La lista que encabeza Juan Román Riquelme presentó este lunes una serie de pedidos de nulidad que, sin son aceptados, dejarían paso a la realización de las elecciones. Todo debe ser tratado por la nueva jueza de la causa, Analía Romero, a menos que ella misma se excuse, algo muy probable. Sucede que Romero, integrante de una agrupación de magistrados afín al macrismo -Compromiso Judicial- es también socia activa de Boca y no accedió a ese status siendo socia adherente. Pasó sin escalas a activa en tiempos en que conducía el club el macrista Daniel Angelici, cuya estrategia consistía en privilegiar a jueces, juezas y fiscales. La cuestión del pase de adherente a activo es justo el fondo de la polémica actual, porque la lista de Andres Ibarra-Mauricio Macri cuestiona el padrón señalando que hay 13.000 socios que eran adherentes y pasaron a activos en 2021. Todo indica que Romero se inhibirá de intervenir por ser parte interesada, dado que ella misma fue protagonista de un pase similar. Eso significaría que habrá un nuevo sorteo y un nuevo juez o jueza.
La anterior magistrada, Alejandra Abrevaya, aceptó la recusación presentada la semana pasada por la lista de Riquelme-Ameal. La magistrada debió mandar el expediente a sorteo el mismo viernes o en la mañana de este lunes para que se haga cargo un nuevo juez, pero ella fue demorando el trámite e incluso adoptó nuevas medidas, como fijar honorarios para peritos o rechazar pedidos de nulidades. Tras las idas y venidas, la causa llegó a la Sala E de la Cámara Civil, integrada por los doctores José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y la doctora Marisa Sorini. Los camaristas procedieron al sorteo y quedó designada Romero.
El motivo de la recusación de Abrevaya fue que, en su fallo suspendiendo las elecciones en Boca Juniors, usó dos testimonios de personas cuyos nombres escondió en la resolución y cuyas declaraciones no están en el expediente. Una maniobra grotesca. El viernes, tras la presentación del apoderado de Boca, Walter Krieger, la jueza notificó los nombres de los testigos, pero siguió escondiendo las declaraciones.
La situación de Abrevaya ya era insostenible. El oficialismo demostró con toda claridad que actuó con parcialidad, entre otras cosas porque buena parte de los socios activos objetados fueron traspasados en épocas de la presidencia de Daniel Angelici. Entre ellos, figura nada más y nada menos, que el hermano de la magistrada, Sebastián Abrevaya, exdirigente de la fuerza de Margarita Stolbizer, que se unió al macrismo. Y ahora se suma la jueza Romero que fue traspasada de la misma manera.
Es muy posible que Abrevaya haya visto la multitudinaria marcha que se realizó el domingo y, por lo tanto, seguramente decidió que lo mejor era dar un paso al costado.
En la conferencia de prensa de la semana pasada, Riquelme y el apoderado Krieger explicaron las irregularidades y demolieron la denuncia de Ibarra-Macri, quienes objetaban a esos 13.000 socios que fueron traspasados de adherentes a activos hace dos años. Los argumentos de Riquelme-Ameal fueron los siguientes:
*Quien tiene la facultad de pasar socios adherentes a activos es la Comisión Directiva. Esa atribución la usó largamente el macrismo cuando gobernó el club y no hay razón para cuestionársela a la actual directiva.
*Cualquier socio, de todas maneras, cuenta con la facultad de objetar a alguien que se haya incorporado a la categoría de socio pleno. Pero el límite de tiempo es un año, y casi todos los socios objetados fueron traspasados en 2021. El plazo de objeción está vencido.
*La jueza usó dos testimonios en su fallo. No los identificó como corresponde y sus declaraciones no figuran en el expediente. Ambos testigos están en conflicto con el club. Se trata de una empleada en litigio judicial y un socio que reclama ser puesto entre los activos. Es evidente que los aportó la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.
A partir de la maniobra con los testigos, el apoderado Krieger recusó a la jueza y la magistrada aceptó esa recusación. El oficialismo entonces pidió la nulidad de varias resoluciones de la jueza, pero lo asombroso fue que la propia Abrevaya rechazó parte de las nulidades cuando debió dejarle esa cuestión al juez que resultara sorteado. A esto se sumaron las demoras. Al pedir que se dejen sin efecto estos pasos de Abrevaya, se habilitaría la posibilidad de realizar las elecciones.
El expediente Boca permite una mirada sobre a justicia en tiempos de macrismo. La jueza Romero llegó al cargo de la mano de Macri, quien le tomó juramento. Había salido en el puesto 21 del concurso correspondiente. La jueza Abrevaya -que twiteó contra el peronismo en varios oportunidades- concursó para llegar a la Cámara Civil. Le fue mal, al punto que se cubrieron los cargos, sólo queda uno y hasta el momento tampoco la designaron en ese único cargo vacante.
En la ofensiva para volver a quedarse con Boca, el macrismo tiene un listado de estrategias. Eso incluye intervenir el club, una supuesta depuración de los padrones, pero lo prioritario es postergar las elecciones. Lo que busca es que se vote con el nuevo gobierno y con alguien afín en la Inspección General de Justicia (IGJ), de manera de mover la estantería si la diferencia es chica. En esa hipótesis no es imposible que terminen habilitando la elección el 17 de diciembre, cuando ya haya asumido Javier Milei. Un dato que tiene cierta relevancia es que la IGJ depende del Ministerio de Justicia. El futuro ministro será Mariano Cúneo Libarona, hombre de fútbol, dirigente y abogado de Racing, a quien -por lógica- no le va a gustar nada la intervención de un club. Cúneo sabe que en AFA caería muy mal: sería una declaración de guerra.
Tras la impresionante movilización de este domingo, es muy posible que cualquier funcionario se cuide mucho en las decisiones que tome. Riquelme no sólo objetó lo hecho por Ibarra-Macri en Tribunales, sino que puso a la gente en la calle, con una marcha que no tiene antecedentes en ninguna asociación civil de la Argentina.
