La serie de decretos que el Gobierno tiene en carpeta desde diciembre como plan B en caso que se cayera el proyecto de ley ómnibus comenzarán a ver la luz a partir de esta semana. Se trata de una nueva saga de medidas concebidas en la Rosada para echar mano de la famosa “botonera del Estado”, con el objetivo de profundizar el plan de ajuste y “empobrecer a los que ponen trabas”, tal como lo describió el ministro sin cartera ni filtro a la hora de declarar Federico Sturzenegger.
En esa lista aparece como prioridad oficial la desregulación de las obras sociales de los trabajadores del sector privado, a las que el propio Javier Milei describió como una “caja negra”. Esa idea ya estaba contemplada en el capítulo laboral del mega-DNU y había sido frenada por la justicia a través de distintas medidas cautelares, pero la administración libertaria insistirá con su aplicación, lo que promete nuevos conflictos en la calle, principalmente con la CGT.
La idea de avanzar sobre un tema tan sensible para los trabajadores como su cobertura de salud se terminó de cocinar este viernes en una reunión en casa de Gobierno de la que participaron Sturzenegger y el asesor estrella Santiago Caputo, entre otros funcionarios de primeras y segundas líneas. Parte del paquete de ajuste contra los gremios incluye transferirles a las obras sociales la totalidad del costo del servicio para los afiliados con discapacidad, que por ahora está cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución.
La versión que dejaron trascender desde la actual conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es que se publicará esta semana vía decreto la reglamentación de una parte del DNU 70/23 que habilitaría la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores, mientras que está en “estudio” lo que pasará con los fondos para discapacidad. La desregulación de las obras sociales había sido frenada por la justicia, junto al resto del capítulo laboral del decretazo, a través de diversas cautelares solicitadas por la CGT.
Una rémora de los 90s
“La desregulación de las obras sociales viene desde la década de los 90, con el Gobierno de Menem y Cavallo”, lanzó este domingo el Secretario de Acción Social de la CGT y titular del sindicato de Sanidad (SGBATOS), José Luis Lingeri. “Lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obras social de origen y ahora lo podría hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese. Por otra parte se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria, para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, explicó el dirigente.
“Supuestamente se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas. Este fue un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez hecha la opción deberá permanecer un año en la misma. Lo que no está resuelto en estos cambios son los medicamentos de alto precio. Tampoco qué pasará con los monotributistas —que debería ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar—, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. En ese caso, el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, describió el titular del SGBATOS.
Respecto del recorte de los subsidios para afiliados con discapacidad, el Gobierno ya había deslizado la semana pasada que la Superintendencia de Servicios de Salud estaba trabajando en “un informe” sobre “cómo funcionan” los subsidios que reciben las obras sociales,con la idea de recortar fondos a “los que ponen trabas en la rueda”, en referencia a los gremios. Se trata del mismo argumento —la supuesta “falta de transparencia”— que ya utilizó el Gobierno para recortar los fondos para los comedores que organizan los movimientos sociales y que dejó a miles de familias sin un plato de comida en plena escalada inflacionaria.
“El tema excluyente sigue siendo el de discapacidad, que se lleva el 90 % del Fondo Solidario de Redistribución”, sumó Lingeri.
Que sea por decreto
Las principales espadas del Gobierno ya dejaban trascender en las horas posteriores al naufragio del proyecto de ley ómnibus que varias de las reformas que no pasaron el filtro del Congreso saldrían mediante DNUs, decretos simples y resoluciones ministeriales. La idea rectora es aplicar a fondo el déficit cero, el mantra ordenador de la gestión libertaria. En Balcarce 50 ya ponían como caso testigo la intervención de los medios públicos como el camino a seguir, por caso, para despedir personal y desguazar a las empresas del Estado cuya privatización había sido rechazada en Diputados.
En esa línea, a la par de la desregulación de las obras sociales, el Gobierno pretende avanzar en el corto plazo con los recortes en cultura —por ejemplo en el Instituto del Cine— y en los mentados “fondos fiduciarios” que también saldrían esta semana a través de decretos.
Conflicto en puerta
Ante ese escenario, la CGT le abrió la puerta a una nueva medida de fuerza. “El Gobierno está generando todas las condiciones para un nuevo paro”, lanzó este fin de semana el cosecretario general de la central obrera Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. “No vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general”, avisó por su parte Pablo Moyano.
El panorama de conflicto se puede completar esta semana con la convocatoria que realizó el Gobierno tanto a los gremios docentes como a los estatales para discutir paritarias. “Será difícil un acuerdo”, advirtieron desde ATE.
