La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, presentó las nuevas modificaciones que se le incluyeron al proyecto que busca la extranjerización de la tierra en una conferencia de prensa en el Senado nacional. Los cambios buscan seducir a los aliados que por estas horas todavía tienen reparos en el proyecto, que tuvo más de 16 versiones y llegará al recinto el próximo jueves con los votos ajustados. Si bien desde la bancada violeta manifestaron llegar al número necesario para aprobar la norma, la exministra evitó dar precisiones sobre cómo vienen las negociaciones. Entre las nuevas incorporaciones al texto se encuentra el límite para la compra: ahora propone subir el tope porcentual vigente del 15% al 25% de la superficie de cada distrito. Límite al que calificó de “razonable”. Más maquillaje para un proyecto que pone en jaque las tierras más valiosas argentinas.
“Hemos defendido la soberanía, la patria. Hemos liberado territorio tomado por el narcotráfico”, dijo la presidenta del bloque libertario desde el Salón de las Provincias al asegurar que cuidar la soberanía “es una decisión de todos los días”. En tanto, apuntó directamente contra el diputado Máximo Kirchner por la ley de tierras rurales, pese a que no fue iniciativa del camporista. La senadora cuestionó la ley sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner, que fijó que la totalidad de las tierras rurales en manos de personas físicas o empresas extranjeras no puede superar el 15% del territorio a nivel nacional, provincial y departamental. Para la ahora libertaria, la ley generó “un desastre” porque evitó inversiones en el país y bajó el valor de las tierras. Por lo que sostuvo que en los nuevos cambios al texto “se reforzaron las capacidades y las facultades de las provincias que la Ley Máximo Kirchner había sacado, porque decidió cuánta tenía cada provincia”. Aquí, por error o premeditación, Bullrich volvió a adjudicarle la ley de tierras al legislador peronista, que en 2011 no era miembro de la Cámara baja.
Por otra parte, Bullrich sostuvo que los extranjeros que invierten en Argentina tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, pero aclaró que la propiedad de un inmueble no implica el ejercicio de soberanía: “Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título; la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio”.
El nuevo artículo 3 de la Ley de Tierras, según la última versión del dictamen que circuló, es el que dispone “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”. Además, indica que toda adquisición “deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia, consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”, mientras que en el caso de las empresas con participación estatal extranjera deberá adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional.
Otro de los cambios polémicos tiene que ver con que la restricción es por provincia y ya no por departamento. De esta forma, el proyecto asegura que los extranjeros puedan acceder a las tierras productivas con menos restricciones. Para Bullrich, la ley vigente pone límites a las zonas con mayor productividad de igual manera que a las zonas que no lo son. Es decir, rompe con la idea de una distribución más equitativa dentro del territorio provincial para pasar a habilitarles a los extranjeros las tierras más codiciadas. Bullrich dio el ejemplo de Río Negro, donde los extranjeros podrían tener más interés en las tierras del Alto Valle y acceder a más terrenos de esa zona.
Sobre esta modificación, el diputado Maximiliano Ferraro ya lanzó uno de los primeros cuestionamientos: “El límite de extranjerización no puede solo limitarse al promedio provincial. La concentración puede darse en zonas específicas, como departamentos o áreas estratégicas, aunque una provincia no supere el límite general. Esto es muy relevante en zonas de frontera, como la Cordillera de los Andes, donde el proyecto otorga facultades excepcionales para autorizar ventas sobre estos territorios estratégicos”.
El texto que llegará al recinto el próximo jueves propone también que se eliminen los límites hoy existentes para la concentración por una misma nacionalidad de más del 30% del cupo permitido. Este punto tenía el objetivo de buscar previsión con potenciales implicancias geopolíticas. También se flexibilizan las restricciones individuales de superficie, como el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Sobre las zonas de fronteras, una de las principales preocupaciones que manifestaban los aliados, se confirmó que la venta deberá también contar con autorización de la provincia y la Nación. Además, se añade que el PEN “comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional”.
En la conferencia, donde Bullrich estuvo acompañada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y por los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), también se detallaron modificaciones sobre las expropiaciones. “Por primera vez vamos a dejar en claro qué es una expropiación. Si el Estado nacional o provincial decide expropiar, se paga. No se le roba la tierra a aquel que la tenía”, sostuvo Bullrich.
El proyecto que incrementa los costos de las expropiaciones para obras públicas sigue sin contemplar que la expropiación constituye una herramienta constitucional destinada a posibilitar obras de infraestructura, políticas habitacionales, proyectos energéticos y otras intervenciones de interés general.
Ley de Manejo del Fuego
Con relación a los cambios en este capítulo, la senadora señaló que “los bosques nativos no se tocan”, y consideró que “lo de los 60 años sin poder reusar las tierras es una barbaridad”. En consecuencia, otros ecosistemas que hoy también quedan alcanzados por las restricciones, como humedales, pastizales, estepas y otras áreas naturales, dejarían de contar con esa protección específica.
El proyecto limita la prohibición de modificar el uso del suelo luego de un incendio exclusivamente a los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 y a los bosques no productivos contemplados en la Ley Nº 13.273 frente a incendios provocados con fines inmobiliarios, agropecuarios o de otra naturaleza productiva, al facilitar futuros cambios en el destino de las tierras afectadas”.
El poroteo
Lo que quedó claro en la conferencia es que las negociaciones se darán hasta el último minuto. Si bien desde La Libertad Avanza se mostraron confiados en lograr llegar al número en la próxima sesión, la movilización está prevista frente al Congreso y el impacto que generó el debate público del proyecto prevé un escenario de inestabilidad para la jefa del bloque libertario, que hoy salió con la estrategia de instalar que están tratando de resolver desajustes generados por una ley kirchnerista.
Lo cierto es que por ahora cuenta con los 21 votos de los libertarios, con 7 voluntades del radicalismo, 3 más del PRO, la salteña Flavia Royón, la tucumana de Independencia Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la neuquina Julieta Corroza. La incógnita está puesta principalmente en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; en los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama; y en la chubutense Edith Terenzi.
Con un escenario tan complejo, el oficialismo se aseguró de que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no sea la que tenga que presidir la sesión. Milei adelantó su viaje a Ecuador y Colombia para que la vicepresidenta no ocupe su lugar en el Senado. Es que ya adelantó su rechazo a la ley en caso de tener que desempatar. El escenario sigue abierto: la movilización popular puede ser la clave para la definición de los indecisos.
