Destruir Todo, Ensuciar a todos

*El Fondo Fiduciario para la Recuperación del Área Ovina (FRAO) o más conocida como “Ley Ovina” fue creada por ley 25.422/2001, durante los primeros 10 años de gestión, el Estado Nacional aportó 20 millones de dólares/pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados y con la modificación del manual operativo de dicha ley en el 2014 donde se logró mediante el aporte de un conjunto de técnicos y profesionales que por prepotencia de trabajo logramos la incorporación de los Agricultores Familiares a las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP).

*La administración de estos fondos se ejecutaba a través de Comisión Asesora Técnica (CAT), conformada por el INTA, SENASA, SAGPYA, AGRICULTURA FAMILIAR, un representante de los productores de las provincias adheridas y un representante del poder ejecutivo de cada provincia adherida, que evalúan el destino de estos fondos y eligen un coordinador nacional y aquí un recuerdo al compañero, colega y amigo Dr Marcelo Cristian Aceval que con gran pasión y profesionalismo coordino esta ley; esto a nivel nacional, las provincias adheridas conformaban una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) compuestas por el representante del ejecutivo provincial (1), productor representante del sector ovino (1), INTA (1), SENASA(1) y Agricultura Familiar (1 técnico y 1 productor), la cual llama a concurso de créditos y los evalúa a nivel provincial.

*Nuestra UEP, ubicada en Curuzu Cuatia y mediante esta los productores de correntinos ejecutaron en 2022 créditos (aportes reintegrables; AR) y aportes no reintegrables (ANR) por una cifra un poco superior a $52.600.000 y en 2023 un monto superior a $57.200.000 que los productores ovinos beneficiados por esto créditos blandos destinaron mejoras de infraestructura, incorporación de genética, retención y compra de vientres, comercialización y promoción de los subproductos del ovino, accediendo a esta ley las asociaciones de productores tan diversos como las Sociedades Rurales (SR Curuzu, Corrientes, Mercedes), Agricultores Familiares, Ferias Francas, cooperativas, universidades entre otros; precisando que los ANR representan menos del 10% de los fondos adjudicados.

*Esta justificación para seguir aplicando a todos los sectores de la sociedad el rigor de la motosierra son falaces y revelan el desconocimiento y desprecio hacia el interior profundo que el centralismo porteño ocupa del ejecutivo nacional profesa; como respuesta, las asociaciones de productores como SR históricos beneficiarios de estos fondos que llegan a 20 provincias y son un salvavidas para las emergencias como las grandes nevadas en la Patagonia, la falta de rentabilidad y bajo precio de la lana, incentivo del consumo de la carne ovina, etc. ensayan un tibio y anodino reproche por anteojeras ideológicas a quien les recorta fondos que desde su creación les fueron muy beneficiosos.