Mientras el presidente electo deja entrever las figuras que ocuparán funciones en el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, su misión de achicar el Estado comienza a corporizarse en la suerte de un organigrama apretado. Más allá de los cambios de último momento, el tira y afloje con los correligionarios del PRO y la impronta propia que pueda imprimirle Javier Milei, hay una de las apuestas que se sostiene con firmeza. La referencia es para el flamante Ministerio de Capital Humano que fue creado a medida de Sandra Pettovello. La súper cartera agrupará los actuales ministerios de Educación, Trabajo, Desarrollo Social (se llamará Niñez y Familia) y Salud, que serán degradadas a Secretarías.
En un contexto de ajuste brutal, la periodista tendrá la responsabilidad de garantizar el bienestar y el desarrollo de la población, discutir con sindicatos, administrar planes sociales, promover el acceso a la salud y hacer malabares para que el sistema educativo se mantenga erguido. Una meta que podría desbordar a cualquier persona con trayectoria en el Estado; cuanto más a alguien sin experiencia en la gestión pública.
Al reducir de diecinueve a ocho carteras, es natural que diversas funciones queden agrupadas en ministerios XL. Uno de los interrogantes que surgen, en este sentido, es de qué manera Pettovello administrará tremenda complejidad. Una de las principales incertidumbres se vinculará con la articulación que logrará imprimir a su gestión. Es decir, más allá de que existan puntos en común entre áreas como Educación y Trabajo, o Desarrollo Social y Salud, en la práctica los vínculos no se trazan de manera lineal. Fusionar áreas tan disímiles, a menudo, representa más problemas que soluciones.
El nombre escogido ya encierra su propia contradicción, o más bien, un sinceramiento. En contraposición a quienes creen que la humanidad va por un lado y el capital por el otro, la deshumanización que plantea el mercado en todas las esferas —y que La Libertad Avanza escogió como bandera— hace comprensible el bautismo de “Capital Humano”. Y Sandra Pettovello, en este marco, parece ser la persona más indicada para ocupar el cargo. Es periodista egresada de la Universidad de Belgrano y licenciada en Ciencias para la Familia en Universidad Austral. Además, tiene un posgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España.
En la actualidad, ocupa el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por CABA y previamente fue vicepresidenta de la UCeDe. No tiene experiencia en gestión pública, sino que se ha desempeñado como columnista en Radio El Mundo, y como productora periodística en varios productos, entre los que destaca de La Cornisa, de Luis Majul.
Según su cuenta de Linkedin, que tiene más de seis mil seguidores, su formación indica la presencia de un perfil variopinto: se define como orientadora vocacional y laboral, asistente de investigación, “consultora psicológica” y detenta posgrados en “neuropsicoeducación” y otros aún más extravagantes como “ciberpsicología” y “terapia familiar sistémica”.
¿Superministerio o superproblema?
Desde La Libertad Avanza, el hecho de que Pettovello deba administrar áreas tan complejas y disímiles entre sí no será un problema, sino todo lo contrario. Precisamente, este agrupamiento permitirá la puesta en marcha de políticas transversales. Así lo deja en claro LLA en su plataforma: “Creemos que la mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de Argentina es fusionando los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas que garanticen la no intromisión de un área en la otra que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados”.
Lo cierto es que si se revisa la historia argentina, el país funcionó durante mucho tiempo con una estructura de ocho ministerios. Desde 1898 al gobierno de Perón se trató de una disposición constitucional, pero luego la cantidad dependió de la ley de ministerios. Durante el siglo XX, aunque varió la cantidad, siempre tendió a mantenerse una estructura con ocho ministerios más estables, y otros que variaban de nombre y función. Recién a partir del proceso de “inflación ministerial”, a partir de los 2000 y con la especialización creciente de funciones estatales y de tareas de los profesionales se incrementó el número y, como resultado, se cristalizó en un aumento sostenido de estructuras burocráticas.
En este caso, el sentido de aplicar la motosierra al organigrama gubernamental tiene que ver con el modelo de sociedad que el gobierno electo tiene en mente. Y aquí, como en casi todo, hay diferentes perspectivas. Por un lado, hay quienes creen que no es tan importante el grado jerárquico que se le brinde a un área, es decir, si es ministerio, secretaría o subsecretaría, sino que lo importante es la función que desempeñan y el presupuesto que se le otorga dentro de la estructura del Estado. Por ejemplo, el actual ministerio de Ambiente podría haber funcionado como Secretaría y eso no implica, necesariamente, que se trate de algo menos importante. Por otra parte, están quienes sostienen que el hecho de disminuir el rango jerárquico ya constituye todo un síntoma, en la medida en que aquellas áreas que sean degradadas asumirán un rol menos importante en el andamiaje institucional.
De una u otra manera, el ejemplo de lo que sucede con Capital Humano representa una señal muy fuerte en relación a un achicamiento sustantivo del Estado.
