“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”. Con esa frase, que repitió en varias ocasiones, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó esquivar la contradicción entre el giro malvinero del gobierno de Javier Milei y su intención de eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Ravier se refirió en la introducción de su conferencia de prensa al fallo de la Corte Suprema que dejó en vigencia el capítulo del DNU 70 de 2023 que derogaba la Ley de Tierras de 2011.
El vocero dijo que los límites que existían en la venta de territorio a ciudadanos no argentinos eran “regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades productivas”.
Luego repitió que vender tierras a extranjeros “no afecta la soberanía territorial” porque “la tierra continúa en la Argentina” y desplegó una postura bastante distante del habitual discurso antimigrante que adopta el gobierno de Milei en línea con Donald Trump. “Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos”, dijo el portavoz.
A continuación, defendió que un extranjero pueda adquirir territorio argentino “para un coto de caza, para producir limones en Tucumán, para soja, cereales y olagineosas en La Pampa, para frutas, manzanas o peras en Río Negro”.
En defensa del DNU
En esa línea, salió a defender fuertemente el DNU 70/2023 que, tras el fallo de la Corte, quedó nuevamente en la mira de la oposición en el Congreso.
El decreto ya fue rechazado en el Senado y los bloques opositores convocaron a una sesión el 15 de noviembre para voltearlo definitivamente. Se espera que esa votación esté acompañada de una masiva manifestación, similar a la que se vivió cuando se intentó sin éxito reformar la Ley de Tierras.
“Somos optimistas de que no va a pasar”, se esperanzó el portavoz de cara a esa jornada clave en el Congreso.
Ravier enumeró los supuestos éxitos de ese DNU desregulador. Mencionó la derogación de la Ley de Alquileres, la liberalización de las cuotas de la medicina prepaga (que derivó en aumentos exponenciales y muy por encima de la inflación) y la eliminación de las facultades estatales para controlar precios.
“La lógica es sencilla: los precios, la oferta y las condiciones comerciales deben decidirse por la competencia y las decisiones de los consumidores”, sentenció el vocero de Milei.
