Este miércoles, la Cámara de Diputados sesionará y Martín Menem deberá enfrentarse finalmente al escándalo que generó la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para sacarse fotos con represores condenados por delitos de lesa humanidad. El oficialismo está enfocado en encapsular el escándalo y evitar la creación de una comisión investigadora que continúe ahondando en el tema, pero para eso necesita sumar a todos los aliados. En una reunión privada con los dialoguistas, Menem les propuso sacar un comunicado lavado “en defensa de la democracia” que ni mencionaba a los diputados libertarios que habían ido a visitar a Alfredo Astiz ni el detalle del encuentro. El radicalismo y Hacemos Coalición Federal, que quieren repudiar el episodio pero no quieren pelearse con el gobierno, analizaban, al cierre de esta edición, como avanzar: de ellos dependerá que Unión por la Patria consiga el número para constituir la comisión especial.
La sesión del 7 de agosto había sido convocada hace dos meses con el objetivo de dar inicio formal a la segunda etapa legislativa del gobierno nacional post Ley Bases. El temario estaba compuesto por proyectos que no generaban grandes conflictos y contaban con el acompañamiento de los aliados: eran más de una docena de iniciativas entre las que se destacaban dos proyectos securitarios de Patricia Bullrich que pretenden modificar el Registro Nacional de Datos Genéticos y prorrogar el tiempo para registrar las armas de fuego. Los proyectos más conflictivos de Bullrich – como la baja de edad de imputabilidad o la ley anti mafias – habían quedado afuera, de modo de no “manchar” la tranquilidad de una sesión que Menem quería celebrar como un triunfo oficialista.
La excursión al penal de Ezeiza encabezada por Beltrán Benedit, sin embargo, desbarató los planes. El eje de la sesión ya no serían ni los proyectos a debatir ni la victoria del oficialismo. El protagonismo lo tendría, en cambio, la comitiva que fue a fotografiarse con Astiz. La conducción libertaria, consciente de esto, viene ensayando distintas estrategias para evitar este desenlace. La principal preocupación es evitar que UxP logre impulsar la creación de una comisión investigadora que, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, analice si corresponde la expulsión de los seis diputados: Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Hay diputadas como Gisela Marziotta que, incluso, presentaron un proyecto de ley –con el acompañamiento de otros 27 legisladores– para pedir la expulsión directa de los seis libertarios. Si bien, de momento, la línea de la conducción del bloque es apostar a la constitución de la comisión, se espera que varios aprovechen el momento de las cuestiones de privilegio para referirse al tema.
“Será la sesión de las cuestiones de privilegio. Ezeiza, la denuncia de Fabiola Yañez, Venezuela. Nadie se va a acordar de los proyectos”, ironizaban tanto en el oficialismo como la oposición, todos preparados para aprovechar el último escándalo que había afectado al adversario para refregárselo en la sesión al día siguiente. En UxP esperan poder alcanzar el número para impulsar la creación de la comisión: hasta la misma Arrieta, una de las “arrepentidas” de la visita a Ezeiza que apareció en primer plano en la foto con los represores, presentó un proyecto para crear una comisión que la investigue. Pero con los votos de las oficialistas díscolas – Bonacci también dijo que acompañaría – no alcanza: el peronismo necesita del radicalismo y el pichettismo y, de momento, no está del todo seguro de tener los votos.
El motivo es que Menem, después de repetir y repetir que la visita era un tema “personal” de los diputados, empezó a diagramar una estrategia específica para frustrar la creación de la comisión. El riojano finalmente respondió a los pedidos de Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto de ofrecer algún tipo de respuesta institucional desde la Cámara y comenzó a trabajar, junto a Gabriel Bornoroni (jefe de bloque oficialista), en un comunicado conjunto en defensa de la “democracia”. Es decir: ningún repudio al accionar de sus diputados ni al terrorismo de Estado. “Ellos nos dijeron que fueron por cuestiones humanitarias y desde el bloque les creemos”, sostienen en la conducción de LLA.
El comunicado propuesto por el oficialismo, sin embargo, no convence al radicalismo ni a HCF, que están de acuerdo en acompañar un documento conjunto que reemplace la comisión investigadora, pero no tan abstracto. Los bloques dialoguistas continuarán discutiéndolo internamente y volverán a reunirse el miércoles a la mañana, cuando se lleve a cabo labor parlamentaria, para definir un curso de acción. Varios, sin embargo, estaban furiosos con el oficialismo por romper el acuerdo que habían llegado para designar a los representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación: el oficialismo se había comprometido a darle un lugar a la UCR que, cuando se enteró que lo ocuparía Mario Negri, se arrepintió y ahora reclama la silla para su apoderado, Santiago Viola.