Números puestos y dudas
En las secretarías de Educación y Salud no hay números puestos. En la primera, quien suena con fuerza es Martín Krause que, esencialmente propone una reforma educativa que apuntará a la libertad de contenidos, métodos y proveedores. Desde aquí, se financiará la demanda: las familias recibirán el dinero para mandar a sus hijos a las instituciones educativas. Habrá que ver cómo y cuándo finalmente se imponga la controvertida política de los vouchers. Será cuestión de esperar todavía más para conocer sus efectos a largo plazo y mensurar, sobre todo, cómo afectarán las condiciones de acceso a la educación. Las universidades, por su parte, tendrán un lugar de representación al interior de la Secretaría de Educación, pero aún hay más dudas que certezas. En los últimos días, se supo que Elena Urrutia, abogada argentina y esposa del exministro de Hacienda de Pinochet, lideraría la transición en este espacio.
En relación a Salud quien pica en punta es Eduardo Filgueira Lima quien, al compás del espíritu libertario, planteará la libertad de elección del sistema de salud por parte de los usuarios (ahora clientes), y también se financiará la demanda y no la oferta. La población será la que escoja si quiere atenderse con obra social, prepaga o el Estado. Además, otra de las propuestas más taquilleras refiere a la desregulación del sistema de seguros y el arancelamiento de las prestaciones.
En Trabajo, uno de los confirmados es Omar Yasín, que tendrá la responsabilidad de avanzar en un plan de “modernización laboral”. En el pasado, abogado laboralista del PRO, seguirá el lineamiento que en cada ocasión indica Milei: aplicar el modelo de la UOCRA (Unión de Obreros de la Construcción Argentina), cuyo esquema de seguros de desempleo reemplaza a la indemnización. Otro de los que ya está trabajando y tendrá su rol en el nuevo armado es Federico Azpiri, actual director de la Administración del Hospital Fernández. Desembarcará como titular del PAMI.
Desarrollo Social pasará a llamarse Niñez y Familia, y estará a cargo de Pablo De la Torre, hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, cercano a Aldo Rico y uno de los armadores de la campaña de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. El futuro secretario ya dejo entrever el perfil que tendrá su gestión. En sus redes sociales planteó: “Con Sandra Pettovello queremos que la plata del Estado sea una inversión en el capital humano de cada argentino y no una limosna que los condene a la pobreza. Vamos a terminar con el modelo que nos llevó al fracaso total. Con foco en defender la vida y la familia”. Será el responsable de, por ejemplo, administrar los planes sociales que en palabras del futuro presidente “no se cortan, sino que serán redefinidos” y de la asistencia estatal en un Estado que, bajo la administración de Milei, se recluirá más de lo que intervendrá.
Fuera del mapa
A dos semanas de la asunción, una de las grandes incógnitas la constituye el área científica. El presidente electo solo dejó entrever lo que sucedería con el Conicet que, a priori, pasaría a estar al mando de Daniel Salamone. El veterinario y especialista en clonación le intentará imprimir un rol empresarial al Consejo, que se rearma con la ayuda subyacente de un viejo conocido: Lino Barañao. El exministro del gobierno de Cristina Fernández y luego del macrismo tiene un rol en el armado del nuevo rompecabezas.
Ahora bien, el sistema científico y tecnológico, hasta el momento conducido por el ministro Daniel Filmus, incluye al Conicet pero lo desborda. ¿Qué sucederá con las 18 instituciones que componen el sistema? Hasta el momento, nadie del círculo de Milei se ha comunicado con el MinCyT, a excepción de Alejandro Consentino. Se trata del fundador de Afluenta y vicepresidente de la Cámara Argentina FinTech, que la semana siguiente tendrá las primeras reuniones en la sede que el ministerio tiene en Palermo, con el propósito de organizar un principio de transición. Queda la duda si CyT será representada en una Secretaría al menos.
Desde la gestión actual auguran tiempos de ajuste presupuestario y degradación simbólica, escenario observado durante el macrismo y también el menemismo. En 1994 fue el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que mandó a lavar los platos a la socióloga Susana Torrado (fallecida en 2022). Algo similar ocurrió durante el macrismo, cuando entre el 2016 y 2017, el trabajo de los científicos fue puesto en duda y ferozmente criticado. Como se observa, el menosprecio no es nuevo; por el contrario, se reitera toda vez que desembarca un gobierno que no cree en un modelo de país inclusivo que apueste a la ciencia y a la tecnología.
Asimismo, habrá que ver cómo se cumplirán normas sancionadas de manera reciente como la Ley de financiamiento (que garantiza el incremento plurianual de las inversiones de Estado en el sector) y el plan 2030 (que traza las áreas estratégicas en donde la nación debería orientar los esfuerzos). Entre tantas incógnitas, de algo se puede estar seguros: lo que no se valora se deja para lo último y lo que se deja para lo último podría cerrarse.
