurre en un contexto de desmantalmiento por parte del Gobierno de Javier Milei de las políticas públicas para prevenir la trata de personas y acompañar a las víctimas de ese delito y evitar que haya “zonas liberadas”.
Antonio Benítez, tío de Loan; Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, una pareja amiga de Benítez, están señalados como partícipes primarios de la captación del niño. En tanto, Carlos Pérez, un capitán de navío retirado, y su esposa, la ex funcionaria municipal, María Victoria Caillava, están señalados como presuntos coautores materiales, a cargo de “la organización”, según informaron los fiscales provinciales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo en conferencia de prensa.
La zapatilla embarrada del niño, encontrada en el rastrillaje en los alrededores de la casa de la abuela, fue plantada, dijeron los fiscales y apuntaron sus sospechas en torno a las maniobras para entorpecer la investigación a Maciel. En ellas apuntaron directamente al comisario detenido.
Barry y Castillo detallaron: “Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas”. Todos los detenidos se negaron a declarar frente a los fiscales, que al pasar a la Justicia federal el caso ya no tendrán más la investigación a su cargo. “Todos están bajo sospecha, incluido el padre”, destacaron.
“Hablé con Patricia Bullrich, creemos que podemos hablar ya de una posible causa de trata y vamos a poner todos nuestros recursos a disposición”, confirmó temprano el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La ministra de Seguridad, que pasó más de una semana sin referirse al hecho, este lunes hizo su escena de sobreactuación y anunció que viajará a Paraguay para interiorizarse en el caso –aunque ya tenía agendado ir al país vecino por otro motivo– y reunirse con la policía paraguaya porque quiere que “trabaje a un ritmo realmente fuerte”. En Paraguay negaron tener datos de que el chico hubiera entrado a ese país. Anoche, una versión señalaba que la ministra finalmente no viajaría al país vecino.
En diálogo con Página 12, el exdirector del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata hasta el 16 de marzo, Gustavo Vera, criticó a los fiscales y consideró que la pesquisa fue mal llevada por la justicia provincial desde un principio –centrándose en que el niño se había extraviado al ir a buscar naranjas, sin poner el acento en la hipótesis de trata– como consecuencia del desmantelamiento de organismos contra ese delito ocurridas desde que asumió Milei. También apuntó contra el gobierno correntino. “El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata estaba conformado por cinco ministerios y tenía una dirección operativa, con un delegado o delegada por provincia. Cada uno de esos delegados cumplía una función múltiple: por un lado articulaba las mesas interinstitucionales entre los gobiernos provinciales, los organismos del Estado Nacional, y el Poder Judicial, para generar mayor sinergia, trabajo en red y multi control, sobre todo de que no haya zonas liberadas”, explicó Vera, presidente de la Fundación La Alameda, con larga trayectoria en la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y la explotación infantil.
Había sido designado al frente del Comité durante la gestión de Alberto Fernández y fue apartado del cargo en marzo. “Había 36 mesas interinstitucionales, la más compleja era Corrientes: el gobierno provincial siempre retaceaba la colaboración porque no quería que los organismos del Estado Nacional y el Poder Judicial federal tuvieran esa incumbencia sobre lo que hacían. Una de las funciones que establece la ley y también el decreto que jerarquiza la dirección operativa es elaborar y supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación, tanto de asistencia como los de rescate y de búsqueda”, explicó Vera. “De haber habido un Comité, un delegado presente en la provincia de los Corrientes, el Comité funcionando, hubiéramos actuado de múltiples maneras para que institucionalmente se presionara muy fuerte para que la causa por la desaparición de Loan desde el minuto cero fuera investigada con todo el protocolo federal como caso de trata, teniendo en cuenta lo que implica el alerta Sofía en su integralidad: no solo difundir la foto del pibe, sino además también reemplazar a las fuerzas locales por las federales, la coordinación permanente con otros países cuando se dictase el alerta migratorio, el control del transporte público, el alerta en vialidad para el control en los peajes, múltiples medidas que en general son bastante efectivas para buscar el paradero de personas sospechadas de que podrían haber desaparecido por trata”, detalló. Vera también señaló que desde el punto de vista de la trata laboral, el gobierno de Milei “ha desmantelado las agencias territoriales, se está prácticamente diluyendo lo que es la División contra el trabajo legal de AFIP, se ha suspendido la colaboración con Senasa para identificar a los que podrían ser imputados por el delito de trata laboral y esto está en línea con el DNU y con lo que plantea la Ley Bases de eximición de multas por trabajo no registrado, o sea la naturalización de la esclavitud”.
Sobre la pesquisa de la desaparición de Loan, Vera precisó que el Protocolo de investigación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) establece que hay que trabajar en las primeras horas sin descartar hipótesis. Ni reducir a una sola.
Frente a las críticas hacia la búsqueda del niño, durante la conferencia de prensa, el fiscal Castillo responsabilizó al comisario Maciel, a quien acusó de “entorpecer la investigación”. Castillo alegó que junto a su colega Barry “activaron los alertas de caso” y aseguró que “desde el Ministerio de Seguridad están obligados a realizar los operativos” pero responsabilizó al comisario Maciel –imputado de encubrimiento– de incumplir con “los cortes de rutas, el cierre de la provincia y todas las medidas tendientes a dar con el niño”. “No nos pasaba la información como corresponde”, agregó. También dijo que la “zapatilla embarrada” de Loan fue plantada porque los perros determinaron que “no estuvo el niño, conforme a los olores,” en ese lugar.
Hasta el momento, la causa por la desaparición de Loan estaba a cargo del fiscal Castillo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya, y su colega Barry, de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac). Ante las imputaciones por los delitos de trata contra cinco de los detenidos –y por encubrimiento contra el comisario–, el expediente pasó al fuero federal. Quedó a cargo de la jueza federal de Goya y del fiscal federal de ese distrito, Mariano Guzmán.
A 11 días de la desaparición del niño, la fiscalía sostuvo que las pruebas incriminatorias contra los nuevos detenidos son el resultado de lo que olfatearon los perros en dos vehículos del matrimonio y que Loan nunca salió caminando de la zona donde fue visto por última vez.
Los fiscales que llevaron adelante la investigación durante esta primera etapa emitieron un dictamen en el que plasmaron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron, hasta el momento, a la detención de seis sospechosos. En el extenso documento que elevaron al juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, quien remitió la causa a la Justicia Federal, Barry y Castillo descartaron que el niño se haya perdido y aseguraron que “lo captaron” con fines de explotación. Asimismo, afirmaron que se “plantaron pruebas”.
