El martes 15 de agosto comenzará el juicio oral y público contra un grupo de prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre del 2017, en el marco de una violenta persecución y represión en territorio recuperado por la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. Los imputados son cinco efectivos del Grupo Albatros de Prefectura, en ese momento bajo las órdenes de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como parte querellante en la causa, y los acusa de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución montaña arriba en la cual dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad a los que se buscaba desalojar ya habían abandonado el predio bajo custodia. “Decidimos ser parte porque es una causa emblemática de violencia institucional”, dijo a Página/12 el secretario Horacio Pietragalla Corti.
En este juicio “se va a resolver si, dentro del Estado de derecho, está habilitada una fuerza de seguridad para perseguir y asesinar por la espalda a quienes consideran que cometieron un delito, o bien, si los tienen que detener y llevarlos ante la autoridad judicial, que es lo que creemos que debería suceder”, expresó el funcionario. “El juicio es importante para buscar una condena ejemplar que fije un antecedente de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho”, agregó. Durante el juicio, que se desarrollará los días martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización, está previsto que declaren 90 testigos, entre prefectos, policías, peritos y miembros de la comunidad mapuche.
Los abogados de la familia Nahuel, Ruben Marigo y Ezequiel Palavecino, recordaron que en aquel procedimiento también fueron heridos dos miembros de la comunidad, y que se recogieron en el lugar 130 proyectiles “lo que demuestra la falta total del enfrentamiento invocado para justificar el asesinato”. El 15 y el 16 comenzará el proceso con la lectura de la elevación a juicio.
“Estaremos presentes en la causa querellando junto a los padres de Rafael Nahuel que aguardan una respuesta de la justicia hace más de cinco años”, expresaron Marigo y Palavecino, miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). “Por la decisión del Tribunal de negarse a efectuar las audiencias en Bariloche –lugar de los hechos y donde viven los padres y hermanos de Rafita, clara limitación de acceso a la justicia–, deberemos trasladarnos mil kilómetros ida y vuelta a Fique Menuco en forma semanal con los costos y tiempo que ello representa”, apuntaron. Los abogados de esa querella no dudan del acompañamiento que recibirán de “movimientos sociales, gremiales y del pueblo originario como ocurrió hasta ahora”.
Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre elos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel. Quería construir su casa allí, su ruka, criar gallinas y conejos, y tener un caballo.
Los prefectos llegan a juicio imputados por la fiscalía como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, aunque la Secretaría de Derechos Humanos buscará probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos. La gestión de Pietragalla se constituyó como querellante en 16 causas de violencia institucional “con un criterio de litigio estratégico para instar y visibilizar las consecuencias penales que implica que miembros de fuerzas de seguridad utilicen sus armas para asesinar ciudadanos y ciudadanas por fuera de la ley, y de esta forma intentar evitar la repetición de estos hechos”.
